Una niña de seis años repetía un
número de teléfono que aprendió, rogando a los agentes de migración que
llamaran a su familia, un juez cuestionado en cómo podría comunicarse un
menor con sus padres dijo que no tenía respuesta, oficiales no explican
a madres detenidas cómo localizar a sus hijos arrebatados de
sus brazos hace un día, una semana, un mes, algunos agentes de la
Patrulla Fronteriza han dicho a padres que ya nunca más verían a sus
hijos.
El presidente Donald Trump
declaró este jueves que, junto con su orden de poner fin a las
separaciones de niños de sus padres migrantes, había girado
instrucciones para la reunificación de las familias separadas. “Queremos ponerlas juntas, no queremos tener los hijos separados de sus padres”,
comentó en una reunión de su gabinete. Indicó que dirigió a varias
dependencias federales a que trabajen para “mantener juntas a las
familias inmigrantes ilegales durante el proceso de inmigración y
reunificar a estos grupos previamente separados”.
Pero esto podría ser difícil, ya que muchos
padres no saben donde están los hijos; de los cuales fueron separados
al cruzar la frontera, algunos están en albergues a miles de kilómetros.
De hecho, nadie tiene ni las cifras precisas de cuántos son; miles de
los que fueron colocados con otros familiares o cuidadores no pueden ser
ubicados por el gobierno (según un reportaje reciente de McLatchy,
estos podrían sumar hasta 6 mil).
La agonía y angustia de tanto padres como hijos al ser forzosamente separados,
y después para saber dónde estaba cada quien, de entrar en comunicación
-con algunas madres diciendo que sus hijos eran tan jóvenes que ni
podían hablar aún- es tal sufrimiento que pediatras y sicólogos
advierten de “daños irremediables” en los pequeños, y que ha llevado a
algunos padres hasta el suicidio, ha girado sobre la pregunta ¿donde
están los niños?
Hasta que Donald Trump firmó una
orden ejecutiva el miércoles, supuestamente poniendo fin a la práctica
universalmente condenada de separar a los niños de toda familia
capturada, ingresando sin papeles a Estados Unidos por la frontera con
Mexico, por lo menos dos mil 300 menores de edad fueron enviados en los
últimos dos meses primero a centros de detención y después a una red de
llamados albergues pero privados de libertad.
Los cálculos de niños
separados desde el año pasado hasta la fecha son de más de 4 mil en
total, pero aún no hay datos oficiales completos.
Bajo la llamada política de “cero tolerancia” anunciada en abril -pero aplicada desde meses antes-, todo
migrante capturado al ingresar “ilegalmente” al paso es detenido y
acusado de cometer un delito criminal por el Departamento de Seguridad
Interna.
Anteriormente, familias indocumentadas que solicitaban
asilo eran liberadas y enfrentaban un proceso judicial civil.
Ahora sus
hijos son separados e inmediatamente clasificados como “menores de edad
no acompañados”, sumándose a más de 11 mill (la mayoría de los cuales
ingresaron al país sin padres) que están bajo supervisión de la oficina
de refugiados (ORR) de la Secretaria de Salud y Servicios Humanos.
Los menores son colocados en
albergues -casi todos operados de manera privada bajo contrato con ORR –
donde pueden permanecer un promedio de 51 días. De ahí, el gobierno
tiene la obligación de colocar esos menores con “guardas”, en su gran
mayoría padres y familiares que residen en el país.
Los que no tienen
familiares, pueden permanecer mucho más tiempo en los albergues en lo
que se buscan guardas. Mientras tanto, sus padres son procesados ante
jueces de migración y potencialmente deportados.
Los niños forzosamente
separados -incluyendo bebés de tres meses de edad- después de sus
estancias en centros de la Patrulla Fronteriza, han sido colocados en
albergues en por lo menos 12 estados, y tal vez hasta 20 -nadie sabe
exactamente.
Todos son administrados por organizaciones
privadas bajo contrato con el Departamento de Salud en lo que se ha
convertido en una industria multimillonaria en auge.
El gobierno federal ha sido renuente
en ofrecer detalles, y ni gobernadores o alcaldes son informados de
estas operaciones, ni quienes están ingresando a ellas (el Washington
Post esta solicitando información del público para armar un mapa de
instalaciones donde podrían estar los niños separados)
Algunos de los nuevos albergues se
especializan en menores de 13 años, otros sólo alojan a cientos, otros a
más de mil. El flujo de niños en las última semanas ha llevado a que
este sistema esa llegando a su máxima capacidad, y por lo tanto el
gobierno está preparando abrir más instalaciones incluso en bases
militares.
Políticos, abogados y periodistas han
logrado ingresar a algunos de los centros de detención como a los
albergues para menores de edad, donde han recogido testimonios e
imágenes de niños muy jóvenes desconsolados gritando por sus madres, de
niños viviendo en jaulas y más que finalmente desataron una condena
universal.
A la vez, se han revelado en algunos
condiciones alarmantes. Este jueves, el gobernador de Virginia ordenó
una investigación sobre quejas de abuso por adolescentes en un centro de
detención de inmigrantes, donde afirman que fueron golpeados mientras
estaban esposados y colocados a aislamiento, desnudos y temblando en
celdas frías.
Una investigación de la organización Reveal informó que el
gobierno ha pagado más de mil millones 500 mil dólares durante cuatro
años a empresas que administran albergues para niños inmigrantes que han
sido acusado de prácticas graves, incluso en uno en Houston donde
algunos niños fueron inmovilizados e inyectados con poderosos fármacos
antipsicóticos.
Southwest Key Programs que tiene contratos
multimillonarios con el gobierno para manejar más de 12 albergues tiene
más de 150 violaciones de normas de salud.
Aun antes de la nueva orden, el
gobierno no contaba con un proceso para reunificar padres e hijos,
muchos de los cuales no saben dónde está el otro. Algunos han tardado
meses para dar con sus hijos, mientras que eso se dificulta para los
padres que han sido deportados sin sus hijos.
(Tomado de la Jornada)
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