Edward Snowden: “El Gobierno español espía de manera masiva a los ciudadanos, igual que EE UU”

Edward Snowden es un refugiado político. El exanalista de la NSA se enfrenta a cargos de espionaje y traición por haber filtrado un millón y medio de documentos clasificados que demuestran que EE UU espía de manera masiva y no regulada a todos los usuarios de Internet. Si no estuviera en Rusia, gracias a un permiso de asilo que ya ha renovado dos veces, Snowden estaría en la cárcel.


El australiano Julian Assange lleva casi cuatro años refugiado en la embajada de Ecuador para no enfrentarse a una investigación criminal del gobierno de los EE UU. Su delito es haber facilitado una herramienta para denunciantes llamada Wikileaks. Chelsea Manning cumple una sentencia de 35 años porque usó Wikileaks para denunciar que el Ejército estadounidense cometió crímenes de guerra en Irak. Jeremy Hammond está condenado a diez años de cárcel porque filtró cinco millones de correos de la agencia privada de inteligencia y espionaje Stratfor, en los que se desvelaron todo tipo de abusos. Snowden habla en esta entrevista sobre seguridad y vigilancia.


¿Espía la NSA a ciudadanos españoles?


Por supuesto que la NSA registra las comunicaciones de los ciudadanos españoles de la misma manera indiscriminada que las del resto del mundo. Esto no es polémico y, si alguien trata de negarlo, la prensa tiene la obligación de presionar. En el mejor de los casos, está desinformado. En el peor, están tratando de engañar al público por motivos políticos.


¿Cómo decirlo? Yo estaba allí. He trabajado personalmente con las herramientas de vigilancia masiva y he tenido que cribar comunicaciones que venían de todas partes del mundo, incluyendo España. Desafortunadamente, ninguna de las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno de Estados Unidos desde 2013 ha tenido en cuenta que, con la ley vigente, el Gobierno puede monitorizar las actividades privadas de todo el mundo de manera indiscriminada, también a los ciudadanos estadounidenses.


¿Investigan a cualquier ciudadano sin una orden judicial?


Bajo este paradigma, llamado “recolección a granel” por el Gobierno y vigilancia masiva por el resto del mundo, no se necesita una orden judicial individual para interceptar y archivar secretamente tus actividades. Técnicamente, esto no es difícil de hacer, gracias a la confianza de los ciudadanos en una serie de operadoras de telecomunicaciones que gestionan el grueso de sus comunicaciones, resultando en lo que tenemos hoy: un mundo en el que, a través de los metadatos, los gobiernos tienen tanta información sobre ti como sobre los terroristas más duros. Por si acaso.


¿Por qué son tan peligrosos los metadatos y qué clase de información contienen?


El registro de esos metadatos sin una orden judicial revela cada frontera que cruzas, cada cosa que compras, cada llamada, cada torre celular que te cruzas, cada amigo que haces, cada página que visitas y cada correo que envías. Todo esto forma parte de un sistema cuyo alcance es ilimitado y que circula sin frenos.


¿Cuál ha sido el papel del Gobierno español y de su servicio de espionaje, el CNI? ¿Ha colaborado más o menos que otros gobiernos europeos?


Si quieres saber cuál es el papel del Gobierno español, deberías plantearle la pregunta al Gobierno español. Pregúntale si alguna vez han guardado registro de cualquier tipo de metadatos sin una orden judicial. Pregúntale si alguna vez ha compartido esa información con otros países. La respuesta a ambas preguntas es “sí”, pero deberían decirlo ellos. El Gobierno español espía de forma masiva al igual que hace EE UU.


¿Sirve este espionaje masivo para prevenir el terrorismo?


No. Si la Administración dice que esas actividades se han hecho para prevenir el terrorismo, tiene sentido recordarles que la Casa Blanca contrató dos auditorías en respuesta al escándalo del NSA en 2013 y les dio acceso total a la información. Después de examinar la historia de la vigilancia masiva en EEUU, y el registro de las actividades de todo el mundo durante 10 años, no pudieron encontrar “ni un solo aspecto” en que haya prevenido un ataque terrorista.


“No hemos identificado un solo momento relacionado con amenazas en los EEUU en el que el programa de registro de llamadas telefónicas haya cambiado el resultado de una investigación de contraterrorismo -dice el informe al que tuvo acceso el Washington Post. Más aún, no hemos encontrado ningún momento en el que el programa haya contribuido de manera directa al descubrimiento de un complot terrorista o a la interrupción de un ataque terrorista”.


No hay duda de que algunas investigaciones electrónicas, aprobadas individualmente por un juez e interceptando las comunicaciones concretas de sospechosos criminales, pueden ser efectivas y necesarias. Pero no deberíamos olvidar las lecciones de la historia: la vigilancia no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el poder.


¿También estaba siendo espiado el Gobierno español, igual que lo estaban Angela Merkel o Nicolas Sarkozy?


