Asociación española de agentes forestales y ambientales.
LA NORMATIVA ABRE LA PUERTA A CONSTRUIR EN LOS MONTES QUEMADOS
La nueva Ley de
Montes también va a permitir que se construya en los montes quemados
algo que no etaba permitido desde el año 2006.
María José Esteso Poves
El ladrillazo llega de nuevo a los
montes públicos. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva Ley de
Montes, cuyo texto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 9
de febrero, que introduce reformas como la posibilidad de construir en
los montes quemados o la retirada de las atribuciones que tienen
los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a
los tribunales los delitos ambientales, entre otras novedades.
“El PP ha trabajado rápido estos cuatro
años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y ahora la
ministra [Isabel García] Tejerina han sido capaces de cargarse toda una
legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por
una serie de leyes desreguladoras que eliminan ‘las trabas ambientales’:
la Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y
todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de
Patrimonio Natural. No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar”, afirma Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
“Razones imperiosas”
Aunque el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente señala que la Ley de Montes va a
“contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los
incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el
aprovechamiento económico de los montes”, en su artículo 50 se refiere
al cambio de uso del suelo forestal a urbanístico en montes quemados
en el caso de que existan “razones imperiosas de interés público”. Y
deja en manos de las comunidades autónomas la recalificación de esos
montes.
Oberhuber explica a este periódico que
“la experiencia nos indica que las administraciones ya están
justificando ese interés para hacer urbanizaciones o complejos de ocio
en zonas protegidas”. El responsable de Ecologistas en Acción se refiere
a las normativas a medida que estos años han aprobado gobiernos
autonómicos bajo la premisa del “interés general”, y en contra de las
normativas estatales de protección, que han autorizado proyectos especulativos en espacios naturales como la Ciudad del Medioambiente (Soria),
urbanización Isla Valdecañas (Cáceres), Meseta Sky (Valladolid), San
Glorio (Palencia), Puerto de Granadilla (Tenerife) o Marina Cope
(Murcia), entre otros muchos, aunque algunos se han conseguido parar en
los tribunales.
Oberhuber argumenta que no era necesaria la modificación de la Ley de Montes (2003)
porque precisamente se introdujo tres años después de su aprobación la
prohibición de construir en montes quemados para “prevenir los incendios
y protegerlos de la especulación”.
Por su parte, Miguel Ángel Hernández,
responsable de biodiversidad de la misma organización y portavoz del
grupo ecologista en Castilla-La Mancha, señala que:“Hecha la ley, hecha la trampa. Tal y como está redactado el artículo 50 se deja abierto a la interpretación de los políticos el interés público, y ya tenemos experiencia…”, se lamenta.
Para Hernández, esta reforma de la nueva Ley de Montes, en el caso de Castilla-La Mancha, “es clarísimamente un castigo contra los agentes forestales y medioambientales, porque
son los que han denunciado muchos delitos graves en grandes fincas de
terratenientes”, explica. Además, en esta comunidad autónoma el PP está a
punto de aprobar la Ley de Caza, que permite cerrar los montes al
acceso público para para llevar a cabo cacerías, cierre de caminos
públicos, matar a animales lanceados, etc.
“Todo atado y bien atado”
“Es como si el PP quisiera dejar todo atado y bien atado. Es dar la puntilla al medio ambiente. En Canarias nos va a afectar gravemente, unido a dos leyes autonómicas que se acaban de aprobar en nuestro territorio
como son el fin de la moratoria turística [la prohibición de construir
más hoteles] y la modificación del uso del suelo rústico”, explica Fran
Castro de la organización ecologista Ben Magec de Canarias, donde los
terrenos quemados de La Gomera podrían urbanizarse si la nueva Ley de
Montes prospera.
Fue en 2006, durante el mandato de
Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente (2004-2008), cuando se
incorporó la prohibición de construir en montes quemados hasta pasados
30 años, debido al gran número de incendios provocados. El escándalo de
corrupción Terra Mítica (Benidorm) es un ejemplo. De monte público, tras un incendio intencionado en 1992, a complejo de ocio, hotelero y un sin fin de urbanizaciones. Similar suerte corrió el Monte Abantos, en El Escorial (Madrid), tras ser arrasado por las llamas en 1999.
