Sillas en un patio de la cárcel de
Villabona. El Corte Inglés es el gran suministrador de material a las
prisiones, donde tiene mano de obra muy barata. Foto / Mario Rojas.
Grandes empresas, como El Corte
Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se
benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las
cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras
las rejas otro de sus oscuros negocios.
Fernando Romero / Periodista⎮Atlántica XXII⎮noviembre 10, 2014
El mundo de las cárceles en España es un
tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares
dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del
sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho
económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido
en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se
suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una
entrevista en este mismo número la abogada Charo González.
El negocio de las cárceles ha sido
denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o
de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas
casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución
penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio
de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va
emergiendo la información a la superficie.
El Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones
Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y
tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos
hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la
Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por
libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos
laborales y están generando una producción por valor de millones de
euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que
además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua,
teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que
corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los
convenios con la OATPP.
El número de reclusos “trabajadores”
aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década.
En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan
de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido
en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la memoria de
Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en
todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones)
gracias a la actividad productiva de los internos de todas las
prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para
empresas privadas.
Cien empresas, quinientos clientes
Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia,
en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con
los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica,
El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España,
pero hay muchos más.
El más llamativo es el de la familia
Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este
penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo
sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex
presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la
década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex
recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía
porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de
trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba
productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en
marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo
aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.
Según fuentes que investigaron al CIRE,
la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les
conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución.
Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas
fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.
Marta Ferrusola. Los Pujol también hicieron negocio con las cárceles en Cataluña. Foto / TV3.
El Corte Inglés se enriquece con los
presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus
tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los
propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de
Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida,
sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los
lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el
material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También
Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros
por ocho horas de trabajo.
Otras muchas empresas y sectores se
nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de
fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos
de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos
de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la
bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se
hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En
Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que
fabrica la empresa Manuart.
Otro de los que saca tajada del negocio
de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a
través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el
alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de
Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español.
Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de
un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que
se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros
Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras
penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20
millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por
anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han
beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado
es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del
Pino Calvo-Sotelo.
También participan del reparto del pastel FCC, grupo
de empresas de las hermanas Koplovitz.
Otros productos que hacen los presos son
los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay
trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección
industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas
para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento,
jardinería y lavandería.
Telefónica hace también negocio a costa
de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible
porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas
de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada
tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil
si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste
de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la
semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en
España son más de 60.000, calcúlense los beneficios.
En Euskadi los presos trabajan para
Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados
trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano
de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec
(electrónica y comunicación).
Además OATPP tiene contratos con
Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de
Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También
tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions
Empresarials de Balears (CAEB).
Se calcula que más de 100 empresas y 500
clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil
de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el
BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas.
Las denuncias sobre explotación de
presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos
están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y
entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos
laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que
niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo
de 100 euros”.
Otras fuentes coinciden en que los
presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o
vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a
través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles.
Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de
excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por
desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos
prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan
entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias,
cinco días a la semana.
Muchos presos no solo realizan trabajos
domésticos en la cárcel. Del que hacen para fuera apenas obtienen
beneficios. Foto / Pablo Nosti.
El Banco Santander hace caja
Valentín Matilla González es un ex
recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado
en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios
en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’,
porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de
Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que
todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha
indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por
supuesto hay tráfico de influencias”.
Habla de El Corte Inglés, el
suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un
interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino
que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente:
aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el
demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los
reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.
También el Banco Santander se beneficia
de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus
ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias,
tienen que ser a través de este banco.
Los presos gastan e ingresan a través de
una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal
de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por
ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no
se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero
de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso
de él”.
Matilla conoció a muchos presos que
venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada
localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó
la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.
En el Centro de Integración Social (CIS)
de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos
internos. Por ejemplo, para el sector de limpiezas, en el que la
remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones
laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas
jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería
remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones
penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles.
Los presos aseguran que
no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los
empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma
jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse
el transporte.
El Ayuntamiento de Langreo fue el
primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a
través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de
formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida
laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir
ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está
con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas
acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a
realizar.
Los presos con los que contactó esta
revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino
que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los
destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director
de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de
influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que
les reciba y les de un trabajillo”.
Antiguamente había economatos que ahora
han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto
simplemente un aumento de precios de los productos que se venden.
Funcionarios a cuerpo de rey
Pero no son solo los empresarios los que
sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios
de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE,
desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados
como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por
supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.
Según Casellas los empleados del CIRE
“viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los
presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones
Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron
que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo
mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su
libro, el CIRE.
Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a
las preguntas de esta revista, aunque desde el gabinete de prensa
mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más
social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de
Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de
libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”.
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