La empresa de la Generalitat Valenciana adjudicaba obras de colegios a
constructores amigos con ofertas en baja temeraria y después los
sobrecostes se disparaban hasta el 40%
Los más de 1.000 millones de euros detectados en sobrecostes en construcciones de colegios en la Comuniat Valenciana
a través de la empresa publica Ciegsa se repartían entre el PP
valenciano y las empresas constructoras, según las investigaciones
realizadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil.
Según avanza la Cadena Ser
las adjudicaciones se hacían a las empresas que presentaban las ofertas
más baratas, que incluso llegaban a ser temerarias, y que con los
sobrecostes posteriores, que rondaban entre el 20 y el 40%, se sacaban
los beneficios de las empresas y también una parte para contribuir a la
financiación ilegal del PP.
Las mismas fuentes de la
investigación señala a empresas imputadas como Construcciones Luján o
Cleop, empresarios amigos del gobierno autonómico, que recibían las
adjudicaciones sin control administrativo y fuera de la ley. Así, tras
recibir la adjudicación a la baja, se producía durante la construcción
de los centros el sobrecoste del presupuesto sin que ello significara
ninguna mejora en la obra, sino que iban a repercutir en un mayor
beneficio para la empresa, así como un pago para el PP valenciano.
El nombre de Máximo Caturla, imputado dentro de la ‘Operación Taula’,
ha vuelto a resugir como consejero delegado de Ciegsa precisamente en
el periodo de mayor “expolio” de los fondos para construir los colegios,
entre 2004 y 2007. Caturla de este modo habría recaudado el dinero que
entregaban las constructoras para dárselo a Gerardo Camps, a quien los
investigadores señalan como el que habría gestionado la caja B, todo
vigilado por Francisco Camps, quien a su vez sería el enlace con Génova.
Ciegsa habría operado durante todo este periodo al margen del control de la Conselleria de Educación, afirmando la investigación que “decidía el adjudicatario” y “abusaba del procedimiento negociado sin publicidad” en las contrataciones. Esta “ausencia de control” habría permitido pagar unos precios fuera de mercado, así el interventor explica que “el precio por metro cuadrado de dos institutos construidos en la misma época, en la misma localidad y con superficies construidas semejantes, era de 670,45 euros si era ejecutado por la Conselleria, y de 912,31euros si su construcción era encomendada a Ciegsa”.
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