Como no podía ser de otra manera, habían desaparecido del texto constitucional los rasgos, tics y expresiones más agresivos de la va­riante de fascismo que era aquella dictadura y la alusión al catoli­cismo exacerbado y su hiper protagonismo que más que cómplice era bicéfalo de su poder. No era demasiado agudo el pro­blema.


Todo consistía en armar bien la treta. Acep­tando de entrada el inexo­rable paso del tiempo, la treta consistía en esconder en unos ca­sos y disimular ladinamente en otros la ideología fascista y catoli­cista extrema entre los pliegues del or­dine nuovo.


 Los redacto­res de la Constitución, dirigidos desde la sombra por un poli­ministro del caudillo, fueron los encargados de mantener en el sistema ese franquismo atemperado. De tal suerte que fascismo y catolicismo a ultranza seguirían latentes en las células grises de los jueces, aunque sólo fuese por el peso de la formación profesional re­cibida, naturalmente impregnadas de fran­quismo.


 En adelante ellos, en los juzgados pero sobre todo en las altas instancias de la magistratura: Audiencias, Tribunales Supe­riores de Justicia, Tribu­nal Supremo y Tribunal Constitucio­nal, serían los custodios últi­mos del “atado y bien atado” que advir­tió el dictador. Las delibera­ciones y confrontaciones en el po­der legislativo y las pugnas por el poder político con una ley electoral ad hoc, serían casi un pasa­tiempo sin mayores consecuen­cias.


 Porque en adelante ellos, los ma­gistrados, serían quienes dirían la última palabra sobre lo funda­mental según el caso. Decidirían, vigilantes, en función de ese fran­quismo gra­bado en su cerebelo, no sólo los hechos políticos clave, como el crucial asunto de la territorialidad, sino también las conduc­tas de­lictivas de los políticos que iban aflorando en los me­dios de comu­nicación.


La de los afines a su mentalidad, tratados con benevolencia, y los “otros” con toda la inclemencia posible. Por si fuera poco, dentro del engendro constitucional se contaría tam­bién con dos instituciones que, aunque orgánicamente casi irrele­vantes, era clave: el Senado y las Diputaciones.


Pero entre unas cosas y otras, mi generación seguía en la cresta de la ola. Y España, su deriva y desarrollo era observada por la Eu­ropa de las dos guerras mundiales como una cobaya de laborato­rio, útil para hacer de ella poco más que la taberna de Eu­ropa. El caso es que España se incorporaba en 1986 a la Comuni­dad Económica Europea y en 1993 a la Unión Europea supranacio­nal.


 Con una es­tructura ya mucho más política y judi­cial que, sin interferir la sobe­ranía y autonomía de las naciones que la componen era y es una mo­dalidad de federalismo, abría una puerta a la esperanza contra la involución y contra las tentacio­nes de golpismo de tanto montaraz que sigue en el país.


 Sin embargo España nunca da la medida. Reci­biendo de la Unión y del Banco Central millones de euros, sin cuya contribución no le hubiera sido posible avanzar, España da la espalda a las directi­vas de la Unión y constantemente se revuelve contra los altos tribu­nales competentes de la Unión Europea.


Ahora mismo, una parte de esa España nauseabunda, en línea con la rustici­dad fas­cista envalentonada por su presencia en el Parla­mento, al mismo tiempo que amenaza fulminar de pésima manera el intento de un referéndum pactado para conocer la proporción de los habitantes de un territorio “histórico” que aspira a su independen­cia del Es­tado español, amaga la salida de España, el se­paratismo a la post­re, de la Unión Europea.


Me refiero a esa Es­paña que lo tiene todo y no está dispuesta a renunciar a una cuota de su inmenso po­der ni, llegado el caso, a ceder ni un ápice en el uso de la fuerza bruta.