La transición española sólo fue un cambio de régimen

La transición española sólo fue un cambio de régimen. No se puede hablar de normalización democrática en un país que no procesó a los responsables de un genocidio, conservando en sus puestos a conocidos torturadores como Manuel Ballesteros, alto cargo de la infame Brigada Político Social. La lista de policías franquistas implicados en graves violaciones de los derechos humanos que ascendieron después de la transición es interminable y escandalosa. La impunidad era (y es) la nota generalizada.

La tortura no es algo puntual, sino una trama cuidadosamente elaborada para reprimir el ejercicio de cualquier forma de disidencia. Mientras jóvenes cuyo único delito es asociarse para pedir la autodeterminación y el socialismo cumplen condenas de diez o veinte años, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado implicados en torturas y asesinatos apenas pasan unos meses entre rejas. Desde 1995, no hay en España una condena firme por torturas, pese a que más de 5.000 personas han denunciado malos tratos. Como diría Chesterton, "podemos creer en lo imposible, pero no en lo improbable".

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La delegada del Gobierno antisistema.
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El derecho a la manifestación no es que figure en la Constitución: es que es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia digna de tal nombre. La libertad de sufragio está íntimamente unida a la libertad de expresión y reunión porque el sistema democrático es algo más que votar y callar. Por eso es una burla antisistema que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, equipare ese derecho fundamental con "el derecho a no estar en una ciudad en ocasiones inhabitable" (literal). Es una huída hacia delante de una política empeñada en acaparar titular tras titular que, con este globo sonda, intenta tapar los excesos policiales de estos últimos días: algo que, a diferencia de las reformas constitucionales, sí es de su absoluta responsabilidad.

La delegada del Gobierno en Madrid también tiene su trabajo regulado por la Constitución. Sobre todo consiste en gestionar el monopolio de la violencia –las fuerzas policiales– para garantizar el cumplimiento de la ley. Por eso es otra burla antisistema que sea la propia delegada del Gobierno quien ampare que la ley no se cumpla. Por eso es una tomadura de pelo que, una semana después, aún no haya sido capaz de aclarar por qué los antidisturbios que actuaron el 25S ocultaron su número de identificación para evitar ser denunciados, o qué Congreso se protegía cargando en el andén de Atocha. Por eso es un escándalo que nadie en la Delegación del Gobierno ni en el Ministerio del Interior haya hecho otra cosa al respecto que felicitar a los antidisturbios por su actuación.

En un país normal, cuando la Policía incumple la ley, se investiga y se sanciona al responsable. En España, los premiamos con medallas pensionadas y desviamos con falsos debates "modulados" la atención.

(Ignacio Escolar)

Saberlo lo sabíamos todos, pero bueno es que lo diga la cúpula judicial!

El juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Gómez Benítez dice que la propuesta de Cristina Cifuentes sobre el derecho de manifestación es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales".