El Supremo dio por demostrado que los Mayor Oreja tenían
intereses en estas empresas, y ahora la ciudadanía sospecha de la nueva Ley de Seguridad
Privada que el ministro de Interior ha reconocido que está pensada para ampliar
su campo de actuación
Ahora es juez del Tribunal Constitucional, pero el 6 de noviembre de 2008, la magistrado Encarnación Roca Trías era juez del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Civil. Ese día la sala dictó una sentencia de la que ella había sido ponente y que tenía que ver con un recurso interpuesto por Mariano Rajoy Brey y los hermanos Mayor Oreja, Jaime, Carlos y José, contra Xavier Arzallus.
Rajoy y los Oreja contra Arzallus
En el año 2002, el político nacionalista en un acto público se quejaba de que se estuviera paralizando la posibilidad de aumentar los efectivos de la policía autonómica en 200 nuevos miembros. E insinuó que podía haber una razón oculta para ello. Sus palabras fueron: “no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”.
Lo que venía a decir el dirigente del PNV era, claramente, que se buscaba mantener en lo que él consideraba un número insuficiente a la policía autonómica, de forma que la seguridad de los amenazados por ETA tuviera que recaer en las compañías de seguridad que ofrecían servicio de escoltas.., y que en ese negocio los dirigentes del PP tenían intereses. Rajoy entonces era el ministro de Interior, razón por la que el líder peneuvista le incluía en su ‘pensamiento’.
En el año 2002, el político nacionalista en un acto público se quejaba de que se estuviera paralizando la posibilidad de aumentar los efectivos de la policía autonómica en 200 nuevos miembros. E insinuó que podía haber una razón oculta para ello. Sus palabras fueron: “no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”.
Lo que venía a decir el dirigente del PNV era, claramente, que se buscaba mantener en lo que él consideraba un número insuficiente a la policía autonómica, de forma que la seguridad de los amenazados por ETA tuviera que recaer en las compañías de seguridad que ofrecían servicio de escoltas.., y que en ese negocio los dirigentes del PP tenían intereses. Rajoy entonces era el ministro de Interior, razón por la que el líder peneuvista le incluía en su ‘pensamiento’.
La reacción de Jaime Mayor incluyó calificativos contra
Arzallus como ‘calumniador’ y ‘cobarde’, y ante la negativa del político
nacionalista a rectificar, acabó en una demanda ‘por intromisión en el honor’.
Sus hermanos se sumaron a Jaime, y los tres presentaron la querella a la que,
aún más sorprendentemente, se sumó Mariano Rajoy, un hombre que huye de
los pleitos, como se ha demostrado en el caso Luis Bárcenas, contra el que se
ha negado a actuar legalmente mientras que sí lo hicieron su partido y otros
líderes ‘populares’.
Juzgado de Primera Instancia, Audiencia Provincial y
Supremo coincidieron: los Oreja habían participado en el negocio de la
seguridad
Los hermanos Oreja y, con ellos, Mariano Rajoy, fueron perdiendo demanda y recursos. Primero fue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, que de acuerdo a la documentación aportada durante la causa, dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, una empresa que gestiona compañías de seguridad, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia. Después ante la Audiencia Provincial de Vitoria, que vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia.
Los hermanos Oreja y, con ellos, Mariano Rajoy, fueron perdiendo demanda y recursos. Primero fue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, que de acuerdo a la documentación aportada durante la causa, dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, una empresa que gestiona compañías de seguridad, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia. Después ante la Audiencia Provincial de Vitoria, que vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia.
Y al final ante el Supremo, que, conforme a lo que proponía
la ponente, la juez ahora del Constitucional, Encarnación Roca Trías, en su sentencia daba por probado que “de acuerdo con
la documentación aportada relativa a las certificaciones del BORME (Boletín
Oficial del Registro Mercantil), desde 1992 hasta el momento en que se efectúan
las declaraciones por parte del D. Xavier Arzallus Antia diferentes miembros de
la familia Mayor Oreja habían ostentado y ostentaban cargos diversos en
empresas privadas de seguridad”.
Un negocio que ‘mancha’ a los dirigentes populares
En realidad, la insinuación de Arzallus, los intereses de los Mayor Oreja en los negocios de la seguridad privada, que todos los tribunales fueron dando por hecho probado, es algo de lo que siempre se ha acusado a políticos del PP. Tanto desde las filas de la oposición de izquierda, como desde el público. De hecho, tan pronto se conoció que se iba a permitir que los vigilantes privados pudieran hacer funciones hasta ahora reservadas a la policía, en las redes sociales se está apuntando en esta dirección profusamente.
