La subida del IVA deja
al descubierto una nueva
falsedad en la política
económica del gobierno.
Cabalgando sobre su chepa
Europa dicta medidas
que desmienten promesas.
El IVA, agazapado tras la espalda de Rajoy,
nos sorprenderá dispuesto a devorar a los
que tienen menos.
Rajoy sonríe.
Su Gobierno jalea su nombre.
Bankia sin alma y un gobierno sustentado en la maldad
Se rescata a los bancos y se deja en la indefensión a millones de familias en la extrema pobreza. La crueldad del gobierno del PP no tiene límites, permitiendo que personas como las de este vídeo se queden sin nada y tiradas en la calle ¿Para que sirve la Constitución en el estado español?
Bankia y otras entidades financieras son reflotadas con dinero de un rescate europeo de casi 200.000 millones de euros ¿Quien reflota a estas familias condenadas a la indigencia?
No están dejando otra salida que la insurrección popular.
El Gobierno está analizando los bienes y servicios que actualmente se gravan a tipos reducidos de IVA con el objetivo de ampliar las bases imponibles del impuesto, elevar la recaudación y cumplir así con la recomendación de Bruselas.
Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que han querido precisar que Bruselas no ha pedido directamente a España que suba el IVA, sino que amplíe las bases imposibles del tributo y que revise los estímulos a la adquisición de vivienda.
De esta forma, el Gobierno podría pasar productos de primera necesidad que actualmente se gravan al IVA superreducido (4%) o reducido (8%) - como el pan, los huevos, la leche o la fruta- al tipo general (18%) y ampliar así la recaudación del tributo.
Además, las mismas fuentes han asegurado que las medidas relativas al IVA incluidas en el plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes también sirven para ampliar las bases imponibles del impuesto al elevar la recaudación.
En este sentido, esperan que el plan, que llegará esta misma semana al Parlamento, entre en vigor en enero de 2013 o incluso antes, ya que se trata de un "proyecto ambicioso" que dota a la Agencia Tributaria de buenas herramientas para evitar el fraude.
Según las fuentes, el diseño del plan antifraude es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra el fraude, más aún en un año como el 2012 en el que es más necesario que nunca que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.
El plan incluye medidas novedosas como la limitación del pago en efectivo entre empresas y entre particulares y empresas a 2.500 euros, la obligación de declarar los bienes en el extranjero o la posibilidad de que la Agencia Tributaria adopte medidas cautelares.
Las fuentes han recalcado el efecto de la limitación del uso de efectivo, una medida que también han adoptado otros países y que puede ser muy positiva, ya que no busca recaudar, sino evitar este tipo de conductas.
En este sentido, han explicado que se trata de una medida preventiva, ya que su propio diseño hace que si alguien propone un pago de este tipo no tenga la seguridad de que no le va a denunciar la otra persona.
Esto es así porque si uno de los agentes implicados en el pago en efectivo denuncia el comportamiento del otro agente queda exonerado de la multa.
Ya se han acogido a la amnistía
En cuanto a la amnistía fiscal que ha puesto en marcha el Gobierno, las fuentes han avanzado que ya han registrado algunas declaraciones tributarias de carácter especial, aunque son aún "muy reducidas" en importe y en número.
En este sentido, han afirmado que las noticias como el recurso que ha presentado el PSOE en el Tribunal Constitucional generan incertidumbre y no ayudan nada a que la iniciativa funcione.
Fuente: www.diariocritico.com
RAJOY: "PRONTO HABRÁ MÁS MEDIDAS DIFÍCILES"
Cristóbal Montoro estudia cómo cumplir la hoja de ruta marcada por Bruselas. Las primeras consecuencias del rescate a la banca española se traducirán en breve en una subida de impuestos generalizada, no progresiva, a través de una revisión al alza del IVA reducido (8%) y superreducido (4%) que se aplica a la mayoría de productos básicos de la cesta de la compra, al sector hostelero y a la construcción de viviendas, entre otros. Hacienda pretende ampliar estas bases imponibles hasta el tipo normal del 18%, lo que implicaría una subida del 125% para el tramo reducido y de un 100% en el caso de que equiparar el superreducido al reducido.
De acuerdo con fuentes ministeriales, el Gobierno está analizando la estructura de tipos de gravamen del IVA -Normal (18%), Reducido (8%) y Superreducido (4%)- y qué bienes y servicios están en cada uno de ellos para definir cómo llevar a cabo su plan de “ensanchar las bases del impuesto”, siguiendo así las recomendaciones hechas desde la Comisión Europea o el FMI, junto a recortes de sueldos a funcionarios y retraso de la edad de jubilación. De esta reflexión, sin embargo, no debe inferirse que se hayan decidido ya subidas concretas y mucho menos de bienes, sectores y servicios en particular: “No hay ninguna decisión tomada y va a seguir habiendo tipos reducidos y superreducidos”.
