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Cada vez con más frecuencia se destapan fraudes millonarios, pero pocas veces escuchamos que se devuelva el dinero robado.
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Exponemos siete hechos que indignan al ciudadano honrado y que
explican por qué demasiados corruptos acaban saliéndose con la suya.
"Robar puede compensar". Esta expresión no procede de un
delincuente. Tampoco de un ciudadano harto de la corrupción que se
desahoga en la barra de un bar. La pronunció un juez, una persona que se
conoce al dedillo la legislación. Es más, se trata de un magistrado que ha investigado uno de los casos de corrupción más graves en la historia de España.
Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, vasta
trama de corrupción urbanística en Marbella que causó la sustitución del
gobierno municipal por una gestora, sabía muy bien de lo que hablaba. A
un delincuente puede que le compense pasar un par de años en la cárcel... si cuando sale de ella puede disponer de todo su patrimonio.
¿Por qué? ¿Por qué los corruptos no devuelven el dinero aunque la ley
les obligue? A principios de año, la Comisión de Justicia del Congreso
aprobó la reforma del Código penal que deniega la libertad a aquellos
condenados por corrupción que no han devuelto lo robado.
Si se confirma que Bárcenas es culpable, ¿veremos algo de los 48'2 millones que acumuló en Suiza?
¿Y de los cientos de millones defraudados en los ERE, Gürtel, cursos de
formación, etc? Pocos creen que así suceda. De los 30 millones de euros
que supuestamente se llevó Roldán, la
Justicia sólo recuperó 1,6. Con estos precedentes, ¿cómo confiar en el
futuro? ¿Cuáles son las razones reales de esta desesperanza, que abre
las venas de la gente honrada?
1. La magnitud de los delitos supera los medios para investigarlos y castigarlos.
Parece una obviedad, pero hay que recordarlo: no todos los casos de corrupción son iguales. Los más conocidos lo son también por su gravedad, complejidad y cuantía.
Basta decir que los 330 agentes de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) están sobrepasados por la acumulación de
causas como Gürtel, ERES, Pujol, Nóos… hablamos de casos gigantescos
para un trabajo muy complejo que exige interminables horas de dedicación
de mucha gente especializada.
2. Calcular el dinero robado puede resultar relativamente fácil, encontrarlo no.
No todo el dinero robado va a parar a un mismo lugar, ni se ha
sustraído del mismo modo ni ha pasado por las mismas manos. Una cosa es
estimar las cantidades y otra saber cuál ha sido el recorrido y el destino final
de cada una de ellas. El dinero puede transformarse en depósitos,
coches, inmuebles, joyas… no siempre acompañados de sus correspondientes
registros documentales. Un reloj de oro o un piso puede haber sido
comprado de manera ilícita, pero hay que demostrarlo.
3. Los malos serán muy malos... pero hacen su trabajo muy bien.
Es una contradicción tan real como la vida misma. Los delincuentes roban y saben cómo esconder el dinero
y cómo, si las autoridades lo localizan, dificultar al máximo su
recuperación. Los paraísos fiscales ocultan fortunas ilícitas a través
de sociedades, empresas pantalla, testaferros y otros instrumentos que
complican al máximo establecer la relación entre el dinero y su dueño
verdadero. Si criminales con delitos de sangre a sus espaldas, como
narcos o traficantes de armas, consiguen conservar su fortuna, ¿cómo no
lo van a lograr los 'ladrones de guante blanco'? Basta conocer muy bien
la ley para hacer la trampa. Y, desde luego, los delincuentes no
escatiman en abogados.
4. La legalidad se ensucia de burocracia
Al sistema democrático que nos hemos dotado le gusta que las personas
sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aunque no falten
pruebas, incluso clamorosas, que acrediten los delitos de corrupción, el
sistema se ha dotado de recursos para garantizar derechos fundamentales
de cualquier procesado. Los abogados de los corruptos conocen todas
estas garantías inherentes a cualquier sistema democrático y saben
embadurnarlas de burocracia en provecho propio. Los derechos
fundamentales protegen a la gente honrada, sí… pero también a los
malvados.
5. La ley es dura, pero sobre todo es lenta (y más en España)
"Dura lex, sed lex" reza el aforismo latino. En el caso de España, debería decir: "La ley es dura, pero sobre todo es lenta".
Si a las razones arriba mencionadas -magnitud, burocracia, falta de
personal- añadimos la lentitud de los procesos nacionales e
internacionales, entendemos por qué a los corruptos inmersos en un
proceso judicial les resulta fácil salirse con la suya. Recordemos que
la mayoría de los delitos tienen un tiempo de prescripción. Si no se
juzgan en ese tiempo, simplemente acaban quedando impunes. El tiempo
suele jugar a favor del delincuente y en detrimento de las víctimas.
(Te interesa leer: Por qué la justicia española es tan lenta, sobre todo con la corrupción)
6. Hay países que viven de la corrupción
¿Adónde va a parar el dinero de las drogas, el tráfico de armas, los
secuestros, la extorsión? En muchas ocasiones, naturalmente, a un banco.
¿Bajo qué legislación opera ese banco? Naturalmente, bajo la
legislación de un Estado que le permite guardar dinero manchado de sangre.
¿Y cómo es posible que un Estado garantice la custodia de un dinero
ilegal? Porque los Estados son soberanos. Sabemos que hay naciones cuya
administración es tan corrupta como sus gobernantes. Es natural que los
corruptos busquen el amparo de estados con sistemas legales corruptos en
mayor o menor medida.
7. Hay unas legislaciones más eficaces que otras
Basta un ejemplo para explicarlo. El 11 de diciembre de 2008 el
banquero Bernard Madoff fue detenido por el FBI acusado de fraude de
50.000 millones de dólares. El 30 de junio de 2009 (o sea, 7 meses y 19
días después), Madoff ingresó en prisión tras haber sido juzgado y
condenado a 150 años de cárcel. Muy probablemente, morirá entre rejas.
¿Se imaginan algo así en España?
Siendo innecesaria la respuesta, parece adecuado recordar que no todas
las legislaciones están igual de preparadas para combatir la corrupción.
Volviendo al principio de este artículo: el caso Malaya comenzó en
noviembre 2005. La instrucción finalizó en julio de 2012. La sentencia
llegó dos años después.
Siete meses en EEUU frente nueve años en España.
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