Sin policía ambiental
Pero la Ley de Montes acaba también con las competencias que desde hace años tienen los agentes forestales, que dejan de ser “agentes de la autoridad”
según el artículo 58. “Esta ley dice ahora que no tenemos que redactar
atestados y que pasamos a ser auxiliares de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se
nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado en el borrador
de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se
han introducido sin exposición pública y se nos priva del derecho a
presentar alegaciones”, explica a Diagonal Luis Díaz, presidente de la
Asociación Española de Agentes Forestales.
A esta modificación se oponen todos los
grupos ecologistas, sindicatos y los colegios profesionales de biólogos e
ingenieros forestales. “También tenemos el compromiso de todos los
grupos políticos de la oposición de anular la ley en la próxima
legislatura”, explica Díaz.
Funcionarios sin jerarquías
Sobre la calidad del trabajo de estos
agentes medioambientales, Oberhuber señala: “Son profesionales
independientes que conocen y vigilan el campo. Esta medida es un ataque a su trabajo. Molestan porque tocan a los amigos del Gobierno”.
Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo agradece en sus
informes anuales la profesionalidad de los atestados de estos agentes.
Sin el trabajo de los forestales no se hubieran destapado casos ante los que la Administración ha hecho la vista gorda, como
la construcción ilegal de un chalet en el Parque Nacional de Cabañeros
de la familia Aznar-Oriol, que además se ha construido dos campos de
polo sin autorización en otra finca de su propiedad situada en un
espacio protegido del Parque Regional del Río Guadarrama.
Los agentes forestales son los responsables de luchar contra los incendios, y cuentan
con brigadas especializadas en construcciones ilegales, envenenamiento
de especies, caza furtiva, expolio arqueológico, cierre de caminos
públicos, vallados ilegales, etc. “Nosotros nos debemos a la
naturaleza, al artículo 45 de la Constitución que dice que el
ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, dice
Díaz.
Con la nueva Ley de Montes no van a
poder denunciar delitos ambientales, algo que sólo podrá hacer el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil,
que cuenta con cinco veces menos efectivos. “No tenemos nada contra la
Guardia Civil, trabajamos de forma coordinada. Los sindicatos de Policía
y Guardia Civil se oponen también a la Ley de Montes. Pero la diferencia es que los agentes forestales y ambientales no tenemos jerarquías”,
señala Díaz. Los miembros del Seprona dependen del permiso de sus
superiores para denunciar un delito, y en muchos casos las denuncias se
paralizan antes de que salgan a la luz por una llamada de teléfono. Para
el naturalista Joaquín Araújo esta ley es una vuelta al pasado,
representa una “semimilitarización [del campo] bajo los cuerpos armados
del Estado. Es un retroceso al primer franquismo”.
Además, los agentes forestales advierten de que esta Ley de Montes es el primer paso para privatizar la seguridad en el campo
e introducir guardas jurados privados, como ya ha ocurrido en
ministerios y otros lugares públicos. Al frente de algunas de esas
empresas de seguridad privada se encuentran los hermanos Mayor Oreja
(PP), e incluso el ministro de Defensa presidió en 2011 una empresa de
seguridad privada a la que ha dado contratos públicos desde su
ministerio.
Para el portavoz de los agentes
forestales y ambientales la Ley de Montes del PP les retira sus
funciones como agentes de la autoridad porque “en los últimos años hemos denunciado delitos cometidos por poderosos, grandes empresas,como
las eléctricas o bodegas de cava, y con grandes fincas, algunas de
familiares de políticos… Lo que quieren es que nos dediquemos a
perseguir al ciudadano de a pie: al pequeño cazador que igual le va a
caducar la licencia. Que estemos detrás de ese tipo de infracciones,
pero las verdaderamente graves de ricos y terratenientes que no las
investiguemos. Es una ley hecha a medida”, concluye Díaz.
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