A mí no me interesa particularmente que Merkel, Hollande o Sarkozy hayan sido grabados. Esté bien o mal, son lo que tradicionalmente hemos considerado objetivos válidos de un servicio de inteligencia extranjero. Puede ser ilegal, pero para eso les pagan. Estoy mucho más preocupado por la naturaleza indiscriminada de la vigilancia que nos afecta a todos nosotros independientemente de nuestra posición: la recolección indiscriminada, intercepción previa y lectura de este material, porque cambian el equilibrio de poder entre ciudadano y Estado.


Cuando creas el precedente de que la vida y los registros de cualquiera pueden ser interceptados y almacenados, independientemente de si están o no están haciendo nada malo, lo que estás permitiendo son fichas policiales de personas inocentes que se almacenan solo por si acaso. Y ya hemos visto en el pasado, en circunstancias extraordinarias como la Segunda Guerra Mundial, qué puede pasar después con ese tipo de registros masivos: fueron utilizados para políticas de exterminio. Hoy estamos haciendo esto a una escala que habría sido inimaginable entonces.


¿Debería estar prohibido este espionaje masivo incluso si se demuestra eficaz?


El año pasado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, publicó una tribuna en el New York Times junto con otros fiscales europeos y el jefe de la policía de la City londinense pidiendo puertas traseras para los teléfonos móviles y otras tecnologías. ¿Por qué es una mala idea que los jueces puedan acceder a estos datos?


Lo que quiere este fiscal y otros es conseguir una puerta trasera que nadie más que la justicia pueda utilizar. Sin embargo, cualquier experto en tecnología te dice que esto es imposible: cuando creas una puerta de atrás, estás creando una vulnerabilidad que debilita la seguridad de todo el sistema. Es un agujero que no solo servirá a tu propio Gobierno o un juzgado que llega una investigación legítima, sino también a grupos criminales, hackers o espías extranjeros.


En España hemos tenido varias reformas en la ley de Enjuiciamiento Criminal y de Terrorismo y en la ley de Seguridad Ciudadana que comprometen la libertad de expresión y otros derechos civiles. ¿Es una tendencia en todo el mundo? ¿Van a endurecerse este tipo de leyes aún más?


Esta es una de esas cuestiones de filosofía política que no me siento capacitado para responder porque no soy un político, soy un ingeniero. Lo que sí puedo decir es que, como demuestra la historia, la evolución natural del Gobierno es a expandirse. La evolución natural de la autoridad es buscar más autoridad, y que lo habitual es que esta tendencia solo cambie cuando hay un escándalo.


 En este contexto me preocupa especialmente el creciente apetito del Gobierno en democracias liberales occidentales, sociedades libres, por coartar, por contener y por amordazar la libertad de expresión. Especialmente en Europa, y muy especialmente en España, donde ocurren cosas como que unos titiriteros hayan sido encarcelados por decir algo que claramente está enmarcado dentro del contexto de una parodia. Y el Gobierno dice: ‘esto es lo que dice la ley’. Y la ley es absoluta.


Es preocupante que haya una policía de Twitter en España que dice: “Este tuit es inapropiado o hiere los sentimientos de las víctimas del terrorismo, o este tuit apoya a un grupo terrorista”. Esto no significa que, como sociedad, no debamos condenar a aquellos que tratan de humillar a los que han sufrido una pérdida, eso sería repugnante. Pero durante mucho tiempo hemos estado de acuerdo en que ser mala persona no es ilegal.


Esto nos lleva al corazón del asunto del terrorismo, la palabra mágica que desbloquea las más increíbles capacidades del Gobierno con la mínima supervisión. España tiene un historial de terrorismo que es anterior al 11S, anterior a Al Qaeda. Pero ¿por qué tiene esto que cambiar la naturaleza de nuestra sociedad? Hemos reordenado nuestra sociedad, hemos reordenado nuestras libertades a la medida de las fuerzas de seguridad, para detrimento de la sociedad.


Ni siquiera los grupos terroristas más agresivos del mundo, gente como ISIS que quema personas vivas, suponen una amenaza existencial para nuestras sociedades; no tienen esa capacidad de operación. Esto no quiere decir que el terrorismo no sea un crimen que debemos tomar muy en serio.


No digo que no debamos luchar contra el terrorismo, ni que no debamos estar vigilantes y tratar de mitigar la amenaza tanto como se pueda. Pero sin sacrificar la naturaleza de nuestras sociedades como respuesta a lo que no deja de ser un crimen aislado y esporádico.


Si no lo hacemos, ¿qué es lo que nos jugamos? Lo que perdemos es una porción de nuestros valores que ningún grupo terrorista, por poderoso que fuese, podría habernos arrebatado. Dejar de ser una sociedad libre por miedo al terrorismo es la única manera que tienen los terroristas de ganar.


http://elventano.es/2016/03/edward-snowden-la-vigilancia-no-tiene-que-ver-con-la-seguridad-tiene-que-ver-con-el-poder.html