LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN, “ley mordaza“.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley. “En julio entraron en vigor una reforma del Código Penal y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ambos textos tipificaban delitos que podían limitar de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. Dota a los agentes de policía de amplias competencias para multar a personas que les mostraran “faltas de respeto”. También tipificaba como delito la difusión de imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.




TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS:
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y recomendó que “España modificara la definición de la tortura en su legislación y que investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos”.


Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación, como indica el Informe de Amnistía Internacional. “Numerosas causas se archivaron sin dar Lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme”. Al concluir el año “no había comenzado el juicio penal contra dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por causar lesiones graves a Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 debido al impacto de un proyectil de goma disparado por la policía durante una protesta en Barcelona”. En septiembre, el gobierno catalán accedió a pagar una indemnización de 260.000 euros a Ester Quintana en un acuerdo extrajudicial.


En Hego Euskal Herria se encuentra la muerte del aficionado del Athletic Iñigo Cabacas, a causa de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza, y sigue ocultándose quién fue.



DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
El 3 de febrero, seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta. En años anteriores, especialmente en Melilla, se habían denunciado con frecuencia casos similares de expulsiones colectivas. En marzo se modificó la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. La nueva disposición allanaba el camino para nuevas expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional.  No obstante, el número de personas que intentaban cruzar las vallas que separan Melilla de Marruecos disminuyó a partir de febrero, cuando las autoridades marroquíes desmantelaron varios campamentos improvisados en el norte del país.


En mayo, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por la práctica de las “devoluciones en caliente” desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que el rechazo en frontera impedía el acceso a los procedimientos de asilo. “En julio, el Comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución (non-refoulement) y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo”. En octubre, en el marco del régimen europeo de reubicación, Estado español aceptó reubicar a 14.931 solicitantes de asilo antes del final de 2016; en 2015 sólo ofreció 130 plazas de reasentamiento.


SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS
La reforma en octubre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no eliminaba el uso de la detención en régimen de incomunicación, pese a que varios organismos internacionales de derechos
humanos habían señalado con preocupación que este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales del Estado español. En julio, el Comité de Derechos Humanos recomendó una vez más al Estado español que ofreciera un remedio efectivo a Ali Aarrass por las torturas y malos tratos que había sufrido en Marruecos. “España lo había extraditado allí en 2010, pese a que se temía que pudiera sufrir tortura y a que el Comité había solicitado cautelarmente que no se llevara a cabo la expulsión mientras examinaba el caso”.



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 56 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta mediados de diciembre. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al Estado español a “garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran acceso a reparación y protección, que los funcionarios que las atendían contaran con la formación adecuada y que se enjuiciara a los responsables”.


IMPUNIDAD
Las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española seguían sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos. Se archivaron varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción  universal. En particular, en julio, la Audiencia Nacional decidió suspender su investigación sobre torturas y otros malos tratos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), pese a que en mayo se habían presentado documentos que implicaban a agentes españoles en el interrogatorio de detenidos en el centro. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso.



También en julio, un tribunal militar archivó la investigación de las torturas infligidas por cinco militares españoles a dos detenidos en una base militar española en Irak en 2004, debido a que no había podido identificar a las víctimas ni a los responsables. La exhaustiva dar de la investigación llevada a cabo por el tribunal era objeto de dudas. Se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas decrímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975), ya que las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada a los jueces argentinos que investigaban estos crímenes.


En marzo, el gobierno rechazó una solicitud presentada por la justicia argentina, que pedía la extradición de 17 personas. Posteriormente, un grupo de expertos de la ONU instó a España a cumplir su obligación de extraditar o juzgar a las personas responsables de Informe 2015/16 Amnistía Internacional 181 violaciones graves de los derechos humanos.



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En septiembre se aprobó legislación que obligaba a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre, madre o tutor para acceder a servicios de aborto seguros y legales. Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica instaron “a España a no restringir el acceso de mujeres y niñas a estos servicios. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recomendó a España que se asegurara de que ninguna barrera legal obligaba a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que ponía en peligro su vida y su salud”.



DERECHO A LA VIVIENDA
Según estadísticas publicadas en marzo por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se habían iniciado en España 578.546 procedimientos de ejecución hipotecaria; durante los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron otros 52.350. “Las medidas que había adoptado el gobierno en años anteriores para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su hogar no proporcionaban un recurso efectivo a aquéllas cuyo derecho a la vivienda podía haberse vulnerado”. Por lo que en junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al Estado español que garantizara el acceso a recursos judiciales de las personas que se enfrentaban a procedimientos de ejecución hipotecaria.



ESTADO FRANCÉS:
Amnistía Internacional recuerda como en enero y noviembre “se perpetraron varios ataques contra la población en la capital francesa, París, y sus inmediaciones, que se saldaron con más de 140 personas muertas y cientos de heridos”. En enero, el gobierno adoptó nuevas medidas contra el terrorismo. El 14 de noviembre declaró formalmente el estado de excepción y, posteriormente, el Parlamento lo prolongó hasta febrero de 2016.



DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES:
“En torno a 5.000 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo continuaban viviendo en duras condiciones en un asentamiento informal de la ciudad de Calais, en el norte del país”.



DISCRIMINACIÓN:
“Según varias ONG, casi 4.000 personas romaníes que vivían en 37 asentamientos informales fueron desalojadas a la fuerza en la primera mitad del año. Migrantes y solicitantes de asilo también sufrieron desalojos forzosos de asentamientos informales a lo largo de todo 2015: en junio y julio, cientos fueron desalojados en repetidas ocasiones de varios lugares de París. En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó al gobierno francés las causas de tres personas transgénero a las que se había negado el reconocimiento legal de su condición de mujeres por negarse a cumplir los requisitos médicos”.



RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS
“En noviembre, el Senado rechazó un proyecto 202 Informe 2015/16 Amnistía Internacional de ley dirigido a establecer un marco normativo que garantizase el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales y sus filiales, subcontratas y proveedores. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto de ley en marzo”, se lamenta la organización internacional. Estados Unidos



El informe de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos confirma que el Gobierno de  Barack Obama “no rindió cuentas ni reparación por los crímenes de derecho internacional cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”. Decenas de detenidos permanecían bajo custodia militar indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, mientras proseguían los procedimientos judiciales militares en un reducido número de casos. “Persistía la preocupación por el uso del aislamiento en prisiones federales y estatales y se seguía recurriendo al uso de la fuerza en las actuaciones policiales” y además veintisiete hombres y una mujer fueron ejecutados durante el año en aplicación de la pena capital.



ESTADOS UNIDOS
Del país que preside Barack Obama, Amnistía Internacional explica en resumen que “No hubo rendición de cuentas ni reparación por los crímenes de derecho internacional cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la Agencia  Central de Inteligencia (CIA).
Decenas de detenidos permanecían bajo custodia militar indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, mientras proseguían los procedimientos judiciales militares en un reducido número de casos.


Persistía la preocupación por el uso del aislamiento en prisiones federales y estatales y se seguía recurriendo al uso de la fuerza en las actuaciones policiales”. Y lamenta, por último, que hubo veintisiete hombres y una mujer fueron ejecutados durante el año en aplicación de la pena capital.


http://elperiodistacanalla.net/2016/02/25/se-apagan-los-colores-de-la-libertad/