Las autopistas ahora “nacionalizadas” por 5.500 millones de euros
privatizarán su gestión dentro de cinco años; y a quien gane el concurso
de gestión se le ofrecerá una opción de compra por menos de 2.000
millones de euros.
Esto no es ningún proyecto en firme: es un ejercicio
de cálculo que hago aplicando a lo que ahora ocurre el modelo navarro de
gestión que se llevó a cabo con el circuito de Los Arcos.
El Gobierno central ha anunciado que asume el rescate de 9 autopistas de
peaje, construidas por iniciativa privada, en una operación “de
rescate” que ascenderá a unos 5.500 millones de euros. Ése es el precio
que calculó en 2015 la patronal de las grandes constructoras, Seopán.
¿Qué pensarían los medios de comunicación españoles y la ciudadanía en
general si en 2023 se anunciase su venta por menos de 2.000 millones
tras ser convenientemente saneadas gracias al erario público? Algo
similar es lo que ocurrió en Nafarroa con el mencionado circuito
automovilístico.
El circuito de Los Arcos comenzó como una iniciativa totalmente privada
de Construcciones Samaniego; fue presentada en enero de 2007, con un
presupuesto inicial de 6 millones de euros. El Gobierno de Navarra, ante
la necesidad de capital de la constructora, fue inyectando dinero
público al proyecto a través de SPRIN (Sociedad de Promoción de
Inversiones e Infraestructuras de Navarra, S.A.), una sociedad cuyos
consejeros eran miembros del propio Gobierno. Finalmente, el circuito
costó 62 millones de euros, incluido el IVA y el circulante inicial; 52
millones de euros, si descontamos ambos conceptos. Son los datos que
publicó, en una auditoría, la Cámara de Comptos, en junio de 2010.
Tras su inauguración, en junio de 2010, fueron varios los ejercicios en
los que las cuentas de la sociedad que explotaba el circuito estuvieron
en números rojos. Finalmente, en diciembre de 2013, el Gobierno de
Navarra presidido por Yolanda Barcina decidió externalizar la gestión
del circuito. El Gobierno de UPN cifró el “beneficio” de la operación en
6’3 millones de euros.
Sin embargo, 5 millones de ese supuesto
“beneficio” eran los 5 millones que el erario público dejaba de perder
al no tener que asumir los números rojos del circuito durante los cinco
años de alquiler del mismo. La empresa arrendataria, Los Arcos
Motorsport, pagaría 1’3 millones de euros por ese lustro de
arrendamiento; y existiría una opción de compra, al final de ese
periodo, a un precio mínimo de 15 millones de euros.
Comptos definió lo ocurrido como “una operación no habitual de la
Administración”. Resumiendo, la operación consistió en que el erario
público asumió una infraestructura de iniciativa privada, multiplicó
casi por 9 su presupuesto inicial, y podría venderla 7 años después de
inaugurarla a un precio que podría no cubrir ni un tercio de lo que
costó.
Volviendo a la actualidad: si el PP copia a su socio UPN el “modelo Los
Arcos”, las 9 autopistas ahora rescatadas, por 5.500 millones acabarán
revendidas, por unos 2.000. Un dudoso modelo de gestión del dinero
público.
Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra
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