miércoles, 16 de septiembre de 2020

Aparece muerta una persona presa en la cárcel de Zaballa (Alava)

Basta ya de muertes en prisión, Basta ya de impunidad. Salhaketa Araba y Salhaketa Nafarroa, denunciando la muerte de un joven navarro de 32 años en la cárcel de Zaballa. El próximo lunes 21 de septiembre a las 12.00 horas tendrá lugar una concentración en Vitoria frente a la Subdelegación del Gobierno. Os adjuntamos el cartel de la convocatoria.

Una persona presa de 32 años, varón, ha aparecido ahorcado en el módulo 4 de la cárcel alavesa de Zaballa.

Al parecer, llevaba desde el pasado 4 de agosto, procedente de la cárcel de Pamplona donde estaba en enfermería. Los compañeros lo han encontrado ahorcado en la celda a media mañana, lo han descolgado e intentado reanimarlo hasta la llegada del servicio médico y, finalmente, ha fallecido en medio de la conmoción del resto de presos del módulo.

Según nos informan cuando llegó a Zaballa solo le vio el educador y él, había solicitado en dos ocasiones, mediante instancia, que le viera el psicólogo, sin haberlo conseguido.

Una nueva muerte en la macro-cárcel alavesa de Zaballa. Una tragedia evitable que engrosa las macabras cifras de personas muertas en prisión, la mayoría personas que aparecen muertas por motivos no naturales en las cárceles españolas.Este hecho luctuoso, no notificado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles. Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes y sobre todo a raíz de la epidemia del Covid-19.

Según los datos con los que contamos, al menos 118 personas han muerto en las prisiones españolas en lo que va año. Ante este auténtico presocidio evitable, no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes en el seno de instituciones públicas con las que las personas recluidas mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas.¿Qué está pasando?

¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Cómo es posible que a las familias se les avise únicamente mediante llamada telefónica sin proporcionar apenas información y sin ofrecer ningún tipo de apoyo psicosocial o acogida? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?A las familias se les informa únicamente mediante llamada telefónica, sin establecer ni siquiera un mínimo protocolo de información que proporcionar.

Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales “competentes”para esclarecer las circunstancias de estas muertes.Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación.

Le preguntamos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con graves adicciones en prisión, con enfermedades mentales graves y la gran mayoría de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio… son demasiadas las preguntas sin responder.

Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:

Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.

Que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes.

Que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia, así como el apoyo psico-social que se ha de prestar a las víctimas de la cárcel al igual que al resto ante el estado de golpe shock que provoca la muerte de su familiar en prisión.
Que se desarrollen las medidas de sustitución en fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias dentro y sobre todo fuera de las prisiones que han demostrado su mayor eficacia en la prevención y lucha contra el delito y contra las consecuencias que el actual cumplimiento de condenas tiene en relación con la violación de los derechos humanos en especial a la vida en las cárceles. Las cárceles son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de las drogodependencias que asociadas con determinadas enfermedades mentales (patologías duales) en condiciones de encierro prolongado y de desesperación son el caldo de cultivo más propicio para el deterioro del estado de salud de las personas presas y en ocasiones con consecuencias mortales.
La inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley,de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas presas. El incremento de las muertes en prisión se da en proporción directa con el alargamiento de las condenas y con las modificaciones legislativas tendentes a la restricción en el acceso a beneficios penitenciarios.
La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que, aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en el centro más cercano al lugar habitual de residencia.