Que Ruiz-Gallardón haya
pedido su ingreso en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid dos
días después de dimitir como ministro de Justicia y como diputado del
PP nos ha provocado esa mezcla de indignación y perplejidad ya
consustancial al yo soy español español español. Tal y como están
organizadas las cosas, Gallardón estaba en todo su derecho de solicitar
ese ingreso, pues corresponde a todo aquel que haya ejercido funciones
de presidente de la Comunidad, como es su caso. Lo que resulta
especialmente ofensivo, dada la naturaleza de esa consejería, es tal
celeridad.
Si Gallardón hubiera esperado seis meses, por ejemplo, para
pedir ese ingreso, habría hecho entonces algo de ruido, pues se
criticaría lo previsible de la solicitud y se cuestionaría esa
naturaleza del cargo a la que nos referimos. Pero habría demostrado
tener un poco de respeto por los madrileños. El respeto suficiente como
para que la satisfacción de su derecho no pareciera, además, una
provocación.
A Alberto Ruiz-Gallardón le
pagaremos alrededor de 5.500 euros netos al mes. Cotizará por 8.500
euros brutos. Es lo que cobran los miembros de un Consejo Consultivo que
cuesta a la Comunidad de Madrid 4,3 millones de euros al año, y que,
junto con el resto de los Consejos Autonómicos, cuestan al Estado (nos
cuestan a los yo soy español español español) 60 millones de euros
anuales. Además, la Comunidad de Madrid le proporcionará todo “el apoyo
personal y los medios materiales que necesite para el desarrollo de sus
funciones representativas”. Coche oficial, secretaría, esos apoyos.
Los
8.500 euros brutos se los embolsará Gallardón por ir a currar un día a
la semana. Bueno, a una reunión.
Como describe el propio
Consejo, su función consiste en opinar sobre asuntos de la
Administración autonómica, corporaciones locales, universidades y demás
entidades regionales de derecho público. Los funcionarios elaboran
informes y los consejeros opinan sobre ellos. Los miércoles. Emiten sus
opiniones a través de dictámenes que pueden o no ser publicados.
En 2013, por ejemplo, según su Memoria de Actividad,
se da cuenta de la celebración de la Jornada sobre Contratación
Pública; se resalta la dificultad que supone la evaluación de las
indemnizaciones en los daños sanitarios; se resalta la falta de
conservación y custodia de las historias clínicas en algunos centros; se
reflexiona sobre la insuficiencia del plazo legal para resolver los
expedientes sobre responsabilidad patrimonial. Hala: 8.500 euros al mes a
modo de alforjas para un viaje consistente en dar a Ignacio González,
presidente de la Comunidad de Madrid, opiniones de tal calado.
Tan agotador e
imprescindible trabajo es realizado por dos consejeros permanentes,
Joaquín Leguina y ahora Gallardón, otros seis consejeros electos y un
secretario general. Todos ellos presididos por Ignacio Astarloa,
exdiputado del PP que fue subsecretario del Ministerio de Justicia y
secretario de Estado de Seguridad con Aznar, y cuyo hermano,
casualmente, es Esteban Astarloa, abogado del despacho Uría y Menéndez,
donde también se ha desempeñado José, el hijo mayor de Gallardón.
Esteban Astarloa defendió al kamikaze que fue condenado a 13 años por un
delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás (una
persona muerta y otra herida) y posteriormente indultado por el
Gobierno siendo Gallardón ministro de Justicia. Pero todo esto son
casualidades, cosas del azar.
El caso es que, mientras
Gallardón, Leguina y los otros se lo llevan crudo de las arcas
autonómicas, en Madrid hay más de medio millón de personas
desempleadas, España es líder europea en paro juvenil
y la proporción de mujeres paradas es superior, claro, a la de los
hombres, extremo que suponemos preocupará mucho, los miércoles, a
Gallardón, dado que la protección de las mujeres es su prioridad, como
declaró y vino demostrando en los últimos meses, cuando andaba dejándose
los cuernos en su fallida reforma de la ley del aborto. En misa con la
Conferencia Episcopal y repicando en Génova. Por cierto, es curioso que
te encarguen un trabajo, lo hagas mal, conlleve un grave problema para
tu empresa y te premien de forma vitalicia con 8.500 euros brutos al
mes. La típica curiosidad. Tiene gracia también que Gallardón salga del
Gobierno de Rajoy para irse directamente a un Consejo que el propio
Rajoy tenía previsto eliminar en su proyecto de reforma de las
Administraciones Públicas porque su inutilidad es clamorosa y ha
recibido numerosas críticas. Curiosidades concatenadas.
El caso, digo, es que,
mientras los consejeros de los miércoles se levantan 5.500 euros netos
al mes, las políticas de austeridad del Gobierno que abandona (o que
abandona a) Gallardón han generado una grave precariedad en un excesivo
número de hogares españoles, han contribuido a la desigualdad y han
agudizado las situaciones de pobreza y de exclusión. Basta con que
comparemos un miércoles cualquiera en la nueva vida de Gallardón con el
día a día de cientos de miles, de millones de personas desempleadas a
las que además se recorta en sanidad, educación, servicios sociales,
productos farmacéuticos, pensiones. Ahora, cuando nos cuando planteemos
un “plan de rescate” para esos millones de personas, no podremos
olvidar, tampoco, el rescate del que goza Gallardón.
Quien aspiró, y creímos que
llegaría, a ser presidente del Gobierno ha acabado en un carísimo
cementerio de elefantes. Podría, como anunció en su despedida, haber
dejado la política, pero no lo ha hecho: el Consejo Consultivo es un
órgano político. Podría haberse ido tranquilamente a su casa a dejar
pasar los dos años de incompatibilidad a los que está obligado para
poder ejercer el Derecho o dar vueltas por las puertas giratorias.
Podría haberse reservado así un resto de respetabilidad. Pero no: el
alcalde que dejó la ciudad de Madrid endeudada para dos generaciones; el
ministro de Justicia que logró tener en su contra a todos los
estamentos judiciales y dejar judocialmente desprotegidos a los
ciudadanos; el mismo que ha insultado a todas las mujeres de este país
con un paternalismo patético y peligroso; el que no ha cumplido con
nadie, ha tardado dos días en perder el poco pudor que debía haber
conservado.
Son insaciables estos romanos. No salvan ni el honor. Y el precio de su honor es una provocación.
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