Una trama corrupta ha infectado durante los últimos años a todos los
estamentos de la Policía Local de la capital balear y actualmente hay
doce agentes en prisión, medio centenar de policías y funcionarios
salpicados y un juez que mantiene el secreto de sumario para proteger a
testigos "aterrorizados".
Reunión del alcalde Jose Hila con la junta de mandos de la Policía Local en julio de 2015. - Foto EP
Nadie podía imaginar en 2013, cuando se desató la 'operación Sancus' -dios
romano de la lealtad, la honestidad y el juramento- la cantidad de
porquería que corría por las cloacas de la Policía Local de Palma de
Mallorca. O quizás sí, porque era un secreto pestilente.
A raíz de
aquella operación se destapó una verdadera trama corrupta dentro del
cuerpo, que operaba al más puro estilo 'Chicago años veinte'. Agresiones
a los detenidos, oposiciones amañadas, coacciones a empresarios de la
noche y hasta relaciones con la banda motera criminal de los Ángeles del Infierno. Por supuesto, la cocaína y la prostitución eran moneda de cambio habitual para algunos de los agentes implicados.
Actualmente hay doce policías locales entre rejas como presuntos miembros de la trama de corrupción
Todo comenzó con el amaño de oposiciones, pero en 2015 la investigación dio un giro y puso el foco en la Patrulla Verde,
encargada de controlar los locales nocturnos. Desde entonces, se han
ido descubriendo nuevas ramificaciones de la trama y esta misma semana
se producía la destitución del tercer jefe del cuerpo en seis meses. Los
policías que formaban parte del grupo corrupto llegaban a exigir el
pago semanal de hasta 500 euros para dejar tranquilos a los empresarios
de la noche mallorquina. Además, también demandaban sexo gratuito con prostitutas y barra libre de alcohol
en diversos clubes de alterne a cambio de prevenirles de futuras
inspecciones y redadas. Pero las prácticas corruptas no se limitaban a
policías rasos que hacían y deshacían a su antojo, sino que también
están imputados dos mandos, tres funcionarios y dos ex concejales de
Seguridad del Consistorio.
Por eso, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, mantiene el secreto de sumario
y continúa con las investigaciones para averiguar si hay más cargos
públicos implicados. La última ronda de detenciones e interrogatorios se
producía este viernes, con varios policías acusados de un delito contra la salud pública. Los investigadores sostienen que cuando se efectuaban registros en locales donde se consumía droga,
los funcionarios corruptos se apropiaban de las sustancias que los
clientes arrojaban al suelo ante su presencia -sin levantar ningún tipo
de acta- y las destinaban a consumo propio y a su posterior venta.
Actualmente hay doce policías locales entre rejas y una treintena
continúan como investigados.
Testigos aterrorizados
Desde el comienzo de la 'operación Sancus' se ha producido todo un reguero de arrestos
e interrogatorios, con fuertes presiones a testigos y agentes honrados,
para evitar que tiren de la manta. El clima dentro del propio cuartel
de San Fernando -sede del cuerpo- ha llegado a ser tan intimidatorio,
que los propios compañeros implicados proferían amenazas
y advertían al resto de funcionarios de las consecuencias que podría
tener hablar ante el juez sobre las prácticas de la trama. Durante los ejercicios de tiro
que realizan los agentes se llegaban incluso a escuchar los nombres de
policías dispuestos a colaborar con la investigación, seguidos de la
palabra "muerto".
Un policía "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida"
El juez asegura que algunos datos de la
investigación son "escalofriantes" y que "muchos testigos no es que
tengan miedo", sino que "están aterrorizados". Un policía "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida", señala en un auto de diciembre al que ha tenido acceso Europa Press. El
magistrado resalta "el uso frecuente de la coacción, la amenaza y la
intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos
ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos
incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales". La presión
es tal que la Dirección General de la Guardia Civil ha permitido portar
armas al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, aunque inicialmente la Delegación del Gobierno lo había rechazado.
Pero las presuntas coacciones no se restringen al cuartel, sino que llegan hasta la propia cárcel,
desde donde varios de los agentes implicados han denunciado estar
recibiendo presiones para no colaborar con el juez. En uno de los
últimos autos el magistrado asegura que un agente en prisión preventiva
le relató cómo uno de sus compañeros también encarcelado dijo: "Tengo 180.000 euros y los voy a usar para hundir al juez y al fiscal". Dos
de los policías que permanecen entre rejas han tenido que ser
trasladados a otros centros penitenciarios de la península (Castellón y
Madrid) y no se descarta desplazar a alguno más por los episodios de
amenazas que sufren dentro de la prisión. Precisamente, este mismo
viernes, dos agentes de las Unidades de Intervención Inmediata (UII)
fueron detenidos, acusados de extorsión.
El último jefe, fulminado
Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, MÉS y Podemos,
se afana desde hace meses en reestructurar el cuerpo de arriba a abajo
para sanearlo. Pero los actuales cargos políticos al frente de la
seguridad de Palma de Mallorca no se libran de las presiones. La
regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor,
recibió en su propio despacho una carta de carácter amenazador y en la
moto del director general de Seguridad Ciudadana apareció pintada una
diana y la frase "te esperamos" frente a su domicilio. Sin
embargo, Pastor mandaba el jueves de la semana pasada un mensaje de
"tranquilidad" y defendía que la Policía Local sigue "trabajando y
avanzando" en sus tareas a pesar de los intentos de presión. "Las
amenazas no nos pararan en nuestro deber", decía, al tiempo que defendía
al Cuerpo. "Queremos que los presuntos implicados paguen y trabajar
para dignificar al resto", sentenciaba.
Antoni Morey, comisario jefe de la Policía Local -también imputado-, era fulminado por el alcalde después de poner en duda la actuación del juez y de la Fiscalía
A los pocos días de estas palabras, Antoni Morey,
comisario jefe de la Policía Local -también imputado en el sumario por
encubrimiento-, era fulminado por el alcalde después de publicar un par
de cartas en su cuenta personal de Facebook en las que ponía en duda la actuación del juez y de la Fiscalía. Denunciaba un "ataque organizado"
contra la Policía Local y defendía a sus compañeros encarcelados.
"Alguno de los que están prisioneros no han cometido nunca ningún
delito", indicaba.
También escribía que se la traía "realmente floja"
las consideraciones que pudiera hacer el juzgado que instruye el asunto
sobre sus palabras. Además, en la segunda misiva publicada en la red
social dirigía unas palabras a los agentes arrestados: "Perdonad mi
ineficacia en defender vuestros derechos, disculpad que no os haya
podido dar ánimos en vuestra circunstancia infinitamente peor que la
mía, perdonad que solo piense en un día en que nos reencontraremos,
culpables o no pero libres". Trataba de justificar también la corrupción
del cuerpo, alegando que todo es una cuestión de números:
"En toda organización, en todo gremio, existen personas que anteponen
sus intereses a los del colectivo.
Si son cuatro, nueve o veinte en el
peor de los casos, no superan el 2% y me parece una cifra asumible".
http://vozpopuli.com/actualidad/76813-la-policia-local-de-palma-doce-agentes-entre-rejas-por-una-orgia-de-corrupcion
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