El gobierno de Rajoy colabora con la organización terrorista GRAPO

CHEMA GÓMEZ PONTON

(10 de agosto, 2013).- El 9 de septiembre de 2011 muere en la prisión de Aranjuez VI, de donde era director el señor Matías Muñoz Gajate, el recluso con número de identificación 7821000018, Manuel Ramón Arango Riego. Dicha muerte se produce en extrañas circunstancias y por tanto envuelta en una situación que produciría una alerta humanitaria en cuanto a vulneración de derechos humanos se refiere.

Para silenciar dicha muerte miembros del Ministerio del Interior que dirigía por entonces el fiscal en excedencia Antonio Camacho negocian con la organización terrorista para que el asunto no trascienda. En dichas negociaciones se llega al resultado del silencio mediante la puesta en libertad de la reclusa condenada por terrorismo Isabel Aparicio Sánchez,  entonces en la prisión de Brieva (Avila), una histórica de la organización y esposa del recluso muerto Manuel Arango.

Así ni la propia organización, ni la familia del recluso fallecido denuncian dicha muerte. Todos estos hechos se producen con un gobierno socialista y ante la inminente convocatoria electoral del 20N. Desde principios de diciembre del año 2012, fecha en la que el gobierno de Mariano Rajoy toma posesión del cargo, conoce tales acontecimientos y no ha hecho nada por cumplir con el estado de derecho. Simplemente sigue prestando su colaboración con la organización terrorista al dejar que una terrorista con sentencia firme del Tribunal Supremo y que tenía que cumplir condena hasta el año 2018, se haya fugado de la cárcel y actualmente se encuentre en paradero desconocido.

En la actualidad y para dar apariencia de realidad desde Instituciones Penitenciarias se atestigua que dichos reclusos se encuentran en la prisión de Zuera. La situación dentro de un estado de derecho es muy grave.

 Los funcionarios de la prisión de Zuera responsables de los recuentos de las celdas de los citados reclusos firman sus partes diciendo que los dos reos se encuentran allí cuando esas dos celdas están vacías.

Hay tres prisiones implicadas en el escándalo: Aranjuez VI donde muere el recluso y sale su cadáver sin que nadie diga nada. La prisión de Brieva en Avila, de donde se deja en libertad a la reclusa Isabel Aparicio. Y desde el pasado mes de mayo del año 2012 la prisión de Zuera desde donde se dice que ambos reclusos se encuentran allí.

Todo ello se resume en Prevaricación, falsedad en documento público, cohecho, tráfico de influencias y colaboración con banda armada. A ello se suma que los jueces de vigilancia Penitenciaria de las prisiones antes citadas no han realizado su trabajo y han mirado para otro lado. Lo más triste de toda esta situación no son los hechos delictivos narrados, sino la burla y desconsideración de las 84 víctimas mortales ocasionadas por los GRAPO: 29 policias nacionales, 18 guardias civiles, 5 policias municipales, 7 militares, 19 personas civiles y 5 vigilantes jurados, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Sin lugar a dudas para que de una prisión salga un cadáver y en otra se abran las puertas y se libere a una terrorista de un modo ilegal alguien desde el poder político ha tenido que dar su visto bueno. Si lo que narro amparado en mi libertad de expresión y libertad de información no fuese cierto, sería constitutivo de delito y la fiscalía tendría que actuar contra mi persona. De lo contrario, tendría que abrir una investigación y comprobar si en Zuera están dichos reclusos.

Si optan por el silencio, la postura de las autoridades sería delictiva y la propia fiscalía estaría colaborando con una organización terrorista. Lo dicho en este artículo se comprueba muy fácil; que la autoridad judicial visite  Zuera y compruebe que Manuel Arango vive. Como éste murió el 9 de septiembre del año 2011, el caso está servido.

En este escenario, el gobierno de Mariano Rajoy está colaborando con una banda armada. Así de simple, pues tanto el Ministro actual de Interior, el señor Jorge Fernández Díez, como el mismo presidente del gobierno saben lo que está ocurriendo en Zuera. Al igual que con la crisis, es algo que han heredado del ejecutivo anterior y con su complicidad están colaborando con el terrorismo.

En 1981, la la Guardia Civil, con el teniente coronel Rafael Masa (en la foto) a la cabeza, torturan salvajemente al padre de un militante de ETA, de 66 años de... edad. Nueve años después la Audiencia de Bilbao los condena, en un proceso repleto de dificultades.

Al año siguiente, comienzan los primeros indultos. En 1999, el Tribunal Supremo sentencia que se les debe abonar los salarios de los cinco años que han dejado de estar en el cuerpo militar y ser readmitidos. Masa pasó a la reserva de la picoletada.

Masa, además, fue uno de los cabecillas del asesinato, valiéndose del elemento del hampa Luis Morcillo, del diputado de HB Santi Brouard.

Después de su paso a la reserva de la Guardia Civil, fue detenido, en 2011, con más de cien kilos de cocaína.