González y la CIA, una vieja historia

 Un documento de la agencia de inteligencia estadounidense fechado en 1984 y recién desclasificado revela que el expresidente del Gobierno español “acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”

Felipe González abraza a José Barrionuevo a las puertas de la cárcel de Guadalajara en 1998

“Felipe González has agreed to the formation of a group of mercenaries, controlled by the Army, to combat the terrorists outside the law” o, lo que es lo mismo, “Felipe González acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”.

 Así lo revela un documento de la CIA –la principal agencia de inteligencia del Gobierno estadounidense– fechado el 19 de enero de 1984 y recién desclasificado, más de 36 años después.

 “The mercenaries would not necessarily be spaniards and that their mission would be to assessinate ETA leaders in Spain and France” o, lo que es lo mismo, “los mercenarios no necesariamente serían españoles y su misión sería asesinar líderes de ETA en España y Francia”, añade el documento.

 

 Artículo 9. Actividad. 1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. 

Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

 2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: a)

 Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c)

 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

  

Apenas tres meses antes de la datación del documento –el 16 de octubre de 1983–, guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo habían secuestrado en la localidad vascofrancesa de Bayona a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que después serían torturados y ejecutados, hechos por los que acabarían siendo condenados el jefe de la Guardia Civil en Guipúzcoa, Enrique Rodríguez Galindo, y otros tres guardias civiles de Intxaurrondo, además de Julen Elgorriaga, miembro del PSOE y gobernador civil de Guipúzcoa.

Apenas un mes antes de la datación del documento de la CIA –el 4 de diciembre de 1983–, mercenarios extranjeros habían secuestrado en la localidad vascofrancesa de Hendaya a Segundo Marey, hecho por el que acabarían siendo condenados otros miembros del PSOE: los entonces ministro del Interior, José Barrionuevo; director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, y gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, así como el secretario general del PSOE de Vizcaya y diputado del partido en el Congreso, Ricardo García Damborenea, además de varios policías españoles.

Son sólo algunos de los asesinatos y secuestros de los GAL, hubo más antes y sobre todo después del 19 de enero de 1984. Se cuentan por decenas y muchos de ellos siguen sin investigar o al menos sin investigar a fondo.

A nadie se le ha escapado nunca la cercanía de la mayoría de esos condenados al entonces secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español, Felipe González, que en 1998 llegó a acompañar a sus antiguos subordinados Barrionuevo y Vera hasta las puertas de la cárcel de Guadalajara, donde se despidió de ellos con un caluroso abrazo antes de que ingresaran en prisión por el secuestro de Marey.

 No obstante, la importancia de la reciente desclasificación del documento de la CIA reside precisamente en que quien apunta directamente a González en la creación de los GAL es la principal agencia de inteligencia del Gobierno estadounidense, una vieja conocida del expresidente del Gobierno español.

 

No tuvo dudas sobre mantener la monarquía

La CIA ha sido clave en la carrera política de González, como han desvelado otros documentos de la agencia de inteligencia estadounidense desclasificados anteriormente y han desarrollado investigadores como Joan Garcés o Alfredo Grimaldos.

 González tomó la Secretaría General del PSOE, y con ella el control del partido, en el congreso del PSOE celebrado en octubre de 1974 en la localidad francesa de Suresnes, adonde –con Franco aún vivo, pues el general no moriría hasta un año y un mes después– González y sus colaboradores más estrechos llegaron con pasaportes facilitados por el Gobierno franquista y escoltados por oficiales del SECED –la principal agencia de inteligencia del Gobierno español–, que actuaban en estrecha colaboración con la CIA y que después serán ascendidos por los gobiernos del propio González.

 * *

    

 El general español Manuel Fernández-Monzón, principal enlace entre el SECED y la CIA, ha reconocido que en Suresnes había más policías y agentes secretos españoles que militantes del PSOE, así como que González es quien mejor comprendió la Transición y su mejor producto, pues sabía cómo se estaban haciendo las cosas y estaba de acuerdo con ellas, empezando por que no tuvo ninguna duda sobre que había que mantener la monarquía que Franco había ordenado restaurar a su muerte.

Precisamente de Juan Carlos I ha asegurado el oficial del Ejército español Amadeo Martínez Inglés –que en los años ochenta estuvo destinado en “puestos importantes de la cúpula militar”, por lo que tuvo “relaciones muy estrechas con los diferentes servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado”– que durante su reinado “ningún hecho político trascendente” tuvo lugar en España sin haber sido “previamente autorizado o decidido” por él, incluida la creación de los GAL.

Cuenta Martínez Inglés que en 1979 el CESID –en 1977 el SECED se había transformado en el CESID– elevó al Gobierno de Adolfo Suárez un informe-propuesta para la ‘guerra sucia’ contra ETA que Suárez “se negó en redondo a aceptar”, pues “bastante tenía ya con los problemas que le creaban organizaciones paramilitares y fascistas ‘incontroladas’ como la Triple A, el Batallón Vasco Español o Antiterrorismo ETA, formadas por exaltados militantes de la ultraderecha española” al comienzo de la Transición española.

 Sin embargo, el CESID tendrían más suerte en 1983, cuando elevó, esta vez al Gobierno de González, un renovado informe-propuesta –conocido como ‘acta fundacional de los GAL’– al que González sí “se avino a dar luz verde”, como demuestra ahora el documento recién desclasificado por la CIA, el último capítulo de la vieja historia entre la principal agencia de inteligencia del Gobierno estadounidense y el expresidente del Gobierno español. 

Al menos, por el momento.

 Un documento de la agencia de inteligencia estadounidense fechado en 1984 y recién