La aplicación de la cláusula suelo sufre fuertes presiones

 La banca exige al Gobierno su voluntariedad en la norma que se está estudiando

El Gobierno quería aprobar, en el Consejo de Ministros de este viernes, la norma para la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en las hipotecas.


Pero, al final, ha decidido dejarlo para el primer consejo del año, el próximo 13.


Varios son los motivos: un pronunciamiento que se va a producir al respecto por el Tribunal Supremo, la negociación que se mantiene con la oposición parlamentaria y, sobre todo, las presiones de la banca para que dicha norma tenga carácter voluntario.


Del poder que tiene el sector financiero en el país lo da la muestra de este aplazamiento.


El PSOE ha dicho que no apoyará ningún proyecto de ley sobre la aplicación de las clausulas suelo que sea de carácter voluntario, es decir, que las devoluciones no sean obligatorias sino sólo para el caso de que el afectado reclame de forma voluntaria.  


El PP y Ciudadanos han logrado un acuerdo en tal sentido que es lo que buscan los bancos para intentar amortiguar los efectos económicos que se les viene encima debido a la sentencia del TJUE. La voluntariedad supone tener que acudir, primero, al servicio de reclamaciones del banco.


 En segundo lugar se produciría una negociación. Y aquí pueden producirse tres alternativas. Devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde el primer momento en que los intereses sobrepasaron el suelo establecido en la cláusula considerada abusiva por las autoridades judiciales más los intereses. En segundo lugar, lo mismo pero “perdonando” los intereses. Y, por último, que la cantidad a devolver se amortice en el préstamo hipotecario.


Lo del pago de los intereses tiene su importancia, sobre todo de cara al usuario. Hacienda ha querido meter “la cuchara” y quedarse con parte de la indemnización que obtendrá el afectado. 


 Así lo quería reflejar en el proyecto de Ley. Pero a los técnicos de Montoro se les ha advertido de que ya hay resoluciones vinculantes, sobre todo una efectuada por BBVA, en la que se deja claro que la devolución de dinero percibido de forma declarada ilegal no tiene efectos fiscales. Pero sí los intereses que tributan como rendimiento del capital mobiliario, es decir, lo que habitualmente se conoce como “fiscalidad del ahorro”.


La banca está utilizando este tipo de argumentos, y no las pérdidas que la sentencia van a ocasionar al sector, para exigir que la ley refleje la voluntariedad. Los socialistas ya han dicho que no. El Gobierno necesita sus votos, ya que sólo el apoyo de Ciudadanos es insuficiente.


 Y el PSOE amenaza con presentar al Congreso un proyecto alternativo que podría negociar con Podemos y nacionalistas.


Así las cosas, la aplicación de la sentencia del TJUE se presenta no sólo complicada sino imposible a corto plazo, salvo que se decida acudir a los tribunales españoles. De momento, esta opción está siendo descartada sobre todo porque sólo la interposición de la demanda cuesta 300 euros. 


 Ernesto Carratalá