El Partido Popular y sus líderes no sólo delinquieron, nos dice la
Fiscalía, sino que pusieron a su servicio todos los recursos, ya no del
partido, sino del propio Estado para obstruir a la Justicia
“Una vertiente inherente a la psicología de los periodistas es
sentir una curiosidad más fuerte por los monstruos que por los enemigos
de los monstruos”
El riesgo de repetir la historia no está en no recordarla sino
en no comprenderla, decía tajante Giglioli. El riesgo también reside,
añado yo, en recordarla plagada de falsedad, lo que constituye un
componente decisivo para no entenderla. El tiempo, sin embargo, ayuda a
desnudar la verdad, sobre todo cuando los interesados en sepultarla han
perdido poder o han girado las tornas.
En el impresionante y terrible entramado de corrupción creado
por el Partido Popular estamos descubriendo una corrupción institucional
generalizada. El Partido Popular y sus líderes no solo delinquieron,
nos dice la Fiscalía, sino que pusieron a su servicio todos los
recursos, ya no del partido, sino del propio Estado para obstruir a la
Justicia cuando esta intentaba esclarecer y perseguir esos delitos.
Ahora que nos ponen delante el hecho de que un ministro del Interior, un
secretario de Estado, mandados por quien podía, utilizaron a 71
policías y más de 50.000 euros del erario público para neutralizar el
peligro que Bárcenas suponía para ellos ¿alguien va a dudar también de
cómo utilizaron sus largos tentáculos en la Justicia para boicotear
investigaciones, dormir instructores e intentar paralizar los esfuerzos
destinados a identificar, juzgar y condenar a los culpables?
Desde el pasado se proyectan los hechos como con una lámpara.
Hace unas horas hemos leído cómo el juez De la Mata –titular del Juzgado
Central de Instrucción 5– acaba de escribir en un auto que "existe una
correlación objetiva, subjetiva y temporal entre los contratos públicos y
las entregas de dinero al Partido Popular" que se encuentran recogidas
en los llamados 'Papeles de Bárcenas'.
Nadie ha puesto hoy día el grito
en el cielo por una afirmación como esta que responde a una pregunta
lógica: ¿por qué los empresarios pasaban generosamente por la Caja B de
Bárcenas y luego curiosamente recibían jugosos contratos públicos? Es el
momento de explicar que si esto lo escribe De la Mata en 2020,
prorrogando la instrucción un año más, no deja de ser porque Pablo Ruz
archivó en 2015, por falta de indicios, una investigación que podía
haber salido adelante en 2013 pero que el Partido Popular se encargó de
dinamitar.
Voy a hablarles de cómo se puso en marcha la maquinaria
previamente engrasada para manejar la Justicia a su antojo. Quizá ahora
todo se entienda mucho mejor.
Los 'Papeles de Bárcenas' se publicaron en enero de 2013 y el
paso siguiente era judicializar la investigación periodística. Sólo unos
días después, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que no admitía
ninguna conexidad entre el Caso Gürtel y los papeles publicados con la
contabilidad B de Bárcenas y se desentendía de ellos.
Fue así como IU
presentó una querella en la Audiencia Nacional que pasó a turno de
reparto y recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 –JCI 3–,
abriéndose diligencias previas el 1 de marzo. Cuando su titular
entonces, Gómez Bermúdez, hizo los primeros movimientos para instruirlo,
se abrieron todas las cajas de los truenos.
El juez no solo pidió a las
empresas constructoras copia de todas los trabajos realizados para
administraciones del PP entre 2002 y 2009 sino que citó a los
responsables de las constructoras Sando, Azvy, OHL, Sacyr Vallehermoso,
Hispánica, Aldesa, Fomento de Construcciones y Contratas y Rubau y
escribió en una exposición de motivos que "en España los partidos
políticos no tienen responsabilidad criminal, aunque según el relato de
la querella, el PP como beneficiario de las donaciones se ve afectado.
La sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de
contratos lo situaría como tercero partícipe". Ahora que M. Rajoy ha
perdido el poder precisamente tras ser el PP considerado tercero
partícipe a título lucrativo, quizá se entienda mejor el escalofrío de
terror. El juez pedía ademas a Hacienda copia de las contrataciones
públicas de esas empresas, entre otras diligencias, en el plazo de siete
días.
No se puede asegurar si bastó con esta perspectiva o si se
corrió la voz de que el magistrado pensaba registrar los despachos de
los constructores justo tras sus declaraciones o, incluso, que no era
improbable que Bárcenas acabara en prisión –algo que entonces les
aterraba–, el caso es que la Fiscalía Anticorrupción, en la persona de
Antonio Romeral, comenzó una bestial ofensiva para sacar el asunto del
juzgado de Gómez Bermúdez.
A la opinión pública se le vendió, ya
suponemos desde dónde, como una pelea personal entre los dos jueces
instructores en la que el juez mediático quería quitarle al pobre Ruz un
caso de su competencia.
Nada más falso: Ruz había previamente
desestimado su competencia a principios de febrero y Bermúdez no era
titular del juzgado que ocupaba Ruz interinamente por su propio gusto,
puesto que el JCI 3 y el JCI 5 salieron a concurso a la vez y él tenía
como ex presidente de Sala prioridad para cualquiera de ellos. No eligió
el que contenía ya Gürtel, así que fue un prodigio de manipulación
pública pretender que luchaba como gato panza arriba por meter mano a un
caso del PP.
Para llevar el caso al juez que consideraban más propicio
–lógico pues Ruz no era titular y debía ser "renovado" cada seis meses
por un CGPJ conservador–, Anticorrupción llegó a decir que las
diligencias pedidas eran "innecesarias y desproporcionadas" y que el
juez Bermúdez se dedicaba con sus diligencias "al ámbito de la picaresca
procesal para distraer al Ministerio Fiscal".
Tanta fue la distracción
que fue el fiscal el que pidió a la Sala que impidiera la declaración de
Barcenas ante Bermúdez. Un tribunal formado por Ángel Hurtado –¡ay,
mírenlo presidir el interrogatorio en juicio de Rajoy!– y por Enrique
López y Julio de Diego, en poco más de un folio anuló la citación para
declarar ya que "puede ser en otro momento".
¿Alguien va a dudar hoy
cuando Enrique López es consejero de Justicia de Ayuso y secretario de
Justicia e Interior del Partido Popular, que ya entonces movía los hilos
de sus amos?
Mal no le iba, había llegado hasta la Sala de la Audiencia
Nacional sin haber puesto una sola sentencia por delito en su vida. Por
esa decisión, no sólo les presentaron a los tres una querella por
prevaricación, que acabó en la papelera como imaginan, sino que se llegó
a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente
López fue luego recusado de la Gürtel al aceptarse esa relación con el
PP.
El juez del JCI 3 lucho lo que pudo por sacar adelante una
investigación con todo el brío, pero un auto de folio y medio de la
Sección Tercera, presidida por Alfonso Guevara y con un voto particular
de Clara Bayarri, le entregó el caso a Ruz.
Entre los Papeles de
Bárcenas y el caso Gürtel no había ninguna conexidad, como el propio Ruz
demostró al instruirlos de forma totalmente separada hasta sobreseerlo
todo menos lo que se refería a las obras de la sede de Génova. Ruz tenía
como virtud instruir de la mano del fiscal Romeral –que aspiraba a jefe
de Anticorrupción– y aún así tampoco dio el juego esperado y acabó
fuera de la Audiencia Nacional, para la que no tenía número de escalafón
ni de lejos.
Fue su sucesor ya con plaza, De la Mata, el que revertió
ese archivo y ahora nos anuncia que va a seguir escarbando. El Partido
Popular se había quitado así un juez que consideraba incómodo en un más
que turbio episodio.
Hubo mas capítulos y este diario se los contó. Así, por ejemplo,
cuando Francisco Correa pretendió tirar de la manta para alcanzar un
acuerdo con la Fiscalía. Para aceptar el trato, las acusaciones
populares pidieron que Correa hiciera una exposición pública de lo
sucedido en un medio de comunicación.
Fue Ignacio Escolar quien recibió esa confesión.
Fue Ignacio Escolar quien recibió esa confesión.
Pues bien, cuando ese acuerdo para que Correa hablara e implicara a
otros estaba casi gestado, apareció en escena el abogado Javier
Iglesias, y todo fue marcha atrás. Interviú llegó a publicar que Correa
había recibido "un carro de billetes". De este abogado, bajo el mote de
"Javier, el Largo" oirán hablar mucho en el Caso Kitchen.
Recuerden
también el Caso Ordenadores, en el que el PP se jugaba esta vez sí, tras
la reforma de la ley, la condena del propio partido, y cómo
misteriosamente el propio Bárcenas se aquietó y retiró su acusación para
dejar solas a las acusaciones populares.
Esa absolución providencial
les salvó el pellejo. Veremos qué pasa ahora con Francisco Martínez y
si, de pronto, calla.
Lo nauseabundo de toda esta historia va a ser conocer cómo el
Partido Popular consiguió poner a su servicio los mecanismos más
delicados del Estado y cómo, ellos que tanto hablan de Constitución y de
separación de poderes, no dudaron en obstruir el avance de la Justicia
de todos los modos a su alcance.
Eso es lo más grave. Más grave que
cualquier otro chanchullo o mangui del que nos hablen o hayamos oído
hablar. Usaron a los defensores de la ley para burlar la ley.
Sería deseable que la Comisión de Investigación en el Congreso
tuviera la altura de miras necesaria para no ser un mero proveedor de
titulares y que consiguiera desentrañar hasta qué punto se llegaron a
agusanar y prostituir los pilares básicos del Estado de Derecho.
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