En los tres últimos años, el Gobierno
del PP ha sacado 35.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social para cubrir el déficit que desde 2012 tiene el sistema
cada ejercicio. Más allá de la valoración de la gestión del Gobierno, la
crisis que estamos sufriendo —con su correlato de destrucción de empleo
y devaluación salarial— agrava las dificultades de nuestro sistema
público de pensiones para equilibrar sus cuentas.
En la mayoría de los análisis sobre su sostenibilidad, los argumentos se centran en la ratio entre cotizantes y pensiones, esto es, entre trabajadores activos y jubilados.
Este es, sin duda, un dato relevante porque la intensa destrucción de
empleo que venimos sufriendo desde 2008 ha reducido los ingresos,
mientras aumentan tanto el número de pensionistas como la cuantía de la
pensión de quienes se jubilan.
Pero hay otro dato de la misma
relevancia que, sin embargo, nunca se cita cuando nos amenazan con la
quiebra del sistema: la reducción de los salarios. Porque lo relevante
no es comparar cotizantes y pensionistas, sino lo que cotizan los
activos y lo que cobran los jubilados. En España, la devaluación
salarial está generando un problema que, de no atajarlo, pronto
repercutirá muy gravemente en las cuentas públicas. Veámoslo con cifras.
Un asalariado que gane unos 2.500
euros netos al mes llega a la base máxima de cotización de la Seguridad
Social, que es de 3.606 euros. El tipo de cotización conjunto
—empresa y trabajador— es del 28,30 % para las contingencias comunes,
básicamente incapacidad temporal y, sobre todo, pensiones. Con este
nivel de salario y de cotización,la Seguridad Social ingresa 1.020 euros al mes, de forma que un solo cotizante podría pagar la pensión media, que es de 1.035 euros en doce pagas,
aunque es cierto que la de jubilación es superior a esta cifra que
incluye el resto de pensiones (por ejemplo, la de viudedad)
sensiblemente más bajas.
La precarización de las condiciones de trabajo en España está extendiendo una situación que queda incluso por debajo del salario mínimo: es el trabajo por horas, los contratos a tiempo parcial, que, en el caso de las mujeres, ya alcanza el 21 % en el sector privado
En el extremo contrario está el trabajador que cobra el salario mínimo:
tiene una base de cotización de 756,6 euros mensuales y, por lo tanto,
apenas ingresa 214 euros en la tesorería de la Seguridad Social. En este
caso, hacen falta cinco cotizantes para pagar cada pensión, lo quedemuestra la importancia capital del nivel salarial del país.
Pero la precarización de las condiciones
de trabajo en España está extendiendo una situación que queda incluso
por debajo del salario mínimo: es el trabajo por horas, los contratos a
tiempo parcial, que, en el caso de las mujeres, ya alcanza el 21 % en el
sector privado. Repitiendo el cálculo anterior, una persona que cobre
400 euros genera una cotización de apenas 130 euros al mes, por lo que
harían falta casi ocho cotizantes para pagar una sola pensión.
Deteriorar el trabajo es un error enorme para un país que forma parte del pequeño grupo de los más desarrollados del mundo. Un error a corto plazo porque genera trabajadores pobres, incapaces de vivir de forma independiente con su salario; y un error a largo plazo porque hace insostenible nuestro modelo social.
Pero los salarios bajos, además de
repercutir en el equilibrio de las cuentas del sistema público de
pensiones, ponen en cuestión la sostenibilidad del estado de bienestar,
que ya era débil en España antes de la crisis y ahora queda tocado tras
seis años de recortes. La devaluación salarial reduce las cotizaciones a
la seguridad social y también tiene efectos directos en la recaudación
fiscal, en los impuestos con los que se financia el gasto público. Los
ingresos fiscales, expresados como porcentaje del PIB, están en España 8
puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Este déficit de
ingresos, en el que influyen muchos factores, se ve agravado por la
reducción de los salarios.
Volviendo al ejemplo anterior, el
asalariado que ingresa 2.500 euros netos al mes, tributará de entrada
unos 12.000 euros por IRPF (por cierto que, si los ingresa como rentas
de capital —dividendos o intereses, por ejemplo— y no como rentas del
trabajo, pagaría varios miles de euros menos). Pero además, si destina
el total de sus ingresos a gasto, acaba pagando otros 5.500 euros
anuales por IVA y los denominados impuestos especiales sobre el consumo
de hidrocarburos, tabaco o alcohol. En total, en un año paga
17.500 euros por los impuestos que gravan la renta y el consumo. Es una
cifra, sin duda, considerable pero, con lo que tributan tan solo dos de
estos asalariados es casi suficiente para pagar el coste de un empleado
público de la sanidad, de la enseñanza o de la justicia.
Con este nivel salarial, harían falta más de 30 personas para cubrir el coste medio de un empleado público
Sin embargo, la situación cambia de forma radical con los del salario mínimo. En este caso, al estar por debajo de 12.000 euros brutos anuales, no tributa por IRPF
de modo que su contribución a las cuentas públicas es exclusivamente
por IVA y especiales: unos 1.200 euros al año. Por lo tanto, con este
nivel salarial, harían falta más de 30 personas para cubrir el coste
medio de un empleado público. Y en la escala más baja de nuestro
ejemplo, el asalariado a tiempo parcial que cobra 400 euros al mes,
aporta a las arcas públicas apenas 600 euros anuales, de forma que hacen
falta más de 50 personas para financiar el coste de una profesora o un
enfermero.
La evolución de los salarios va a ser
determinante para el futuro de nuestro modelo social. Si los salarios
tienden hacia niveles altos, podremos sostener un estado del bienestar
más o menos aceptable. Por el contrario, si la tendencia general es a
bajarlos, la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones
también será cada vez más baja.
Dicho de otra forma, el reparto primario
de la renta entre salarios y beneficios empresariales también determina
la capacidad del Estado para hacer políticas que compensen las
diferencias sociales. Por eso los que defienden la devaluación salarial
son los mismos que quieren un Estado cada vez más pequeño
.
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