Los jueces instan al Parlamento a controlar los cursos para magistrados del Supremo pagados por la banca

Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, asegura en una entrevista para Diario16 (cuyo contenido íntegro se publicará en el próximo número en papel) que no es “ético ni estético” que los miembros de la judicatura trabajen para la universidad de los banqueros

El Congreso de los Diputados debería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular y en su caso controlar las actividades docentes que los jueces llevan a cabo fuera de su horario de trabajo, como los cursos de Derecho bancario y tributario que algunos magistrados del Alto Tribunal imparten en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Así lo creen al menos expertos juristas como Joaquim Bosch, ex portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).


 “Estéticamente no es positivo que den esos cursos, pero éticamente tampoco; yo creo que se tendría que regular, por el principio de imparcialidad, que los magistrados no puedan llevar a cabo actividades que formalmente puedan provocar sospechas”, asegura Bosch.


 “Es evidente que un presidente de sala del Tribunal Supremo no tiene ninguna necesidad, ni económica ni profesional, de dar estas clases, y por ello puede quedar contaminado al percibirse así por alguna de las partes del proceso. Por ello creo que debería llegarse a otro tipo de regulación sobre cuáles son las actividades que pueden realizar los jueces”, insiste el responsable de JJpD.


Bosch considera que debería ser el Parlamento, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien regulara las actividades docentes de los magistrados del Supremo en el capítulo de las causas de incompatibilidad. “En el marco deontológico sí que existe una regulación que dice que los jueces, en sus actividades al margen de los tribunales, deben comportarse de manera que no se ponga en peligro su independencia y su imparcialidad. Pero no es suficiente con una regulación deontológica, sino que se hace preciso regular el régimen de incompatibilidad”, añade.


Por su parte, el Ministerio de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la responsabilidad de que los magistrados del Tribunal Supremo impartan clases remuneradas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, un centro patrocinado por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal de los banqueros.


 Tras ser requerido por Diario16, el departamento que dirige Dolores Delgado ha trasladado al Poder Judicial cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del hecho de que magistrados del Supremo tomen parte en cursos privados pagados por entidades financieras.


 “Hay que preguntar al CGPJ, de quien depende tanto la formación de jueces y magistrados como la acción disciplinaria que pudiera derivarse de su actuación”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia.


José Antequera