¿Alguien lo dudaba?

El Tribunal Supremo paraliza la exhumación del golpista, dictador y genocida Franco del Valle de los Caídos. Una chapuza del Gobierno español de las de enmarcar.

En efecto, se vuelve a cumplir la máxima del «Atado y bien atado«. Y es que ni siquiera un Gobierno elegido democráticamente puede tocar al dictador. Democracia de calidad… nivel Camboya (único país del mundo que supera a España en desaparecidos enterrados en fosas comunes y cunetas).

Al menos de momento, el recurso de la familia del dictador surte efecto ya que los magistrados del Tribunal Supremo han decidido que se detenga el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos hasta que haya una decisión firme. La fundación Francisco Franco también había recurrido.

Una fundación que se dedica a hacer apología del fascismo, de ésas que sólo pueden existir en «Marca España«. ¿Se imaginan una Fundación Adolf Hitler en Alemania? ¿Se imaginan una Fundación Benito Musolini en Italia? Pues no se lo imaginen. Sencillamente estarían prohibidas por Ley. Y que decir sobre la existencia de mausoleos dedicados a los dictadores en esos países.

Pero Spain is different y, en esa tierra de picaresca, corrupción, pandereta, toros y botijos puede pasar cualquier cosa (para risión internacional). Y por si fuera poco, con la Iglesia hemos topado ya que, jaleado por varios obispos, otro fascista de pro, el prior de la basílica, también recurrió.

En teoría, los trabajos para sacar la momia de Franco de la basílica estaban previstos para el próximo miércoles, 10 de junio, una vez que el Gobierno dio por cerrado el expediente administrativo para trasladar los restos a un cementerio de El Pardo.

Cabe destacar que la sección Cuarta de la sala III del Supremo ha tomado la decisión por unanimidad. Entre las justificaciones, aducen que «la razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan«.

Y no se cortan ni un pelo cuando admiten que, en los acuerdos para la exhumación de Franco, «está también presente el interés general que expresa la Ley de memoria histórica». En principio, la postura final del Supremo no debería prolongarse demasiado: «Teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable«.

Al principio hablaba de chapuza del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ya que, su primera intención fue que esta operación se realizara rápidamente, pocos meses después de su triunfo en la moción de censura. Enseguida se comprobó que la primera fecha indicada por Sánchez, julio de 2018, no iba a ser posible. La segunda fecha marcada por el Gobierno español fue después del verano del pasado año. Al final optaron por no fijar fechas y escudarse en el «cuanto antes«.

Ante el alargamiento, el 12 de octubre de 2018, Sánchez pasó al «no depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos» para justificar el paso del tiempo sin que Franco fuera exhumado. Finalmente, el decreto se firmó el 15 de marzo de este año. Con todo, no era el golpe definitivo ya que la familia letargó la vía judicial al tiempo que un juez madrileño intervino en las concesiones de licencias municipales para impedir que las maquinas pudieran hacer su trabajo.

Tras conocerse la suspensión cautelar, Moncloa no tiene otra más que admitir que se «pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte Sentencia sobre el fondo del asunto«, quitando trascendencia a la decisión provisional del Supremo: «No es extraño que suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte» y dicen estar convencidos de que «el Tribunal Supremo «desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco«.

Tampoco debemos pasar por alto párrafos textuales del Auto del Tribunal Supremo sobre la suspensión de la exhumación del fascista de El Ferrol. Algunos llegan a preocupar, como este: «El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar«.

De esta manera, el Alto Tribunal asume que el general sublevado ya era jefe del Estado en el año 1936 tras el Golpe de Estado. El párrafo en cuestión ha despertado las lógicas críticas: El President de la Generalitat de Catalunya en el exilio, Carles Puigdemont, se muestra sorprendido por esta afirmación del Tribunal Supremo como «jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936«.

El MH President ha acusado al Tribunal de «legitimar el golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la República española. No me lo puedo creer«. Contra esa afirmación también carga, desde su «casoplón«, el Secretario General del Polit Buró de Galapagar, Pablo Iglesias: «Que la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo considere a Franco ‘Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936’ es una auténtica barbaridad«.

Iglesias ha ido incluso un paso más allá y ha insinuado que esto puede tener algo que ver con «la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Francisco Franco«, en clara referencia a José Luis Requero, contra quien la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ya había presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su cercanía con Santiago Milans del Bosch (estrecho colaborador de la Fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador).

Y, el que no pagaba la Seguridad Social de su asistente, Pablo Echenique, asegura que el Supremo legitima la figura del dictador «en plena Guerra Civil y pocos meses después del Golpe e investido por sus propios compañeros golpistas«.

El caso es que el Tribunal Supremo parece mantener un respeto y prosopopeya al nombrar al dictador como Jefe del Gobierno del Estado desde el 1 de octubre de 1936, en pleno conflicto bélico, cuando fue investido por los citados altos mandos militares del Ejército sublevado en la Capitanía General de Burgos.

En resumidas cuentas, una parte del Auto que puede parecer un corta-pega de una historia extraída de la Enciclopedia Rubio. Por terminar, desde un punto de vista jurídico, extraigo la siguiente lectura sobre el Auto del Supremo: Porque el dictador Franco era Jefe del Estado en 1936 y la Jefatura del

Estado es de «interés público«, pues Franco es de «interés público«. Desconozco si estos lumbreras togados y con puñetas saben quién era Manuel Azaña pero, ahí queda éso. Por lo demás, ya veremos como acaba el culebrón del Mausoleo pero, por ahora, la chapuza sigue activa. Tiene toda la pinta de que vamos a volver a oler la momia todo el verano.

https://blogs.deia.eus/rincondelproteston/2019/06/05/alguien-lo-dudaba