José María Aznar pactó una comisión del 1% con la empresa Abengoa para
tratar de convencer a Gadafi de que adjudicara a la sociedad andaluza el
contrato para cuatro desaladoras. El objetivo: 950 millones de euros.
- Francisco Correa mencionaba las desaladoras y potabilizadoras entre los proyectos donde buscaba comisiones.
- El aún diputado Gómez de la Serna también hizo negocio con ellas y Aznar intentó vendérselas a Gadafi.
- Como en el caso Acuamed, la gestión de obras hidráulicas se vuelve opaca al interponerse empresas estatales y estar impulsadas bajo el paraguas del interés general.
Las plantas para producir
agua potable a partir del agua del mar atraen grandes inversiones de
dinero público. El sistema de desaladoras del Mediterráneo ha captado
1.700 millones de euros. El propio Francisco Correa, en su confesión a eldiario.es, hablaba de estas obras civiles entre los proyectos en los que buscaba comisiones. Incluso cifraba la comisión: “ Hasta del 4% en algunas obras públicas, como depuradoras y desaladoras”.
Uno de los negocios que el
todavía diputado Pedro Gómez de la Serna trató de engrasar fue una
desaladora en Argelia. Concretamente se investigan posibles pagos
realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus
familiares en relación con dos contratos de obra denominados La Estación
Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones de euros.
El expresidente del Gobierno José María Aznar pactó una comisión del 1% con la empresa Abengoa
para tratar de convencer al entonces líder libio Muamar el Gadafi de
que adjudicara a la sociedad andaluza el contrato para cuatro
desaladoras. El objetivo: 950 millones de euros.
Añadido al volumen de fondos
que las administraciones destinan al sistema hidráulico, se ha impuesto
una dinámica de funcionamiento de filosofía público-privada: una serie
de sociedades públicas encargadas de la contratación de empresas que
construyen presas, conducciones, tuberías o plantas desaladoras.
Proyectos calificados como imprescindibles por la Administración. “Un
engranaje que ha reforzado el ‘lobby’ oscuro del agua”, cuenta el
diputado de Podemos y experto en economía del agua Pedro Arrojo. “Las
desaladoras pueden tener más elementos tecnológicos pero la mecánica es
la misma”, explica Arrojo.
En 1996 –el año en el contactaron Correa y el extesorero del PP, Luis Bárcenas– el Gobierno de José María Aznar creó el campo legal para aplicar los criterios empresariales privados
al sector público hidráulico. Así fue naciendo una red de 13 empresas
públicas encargadas de construir, ejecutar o explotar las
infraestructuras. Entre ellas, Aguas del Júcar S.A. (1998), Aguas del
Segura S.A. (1999) o Acuamed. Esta última absorbió en 2010 a las dos
anteriores. Destinada a gestionar el trasvase del Ebro, una vez caído
ese proyecto, se encargó del Plan AGUA que recibió los fondos para
desarrollar el programa de desaladoras en la España seca.
Grandes proyectos estratégicos
Las desaladoras fueron una
apuesta específica de la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero
para compensar el parón a los trasvases entre ríos. Las plantas en el
arco mediterráneo han recibido una inversión de 1.700 millones de euros.
Tanto es así que tres de ellas han sido calificadas como “grandes proyectos” financiados por fondos Feder de la Unión Europea con
más de 54 millones de euros. La tecnología para producir agua potable a
partir del agua del mar es un nicho económico potente.
Con la misma dinámica
también se crearon en ese tiempo sociedades estatales diseñadas para
lanzar y ejecutar obras específicas: Depuradora Baix-Llobegrat S.A.
(1998), Canal de Navarra S.A. (1999) y Canal Segura-Garrigues S.A.
(1999). “El problema es que, con la excusa de agilizar los trámites, a
lo largo de los años, esta estructura de empresas públicas ha provocado
que los controles sobre la contratación sean mucho más laxos”, analiza
Santiago Martín Barajas, experto en agua de Ecologistas en Acción.
El sistema se completa con
la etiqueta de “interés general” normalmente aparajeda a los proyectos
relacionados con el agua. Esa marca sirve para acelerar los plazos,
limpiar el camino de trabas burocráticas y ahorrarse pasos en los
trámites ambientales. Pedro Arrojo cuenta que “la gestión bajo régimen
privado –aunque accionarialmente sean sociedades públicas– hace que se
escapen al control y fiscalización públicos”.
Desviaciones millonarias del presupuesto
La operación contra Acuamed
se centra, básicamente, en sobrecostes de las obras. Desviaciones del
presupuesto inicial que no se justifican adecuadamente. Arrojo no duda
en calcular que en las obras hidráulicas “las desviaciones son la norma.
Ocurre sistemáticamente. Desviaciones del 100%, del 200%…”. A día de
hoy, sobrecostes ocurren constantemente y por valor millonario. No
faltan ejemplos recientes.
En septiembre de 2015, la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tuvo que sacar a concurso dos
obras de ‘parcheo’ para una presa todavía no completamente operativa: la
Loteta. Se presupuestaron 1,8 millones de euros para terminar la impermeabilización del embalse. Pero es que una año antes, en julio de 2014,
la misma CHE licitó otro 1,9 millones para empezar a solventar esas
mismas filtraciones. El proyecto nació para aportar “agua de alta
calidad” a Zaragoza porque el Ebro aporta líquido excesivamente salino.
El pasado 16 de enero, casualmente también en Zaragoza, se reiniciaron las obras de la presa de Mularroya.
El proyecto fue paralizado por la justicia por haberse saltado los
trámites medioambientales. El Gobierno ha movilizado durante meses una
batería de órdenes ejecutivas para librar al embalse de todas esas exigencias.
Se da el caso de que Mularroya se justifica para dar agua a los
regantes del Alto Jalón.
Los mismos regantes que sirvieron para
explicar, a finales de los 90, el proyecto “de interés general” de
bombear agua hacia otra presa, La Tranquera. Se gastaron unos 12
millones de euros. No se ha utilizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION