Angela Merkel ha dejado de creer en las promesas de Mariano Rajoy. Quedan apenas cinco días para que empiece el mes de julio y el presidente del Gobierno aún no ha presentado su hoja de ruta para reducir el déficit el año que viene al 5,3%. Rajoy en estado puro o el discurso de un presidente sin nada que decir.

La canciller alemana desconfía especialmente de que el Gobierno vaya a ser capaz de recortar el gasto autonómico y se ha puesto firme. En los últimos días, Bruselas ha recrudecido así su presión sobre Madrid: no se trata de algo optativo, el Gobierno debe iniciar una plan de ajuste y lo debe hacer ya. El primer paso, según admitieron ayer por primera vez fuentes del Ministerio de Hacienda, podría ser una subida del IVA.

En esta línea el Ejecutivo de Rajoy está estudiando aprobar en las próximas semanas una subida de los tipos reducido y superreducido de este impuesto, aplazando el incremento en dos puntos del tipo general del impuesto para el año 2013, tal y como anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Entre los productos y servicios que tributan a un tipo reducido de IVA figuran actualmente el agua, alimentos no básicos, el transporte de viajeros, hoteles y restaurantes, entradas a espectáculos, dentistas o peluquería y vivienda nueva, entre otros.

Por su parte, los productos con un tipo superreducido son los de primera necesidad: pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y quesos. Además, también se benefician los libros, periódicos y revistas no publicitarios o las viviendas de protección oficial. Las fuentes consultadas aseguran que la idea del Gobierno incluye también el plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes.

¿Subida del tipo general en 2013?

La propuesta de subida de los tipos reducidos está encima de la mesa del ministro de Hacienda desde el pasado mes de marzo, y fue el propio Cristóbal Montoro quien durante un almuerzo con los grandes empresarios del país avanzó que el Gobierno había cumplido con el trámite para poder acogerse a "retoques" en los tipos reducido (8%) y superreducido (el 4%) del IVA.

Una hipótesis a la que se refirió también el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, durante una reunión, días después, con empresarios catalanes. Hay que recordar que estos dos tipos de IVA no fueron modificados con la subida del 16 al 18% del tipo general, aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Hacienda reconoció ayer que "se está analizando la estructura de tipos de gravamen del IVA y qué bienes y servicios están en cada uno de ellos", aunque insistió en que de eso no se infiere que se hayan decidido ya subidas impositivas y, mucho menos de bienes, sectores y servicios en particular. "No hay ninguna decisión tomada, y va a seguir habiendo tipos reducidos y superreducidos", insistió un portavoz del ministerio.

Una hoja de ruta para recortar

La subida impositiva sería, en cualquier caso, un paso más en el plan de ajuste que exige Merkel . Rajoy tiene previsto presentar el próximo mes de julio, en este sentido, un techo de gasto, donde se marcarían las líneas generales de lo que serán los presupuestos de 2013 y 2014. Lo más importante, sin embargo, será lo que ocurra con las autonomías.

El Gobierno alemán considera que Moncloa puede encontrarse con una férrea oposición de las autonomías -muchas de ellas bajo el poder de los barones del PP- para realizar los recortes y ajustes que se consideran necesarios.

Todos los expertos consultados por elEconomista coinciden en señalar, de hecho, que este será uno de los aspectos claves. "Desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado", asegura en este sentido Carlos de Benito, director de la Nebrija Business School. "Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos".

En la misma línea se pronuncia también Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos, que frente a la previsible subida del IVA, pide no obstante una rebaja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), "que nos permita ser más competitivos". Trigo insiste en que "se está perdiendo un tiempo precioso" y urge también a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los funcionarios, si es necesario cambiando la ley.

Las condiciones del rescate: hasta 2017 España sólo pagará intereses y tendrá 15 años más liquidarlo

España dispondrá de 20 años para devolver el eurocrédito de hasta 100.000 millones de euros que pidió ayer a Europa para sanear a la banca. Habrá cinco años de carencia -el ministro de Economía, Luis de Guindos, había pedido diez- durante los cuáles sólo se pagarán los intereses de la deuda, aplazando la amortización del capital, que no se empezará a devolver hasta 2017. A partir de entonces, habrá 15 años para satisfacer el préstamo.

"Lo que se discute ahora son los plazos de vencimiento, de devolución, y los tipos de interés a pagar, como cualquier familia que pide un crédito al banco", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, cuando se le preguntó por las condiciones del rescate bancario, que, en teoría, deben estar pactadas y cerradas antes del próximo 9 de julio.
El problema de España es que no ha pedido un préstamo normal, sino uno tan elevado que, aunque la petición de ayuda se vaya haciendo de forma gradual, de acuerdo con las necesidades, las condiciones para su devolución resultan de vital importancia para que no se convierta en una losa demasiado pesada para nuestro economía.
El pasado viernes, Guindos mostró su confianza en que el préstamo se mueva en parámetros similares a los de otros países y que, por lo tanto, tenga un plazo de amortización de al menos 15 años -el Gobierno reconoce ya que los 30 años de los que se habló en un principio son utópicos-, con un tipo de interés que se movería entre el 3 y el 4 por ciento.
Aunque sean sólo cinco años, la firma del plazo de carencia es una condición fundamental para no ahogar a la economía. "Es un periodo de gracia que permitiría al país recuperarse y lograr tasas de crecimiento suficientes como para empezar a devolver el principal dentro de cinco años en una situación en teoría mucho más cómoda", explica Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense.

Crecimiento

Pero, ¿a qué ritmo necesita crecer nuestro país para poder pagar el crédito sin sufrir una situación de asfixia financiera? "La fórmula para que la deuda sea sostenible radica en que el crecimiento económico, teniendo en cuenta la inflación, sea superior al tipo de interés que se ha pactado", asegura Josep Lladós, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Ahora mismo, en una situación de recesión, hasta un 3 por ciento podría resultar así una tasa demasiado alta, pero dentro de 5 años la cosa debería ser, en teoría, completamente distinta. "Se supone que con una inflación del entorno de un 2 por ciento, nos bastaría con crecer al menos un punto de forma anual para no tener problemas, con lo que muy mal tendría que estar la situación para que a partir de 2017 no pudiéramos pagarlo sin problemas", insiste Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket International.
Lo más importante es que si Europa acepta este periodo de carencia, el plazo de amortización posterior sería, además, lo suficientemente amplio. Sería un colchón importante para los tres bancos nacionalizados que se encuentran ahora mismo en una situación más crítica y que necesitan una inyección urgente de capital -Bankia, NovaGalicia y Catalunya Caixa-, pero también para todos aquellos que necesiten apoyo exterior.
No hay que olvidar que aunque es el Estado el que actuará como garante de la devolución, son las propias entidades las que tienen que devolver el dinero. De hecho, el Gobierno no descarta todavía que la ayuda se haga de forma directa a las entidades y no a través del Frob (Fondo de Garantía de Depósitos), como se dijo en un principio.
En cualquier caso, "habrá tiempo de sobra para poder sanear la banca con garantías y que no tenga que haber una liquidación desordenada de sus activos tóxicos en el sector inmobiliario", aseguró Rubén Manso, inspector en excedencia del Banco de España.

Una cuestión de preferencia

Más allá de los plazos, hay otro punto fundamental en la negociación: establecer si el fondo de rescate tiene o no la condición de acreedor preferente. Hay que tener en cuenta que el fondo temporal existente en la actualidad no tiene ese carácter privilegiado, pero tanto Alemania como Francia pretenden que el crédito se articule a través del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que entra en vigor el 1 de julio y sustituye al anterior.

Y si es así la cosa cambia, porque sí que habría un trato preferencial. Eso podría provocar el rechazo de los inversores a comprar deuda española ante el temor de un default, con lo que la prima de riesgo se dispararía. El ministro de Economía pretendía que hasta que esto no quedara resuelto no se pidiera formalmente el rescate y por eso lo ha ido aplazando. Pero la presión europea ha podido más y ayer realizó la solicitud formal. Y la renuncia a la preferencia no está garantizada