Lo que ayer lunes iba a ser un briefing del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, para explicar la lucha contra el fraude en el IVA por medio de instrumentos legislativos poderosos, como el proyecto de ley aprobado el pasado viernes en consejo de ministros, terminó siendo una confesión de parte que descubre los planes del Ejecutivo, al reconocerse que el ministerio tiene encima de la mesa un análisis de revisión del IVA, aunque esto no tenga que significar "una modificación de los tipos de gravamen actuales". La única duda al respecto por despejar es cómo y cuándo, pero lo que es claro es que habrá subida del impuesto ligado al consumo.
En cualquier caso, la posible decisión de subir el tipo reducido y superreducido del IVA (8% y 4%, respectivamente) no corresponde a la voluntad del equipo de Cristóbal Montoro, contrario a esta política fiscal, como bien se cansó de repetir durante la campaña electoral el entonces responsable económico del PP y siendo ya ministro de Hacienda, sino a la hoja de ruta marcada por las instituciones que monitorizan el rescate a la banca española, que finalmente computará como deuda y cuya solicitud formal por parte de España se ejecutó ayer mismo, aunque el memorando con las condiciones no estará listo hasta finales de la primera semana de julio, según fuentes financieras.
En este sentido, aunque desde el Gobierno se ha tratado de negar que la inyección de 62.000 millones de euros (ampliable hasta 100.000) condicione la política presupuestaria, la revisión de las bases imponibles del IVA está directamente ligada con las recomendaciones realizadas hace unas semanas por la Comisión Europea, muy similares también a las sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando se refiere a las medidas de ajuste que aún quedan por implementar, como revisión de pensiones o prestaciones sociales. Y es que como ayer dijo el comisario europeo Joaquín Almunia, "las recomendaciones de Bruselas son obligaciones para España".Todavía sin definirDe momento, el Gobierno estudia cuál de los bienes y servicios afectados por estos tipos puede subir hasta el tipo normal del 18%, que sigue siendo uno de los más bajos de Europa. Además de los productos más básicos ya señalados, esta subida podría afectar a productos sanitarios, al transporte terrestre, aéreo y marítimo con destino a Baleares y a las entradas de acontecimientos culturales (cines, teatros, circos, conciertos, bibliotecas, museos, exposiciones). Nada queda libre de revisión para alcanzar el objetivo de déficit marcado por Bruselas.
Desde Hacienda reconocen que están analizando "cualquier tipo de recomendación que pueda servir para mejorar la situación", como si en realidad hubiera un margen de actuación voluntario. La evidencia de la necesidad de subir el IVA la puso de manifiesto el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, encargado de llevar a cabo la reestructuración del sistema financiero, hace ya dos meses, aunque desde Hacienda se ha insistido siempre en negar esta realidad, al menos descartando que fuera a ser una decisión a corto plazo. Urgida por la caía de la recaudación, Hacienda pretende llevar a cabo una lucha más eficiente contra el fraude en el IVA, de manera que de esta forma se incrementen las operaciones sujetas al impuesto y por tanto que crezca la recaudación. Desde el ministerio se incide en el aumento del fraude como argumento para explicar el descenso en la recaudación, "en una intensidad sin parangón", en lugar de referirse al descenso de la actividad económica y al incremento del ahorro por parte de las familias, decisión que penaliza el consumo.
Pese al plan especial para erradicar el fradue, remitido al Congreso para su tramitación como proyecto de Ley, con el que se pretende limitar el pago en efectivo a 2.500 euros, establecer la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero bajo sanción mínima de 10.000 euros, excluir del régimen de módulos a los profesionales de sectores con más fraude y establecer medidas cautelares en el ámbito recaudatorio, no impide que puedan a ampliarse las bases del impuesto sobre el consumo, el más sensible para la recaudación después del IRPF.
