El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha
retomado el proyecto de reapertura de la central nuclear de Garoña
(Burgos), que sigue cerrada desde diciembre de 2012, para reabrirla
antes de que se produzca un previsible cambio de Gobierno, según ha denunciado Equo. Todos los partidos, salvo el PP y Ciudadanos, están en contra de alargar su vida 17 años más.
El pleno del CSN abordará este miércoles
hasta siete informes relacionados con los requerimientos que este
órgano supervisor exigió en 2014 a los titulares de estas instalaciones
(Iberdrola y Endesa) para volver a engancharse a la red eléctrica y
operar.
Juantxo López de Uralde, coportavoz de
Equo y diputado por Podemos ha declarado que “es inaceptable que un
gobierno en funciones esté activando este proceso, cuando en realidad no
tiene el mandato ciudadano para hacerlo. Son mayoría los partidos que
quieren que se cierre Garoña como demostraba el compromiso que
impulsamos en el Congreso y que firmaron Compromís, PSOE, el grupo
Izquierda Plural, ERC, Coalición Canaria, PNV, Amaiur, BNG y Geroa Bai”
Garoña está parada desde hace tres años,
ya que cumplió los 40 años de funcionamiento, la vida útil para la que
estaban preparadas las centrales españolas. Pero los propietarios
quieren que el Ministerio de Industria les conceda 17 años más de
funcionamiento. Industria ha dado varios pasos para permitir esa
ampliación. Pero el CSN debe dar su visto bueno.
Entre los asuntos que se llevan al pleno
del CSN del miércoles, que previsiblemente serán aprobados gracias a
los votos del PP, que controla el consejo, están modificaciones del
sistema eléctrico de la central y del edificio de almacenamiento de
material usado, además de una revisión de las especificaciones técnicas
de funcionamiento. Para que el CSN conceda la autorización final hace
falta que previamente el pleno vaya aprobando los requisitos que le
impuso en el verano de 2014.
El temor de los grupos ecologistas es
que las aprobaciones de los requisitos sobre su funcionamiento se den de
forma condicionada, es decir, que se posponen actuaciones para más
adelante. Raquel Montón, de Greenpeace, sostiene que ya ocurrió así en
el caso de la vasija. “Nuestro temor es que se conceda finalmente una
licencia condicionada”, expone. “Luego la empresa podrá reclamar lucro
cesante si no puede reabrir”, añade.
Este proceso de reapertura tendría que
concluir con una decisión política por parte del Ministerio de
Industria, que debería conceder la autorización final. PSOE, Podemos e
IU se han mostrado claramente en contra de que esta central pueda volver
a operar. Ninguna central nuclear española lo ha hecho hasta ahora.
Ciudadanos es más ambiguo y su decisión “depende de lo que acuerde el
CSN”, según defiende el partido de Albert Rivera.
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