Guatemala, Ecuador y Nicaragua responderán ante el Comité de Derechos Humanos por una legislación que penaliza a las víctimas
Una niña de 13 años violada por un
sacerdote en Nicaragua. Una menor abusada sexualmente por su abuelo en
la zona caribeña del mismo país centroamericano. En Guatemala, una
víctima de 12 años violada por un funcionario gubernamental responsable
de un programa de apoyo a la niñez.
Y en Ecuador, otra niña de 12 con la
vida rota por el incesto. Todas ellas fueron madres demasiado pronto
sin que se les dieran opciones para abortar. La impunidad también sella
años de dolor, Informa Resumen Latinoamericano.
Estos cuatro casos se presentaron esta
semana en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un
litigio único que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.
La demanda en contra de los Estados en
los que se registraron las violaciones —Guatemala, Ecuador y Nicaragua—
la llevan Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis
asociaciones de la región y el Centro de Derechos Reproductivos
estadounidense. La acción pretende impulsar una reforma legal.
Los derechos que el comité de la ONU
declare violados crearán estándares para todos los Estados que han
ratificado el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se
soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el
territorio.
“Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los funcionarios de Naciones Unidas
escucharán a las víctimas de Ecuador y Guatemala.
La ecuatoriana Norma
(nombre ficticio) fue violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y
primas también fueron violentadas por su padre, padrastros y tíos. Hoy
cuida de su hijo en una casa de acogida donde recibe atención
psicológica.
En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan
embarazadas al día por la violencia sexual.
Fátima, originaria de Guatemala,
tiene 21 años. Hace nueve fue violada por un hombre cercano a su
familia que era empleado de la Secretaría de Bienestar Social. Ocurrió
en una guardería gubernamental donde la ingresó su madre al morir el
padre. Allí estuvo con su hermana y ambas fueron víctimas de aquel
hombre.
Casi una década después, el violador y padre del hijo de Fátima
no ha sido llevado a la justicia. “Si el Estado no lo detiene es porque
no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo,
una de las organizaciones que va a Ginebra.
América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la violencia sexual contra ellas. Faltan medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del día después
América Latina tiene la segunda tasa más
alta de embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región
donde aumenta la violencia sexual contra ellas. Faltan medidas en
materia de derechos sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a
la pastilla del día después
Planned Parenthood calcula que en la
zona se supera el millón de niñas que sufren violencia sexual cada año.
La organización documentó en 2015 más de 214 casos en los que detallaron
el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por la
depresión, la angustia y los pensamientos suicidas.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la primera causa de abandono escolar.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la primera causa de abandono escolar.
Las activistas de la organización han
encontrado un patrón en el que se desenvuelven estos comportamientos
criminales. “En estos países, el Estado falla dos veces.
No protege a las niñas de la violencia sexual y les impone un embarazo
producto de un delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.
Hay 26 países en el mundo que son muy
restrictivos con el aborto (lo penalizan o solo lo permiten para salvar
la vida de la madre).
Entre los que lo castigan totalmente, seis están en América: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana.
Entre los que lo castigan totalmente, seis están en América: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana.
En Nicaragua, ocho de cada diez víctimas de violación
tienen menos de 13 años, según Planned Parenthood.
La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar cinco estándares: primero, obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante.
El segundo llama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.
El tercero pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales, el aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal.
El quinto, y último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.
El caso buscará reparaciones, pero, para
Ximena Casas, “es una oportunidad única para garantizar que las
vulneraciones no vuelvan a ocurrir”, añade.
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