Cristóbal Montoro estudia cómo cumplir la hoja de ruta marcada por Bruselas. Las primeras consecuencias del rescate a la banca española se traducirán en breve en una subida de impuestos generalizada, no progresiva, a través de una revisión al alza del IVA reducido (8%) y superreducido (4%) que se aplica a la mayoría de productos básicos de la cesta de la compra, al sector hostelero y a la construcción de viviendas, entre otros. Hacienda pretende ampliar estas bases imponibles hasta el tipo normal del 18%, lo que implicaría una subida del 125% para el tramo reducido y de un 100% en el caso de que equiparar el superreducido al reducido.De acuerdo con fuentes ministeriales, el Gobierno está analizando la estructura de tipos de gravamen del IVA -Normal (18%), Reducido (8%) y Superreducido (4%)- y qué bienes y servicios están en cada uno de ellos para definir cómo llevar a cabo su plan de “ensanchar las bases del impuesto”, siguiendo así las recomendaciones hechas desde la Comisión Europea o el FMI, junto a recortes de sueldos a funcionarios y retraso de la edad de jubilación. De esta reflexión, sin embargo, no debe inferirse que se hayan decidido ya subidas concretas y mucho menos de bienes, sectores y servicios en particular: “No hay ninguna decisión tomada y va a seguir habiendo tipos reducidos y superreducidos”.
Lo que ayer lunes iba a ser un briefing del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, para explicar la lucha contra el fraude en el IVA por medio de instrumentos legislativos poderosos, como el proyecto de ley aprobado el pasado viernes en consejo de ministros, terminó siendo una confesión de parte que descubre los planes del Ejecutivo, al reconocerse que el ministerio tiene encima de la mesa un análisis de revisión del IVA, aunque esto no tenga que significar "una modificación de los tipos de gravamen actuales". La única duda al respecto por despejar es cómo y cuándo, pero lo que es claro es que habrá subida del impuesto ligado al consumo.
En cualquier caso, la posible decisión de subir el tipo reducido y superreducido del IVA (8% y 4%, respectivamente) no corresponde a la voluntad del equipo de Cristóbal Montoro, contrario a esta política fiscal, como bien se cansó de repetir durante la campaña electoral el entonces responsable económico del PP y siendo ya ministro de Hacienda, sino a la hoja de ruta marcada por las instituciones que monitorizan el rescate a la banca española, que finalmente computará como deuda y cuya solicitud formal por parte de España se ejecutó ayer mismo, aunque el memorando con las condiciones no estará listo hasta finales de la primera semana de julio, según fuentes financieras.
En este sentido, aunque desde el Gobierno se ha tratado de negar que la inyección de 62.000 millones de euros (ampliable hasta 100.000) condicione la política presupuestaria, la revisión de las bases imponibles del IVA está directamente ligada con las recomendaciones realizadas hace unas semanas por la Comisión Europea, muy similares también a las sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando se refiere a las medidas de ajuste que aún quedan por implementar, como revisión de pensiones o prestaciones sociales. Y es que como ayer dijo el comisario europeo Joaquín Almunia, "las recomendaciones de Bruselas son obligaciones para España".
Todavía sin definir
De momento, el Gobierno estudia cuál de los bienes y servicios afectados por estos tipos puede subir hasta el tipo normal del 18%, que sigue siendo uno de los más bajos de Europa. Además de los productos más básicos ya señalados, esta subida podría afectar a productos sanitarios, al transporte terrestre, aéreo y marítimo con destino a Baleares y a las entradas de acontecimientos culturales (cines, teatros, circos, conciertos, bibliotecas, museos, exposiciones). Nada queda libre de revisión para alcanzar el objetivo de déficit marcado por Bruselas.
Desde Hacienda reconocen que están analizando "cualquier tipo de recomendación que pueda servir para mejorar la situación", como si en realidad hubiera un margen de actuación voluntario. La evidencia de la necesidad de subir el IVA la puso de manifiesto el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, encargado de llevar a cabo la reestructuración del sistema financiero, hace ya dos meses, aunque desde Hacienda se ha insistido siempre en negar esta realidad, al menos descartando que fuera a ser una decisión a corto plazo.
Urgida por la caía de la recaudación, Hacienda pretende llevar a cabo una lucha más eficiente contra el fraude en el IVA, de manera que de esta forma se incrementen las operaciones sujetas al impuesto y por tanto que crezca la recaudación. Desde el ministerio se incide en el aumento del fraude como argumento para explicar el descenso en la recaudación, "en una intensidad sin parangón", en lugar de referirse al descenso de la actividad económica y al incremento del ahorro por parte de las familias, decisión que penaliza el consumo.
Pese al plan especial para erradicar el fradue, remitido al Congreso para su tramitación como proyecto de Ley, con el que se pretende limitar el pago en efectivo a 2.500 euros, establecer la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero bajo sanción mínima de 10.000 euros, excluir del régimen de módulos a los profesionales de sectores con más fraude y establecer medidas cautelares en el ámbito recaudatorio, no impide que puedan a ampliarse las bases del impuesto sobre el consumo, el más sensible para la recaudación después del IRPF.
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