Un pacto obsceno para controlar el poder

Un pacto obsceno para controlar el poder ‪#‎judicial‬ 

E. M. - 20/11/2013

 ¿SE IMAGINA alguien que la canciller Angela Merkel se reuniera con Sigmar Gabriel, el jefe del SPD, para pactar la composición de los órganos de gobierno de la Justicia y el presidente del Tribunal Supremo? Sería sencillamente imposible, pero esto es lo que ha sucedido en nuestro país, donde Rajoy y Rubalcaba han negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


 Ni siquiera se han molestado en guardar las formas. Han pactado las cuotas por partido, han designado los componentes del CGPJ en base a sus intereses políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente.

 En definitiva, se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración. No sorprende demasiado que el PSOE se haya comportado de esta manera porque siempre ha defendido que los miembros del CGPJ debían ser nombrados a dedo por los partidos. Pero el PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes.

 Este compromiso se ha incumplido y no cabe argumentar razones sobrevenidas o de carácter presupuestario. El PP ha optado por mantener el statu quo que le garantiza el control del aparato judicial a través de los nombramientos que realiza el CGPJ. Ello se ha hecho desde un descarado pragmatismo que justifica el nombramiento de personas como Álvaro Cuesta, que fue diputado durante casi 30 años y ex miembro de la dirección del PSOE, o Mercè Pigem, actual diputada de CiU. 


¿Con qué autonomía pueden decidir estas personas? Al actuar así, el PPy el PSOE están demostrando que carecen del menor interés en una Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo. 

¿Cómo no va a quebrar la confianza en el actual modelo bipartidista con estas prácticas? Tampoco está contribuyendo a prestigiar la imagen de la Justicia el comportamiento del fiscal general del Estado, que declaró que imputar a la Infanta Cristina sería «un trato de desfavor» pese a los muchos indicios que existen en el procedimiento judicial que demuestran que era algo más que una figura decorativa en Nóos y en Aizoon. Ayer mismo, la Agencia Tributaria emitía un informe en el que se reconoce que Aizoon ha defraudado a Hacienda 281.000 euros en cuatro años por el Impuesto de Sociedades, cantidad que no llega al delito.

 El mismo informe reconoce que Aizoon era una sociedad sin actividad alguna, con el único fin de blanquear el dinero captado en patrocinios y regalías. Resulta obvio, como decía el juez decano de Zaragoza, que cualquier otra española que no fuera Doña Cristina habría sido imputada pese a lo que afirma Torres-Dulce, que tendrá ocasión de demostrar su independencia en el informe que le ha pedido a la Fiscalía la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular de UGT. Será imposible que los ciudadanos crean en la Justicia mientras los altos tribunales y el fiscal general del Estado no demuestren que existe el mismo rasero para todos.