Lasa y Zabala, dos presuntos miembros de ETA, fueron secuestrados,
torturados y asesinados en 1983 por guardias civiles dirigidos por el
comandante Galindo. Galindo fue condenado a 75 años por sus crímenes;
sólo pasó cuatro años en prisión.
A día de hoy, Pili Zabala no
tiene la condición oficial de víctima del terrorismo, porque la ley de
ayuda a las víctimas aprobada por el Congreso sólo la asigna a las
víctimas de ETA.
Josi Zabala reúne dos
características: miembro de ETA –aunque se debería decir presunto porque
nunca fue juzgado– y víctima del terrorismo. Junto a su amigo, José
Antonio Lasa, fue secuestrado en Francia en octubre de 1983 por un comando de los GAL. Acabaron en el Palacio de La Cumbre,
en San Sebastián, cuya propiedad correspondía al Ministerio de
Interior. Allí fueron interrogados y torturados por guardias civiles
del cuartel de Intxaurrondo.
El asesinato de Lasa y
Zabala es uno de los episodios negros de la lucha antiterrorista en los
años 80. No puede considerarse como un factor exterior a la actividad
del Estado. Los responsables de las torturas, asesinato y desaparición
de los dos jóvenes eran guardias civiles, condecorados y protegidos por
el Ministerio de Interior, a los que se consideraba la primera línea en
la lucha contra el terrorismo. Y al frente de ellos, el comandante
Enrique Rodríguez Galindo, que en 1995 pasó a ser general.
La candidatura de Pili
Zabala –hermana de Joxi Zabala– en Elkarrekin Podemos ha recuperado esa
historia, que en el debate de los principales candidatos el jueves en
ETB2 tuvo un momento extraordinario, al dejar casi sin palabras a
Alfonso Alonso, líder del PP vasco. Alonso no quiso definir como
terrorismo el asesinato de Lasa y Zabala. Este viernes ha rectificado en
un tuit, en el que también ha prometido ayudar a la candidata de
Podemos: “Ayer me impresionó tu dolor, que comparto”.
Lasa y Zabala huyeron a
Francia en 1981. Según la sentencia sobre el crimen que sufrieron,
formaban parte de un comando de ETA que realizó un atraco frustrado, lo
que condujo a la huida de sus integrantes. Si eran miembros de ETA, no
eran muy importantes. Dos años después, desaparecieron sin dejar rastro.
Fueron conducidos al
palacio, en pleno centro de San Sebastián, donde el comandante Galindo
ordenó su interrogatorio para conseguir pistas sobre el paradero de
otros etarras más importantes.
Desde arriba, se había dado la orden de
conseguir resultados inmediatos como fuera. Ni siquiera secuestrar sin
ningún mandato judicial a etarras en territorio francés estaba
descartado tras el secuestro y asesinato por ETA del capitán Alberto
Martín Barrios, ocurrido el 5 de octubre de 1983.
Un grupo de policías fracasó
en su intento se capturar en Francia al etarra José María Larretxea el
18 de octubre. Dos días antes, los guardias civiles habían raptado a
Lasa y Zabala.
Los interrogatorios fueron
tan salvajes que los dos jóvenes quedaron en un estado físico
lamentable.
El comandante Galindo no iba a devolverlos a Francia para
que contaran luego lo ocurrido. Quizá desde el principio tenían previsto
eliminarlos. Fueron conducidos a Alicante donde fueron asesinados a
sangre fría de varios tiros en la cabeza y enterrados en una fosa. Los
cubrieron con cal viva.
Los restos fueron hallados en 1985, pero no fueron identificados hasta diez años más tarde.
Galindo, un exgobernador
civil de Gipuzkoa, el socialista Julen Elgorriaga, y otros mandos de la
Guardia Civil fueron condenados en abril de 2000 por estos asesinatos.
El exjefe del cuartel de Intxaurrondo recibió una condena de 71 años de
prisión, elevada a 75 por el Tribunal Supremo.
Uno de los casos más graves
de terrorismo de Estado en la democracia española no supuso en la
práctica un castigo muy severo para su responsable. Galindo sólo cumplió
cuatro años y cinco meses entre rejas al ser excarcelado en 2004 por
“razones de salud”. Pasó a cumplir la pena en su domicilio y en 2013
obtuvo la libertad condicional.
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