La generación del baby boom sí financió sus pensiones futuras

El Sistema de Pensiones Públicas ha generado un superávit acumulado en el periodo 1977/2017, que, alcanza, nada menos, que 843.290 millones de euros. Esa es la consecuencia de capitalizar con el rendimiento medio de la deuda pública de cada año, la diferencia entre las cotizaciones y los pagos por pensiones contributivas incluidas en las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social. Ese es también el saldo actual de las aportaciones históricas de la generación del baby boom, suficientes para financiar los déficits futuros de la Seguridad Social.

Se trata de una imagen rotundamente opuesta a las tesis de su inviabilidad y que avala la justa oposición a los recortes de la Reforma de 2013. Significa que el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones está sustentado por sus cotizaciones además de ser de pura justicia social.

Para entender la situación económica del Sistema de Pensiones y de las aportaciones de la generación del “baby boom” hay que analizarlo viendo su historia completa incorporada en el cuadro 1. En el inicio de su plena implantación (R. D. Ley 36/1978), coincidente con la entrada al trabajo de las generaciones del máximo número de nacimientos en nuestra historia, años 1958 al 1978, con gran aportación de efectivos y relativamente pocos compromisos derivados de los regímenes anteriores, generó cada año importantísimos superávits (en torno al 15% de los Presupuestos Generales del Estado).

En sentido inverso, en la fase final de su ciclo de vida, cuando entre 2023 al 2045 se complete su jubilación ciertamente, se producirá el efecto contrario acentuada por su mayor esperanza de vida y la importante caída de la natalidad en los años 80 y 90. En este periodo se incrementará en torno al 50% el número de pensionistas y también su proporción con los activos, por tanto, se tienen que producir déficits anuales, lo mismo que produjeron superávits anuales en la primera etapa.

Pero si contemplamos el ciclo completo de vida de esta generación los déficits futuros son totalmente financiables con los excedentes generados entonces. Ocurre que, como el Fondo de Garantía (Hucha de Pensiones) se creó muy tarde, en el año 2000, solo capitalizó una mínima parte de los superávits generados, menos del 8%, agotando su saldo en esta primera contingencia. Se olvida con ello que los superávits del Sistema de Pensiones, fueron utilizados indiferenciadamente para financiar los Presupuestos Generales, de modo que ahora, por pura simetría, es lógico reclamar que sean los mismos presupuestos los que deban aportar al Sistema de Pensiones lo que este les anticipó con sus superávits.

Limitar el análisis a esta parte final del ciclo, desde que se inicia la crisis económica, como hacen quienes califican de insostenible el sistema, no es nada neutral, sino una forma interesada de predeterminar un resultado: la inviabilidad de las pensiones sin los recortes de la Reforma. Por tanto, es un planteamiento tendencioso, de medias verdades, que esconde las mayores falsedades. 

 

El superávit generado permitiría financiar las necesidades futuras del Sistema.

De cara al futuro, este superávit acumulado, capitalizado a un modesto tipo de interés real del 2%, estaría en condiciones de financiar los déficits anuales previstos del sistema, como mínimo, hasta 2046 (Cuadro 2), cuando el gasto en pensiones se empieza a reducir de forma importante por el fin de las jubilaciones del “baby boom” y las provenientes de la fuerte inmigración de los años 2000-2010, que coinciden en el tiempo.

Las previsiones demográficas y económicas a más largo plazo están sujetas a tal nivel de incertidumbre, que, más que previsiones razonables, son traslación de ideas preconcebidas y de parte. 

El propio presidente de la AIREF tuvo que defender este criterio recientemente en el Congreso, frente a las posiciones más catastrofistas.

En los cálculos se han tenido en cuenta:

La previsión del gasto expresada en el Cuadro 2 se ha calculado, excluyendo los recortes de la Reforma, considerando la evolución prevista del número de pensionistas (mayores de 65/67años del INE, en base a la población existente y su esperanza de vida) y el número de pensiones (pensionistas con más de una pensión), así como el efecto del mayor coste de las nuevas pensiones respecto de las que salen del sistema (factor de sustitución).

Las cifras resultantes son similares a las estimaciones efectuadas por la OCDE antes de incluir los efectos de la Reforma (Pensions at a Glance 2013,).

Para calcular los ingresos previstos, se parte de un crecimiento del PIB real igual a la media de los últimos 40 años (datos INE), que incluye tanto años de crisis como de expansión y un porcentaje de cotizaciones/PIB igual a una media, con escasas oscilaciones, observada en el periodo 2000-2016 (Presupuesto Seguridad Social 2018).

Si cumpliendo estas exigentes condiciones, el superávit generado, permitiría asumir los compromisos de las pensiones como mínimo hasta el año 2046, y la aportación presupuestaria necesaria es una evidente obligación, no hay razón alguna para justificar los recortes de las pensiones. Solo falta arbitrar la forma en que se deba concretar esa financiación que retorna los fondos anticipados en el comienzo del ciclo de vida de los babyboomers: con cuotas sociales, impuestos o una mezcla de ambos.

Los compromisos presupuestarios necesarios, además de obligatorios, son posibles.

Las previsiones expuestas de gasto en pensiones llegan al 13,5% del PIB en el año 2047, disminuyendo desde este año. Este porcentaje está en línea o por debajo, del de algunos de los principales países de la UE para los años 2013/15, como Austria, Finlandia, Francia o Italia, que adelantaron su expansión demográfica, (OCDE, Pensions at a Glance 2017 y Comisión Europea, The Ageing Report 2015) sin que esto impidiese su desarrollo económico, como todos sabemos.

Obviamente el esfuerzo será importante, pero, con un nivel de recaudación fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y un gasto publico 5,7 puntos por debajo de la media de la Zona Euro (41,9 frente a 47,6 en 2016, según Eurostat), no cabe duda que hay margen para incrementar los recursos y poder asumir el gasto en pensiones sin los recortes de la Reforma de 2013.

Abordar esta tarea implica, eso sí, un importante cambio de prioridades en política económica, respecto a lo marcado en el Plan de Estabilidad, enviado el pasado abril por el anterior gobierno a Bruselas, que fija el objetivo de equilibrio presupuestario manteniendo el nivel del ingreso público y a base de disminuir aún más el gasto público respecto al PIB (del 41,8% de 2008 al 38,7% en 2021) lo que ensancharía la brecha con nuestros vecinos europeos y disminuiría gravemente la capacidad del sector público para asumir el nivel de gasto social comprometido y que este vaya acercándose al estándar que debe ser nuestra referencia.

En conclusión, defender la capacidad adquisitiva de los pensionistas es una obligación esencial, forma parte de cualquier política frente a la creciente desigualdad y, como se ha evidenciado, es un derecho avalado por sus propias cotizaciones.

 Fernando de Miguel