En realidad, la insinuación de Arzallus, los intereses de los Mayor Oreja en los negocios de la seguridad privada, que todos los tribunales fueron dando por hecho probado, es algo de lo que siempre se ha acusado a políticos del PP. Tanto desde las filas de la oposición de izquierda, como desde el público. De hecho, tan pronto se conoció que se iba a permitir que los vigilantes privados pudieran hacer funciones hasta ahora reservadas a la policía, en las redes sociales se está apuntando en esta dirección profusamente.
Lo cierto es que el propio ministro, Jorge Fernández ha
reconocido que la ley va a servir para ‘revivir’ el campo de negocio de las
empresas de seguridad privada, que se había convertido en ‘víctima colateral’
del fin de los atentados de ETA. El argumento que utilizan en Interior, uno muy
recurrente: en España el número de vigilantes por habitante es menor que en
otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Una forma de consagrar el
hecho de que el Estado se dispone a renunciar a tener más policías o guardia
civiles -sólo se están reponiendo el 10% de las plazas que quedan vacantes en
estos cuerpos de funcionarios-, para ‘privatizar’ la responsabilidad de la
seguridad.
Un negocio que mueve en estos momentos por encima de los
3.500 millones de euros al año y que se va a ver muy reforzado porque ante
estas empresas se abre la oportunidad de cubrir tareas que hasta ahora llevaban
en exclusiva las Fuerzas de Seguridad públicas, y que, como les venimos contando en ELPLURAL.COM en los últimos
meses, van a incluir la supervisión de la convivencia en zonas
abiertas y otras como las zonas exteriores de los recintos públicos.
Mayor Oreja: el liberalismo como coartada
12/04/07
12/04/07
De todos es sabido que el liberal-capitalismo no cree en el Estado, que entre sus dogmas está el de privatizar funciones estatales como las de seguridad. Que cuando el PP estuvo en el poder, sus dirigentes apostaron por privilegiar a las empresas de seguridad privadas en detrimento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de la justificación ideológica, lo siguiente puede ofrecer otras explicaciones.
La historia nace en febrero de 2002, cuando se negociaba y negaba por el Gobierno del Partido Popular el incremento de 200 agentes de la Ertzaintza y la renegociación del Concierto Económico y el cupo. Xabier Arzálluz declaró que estos problemas políticos, entre otras razones, se encardinaban en los posibles intereses de Jaime Mayor Oreja y algunos de sus familiares en empresas privadas de seguridad y en la posibilidad de privatizar ciertos servicios de seguridad pública y policiales (hecho que efectivamente se ha producido con la generalización de agentes de seguridad privada en protección de instituciones oficiales, espectáculos públicos, servicios de escolta, estaciones de ferrocarril y aeropuertos, protección de altos ejecutivos de empresas públicas etc.).
Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, José María Mayor Oreja y Carlos Mayor Oreja presentaron una demanda civil de protección al honor acogiéndose a la Ley Orgánica 1/1982, demanda que ha sido desestimada y considerada además temeraria por dos órganos judiciales diferentes: el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vitoria y la Audiencia Provincial de Álava. Ambos órganos judiciales no solo declaran que las afirmaciones de Xabier Arzálluz son veraces, es decir que se ha practicado la debida diligencia en su averiguación sino que las han declarado hechos probados.
Ya el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vitoria declara probado lo siguiente: la participación de Jaime Mayor Oreja en EULEN, que gestiona empresas de seguridad, de su hermano José María en Prosesa y, a través de la empresa intermediaria Estudios y Experiencia S.L., en otras empresas de seguridad, en las que participaban otros directivos del Partido Popular, como Prosegur, Prosesa y Protexa.
En la sentencia que resuelve el recurso de apelación de la Audiencia Provincial de Vitoria se va más allá y se declara probado lo siguiente:
- José Maria Mayor Oreja ha sido presidente de dos compañías de seguridad, Falcon Contratas y Seguridad S.A. y Falcon Servicios de Seguridad Integral y miembro del consejo a través de una empresa intermediaria de Cobra Sistemas de Seguridad S.A.
- José María Mayor Oreja fue apoderado hasta 1995 de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur y actualmente es administrador único de Segurotec S.A.
- Que el propio Jaime Mayor Oreja fue socio de Estudios y Experiencias S.L., empresa socia de Seguritec S.A. y de Protección y Custodia S.A.
- Dña. Purificación Mayor Oreja, hasta el año 2001, fue socia de Estudios y Experiencias S.L.
- José María Mayor Oreja sigue siendo hoy consejero de la sociedad Técnicas Especiales de la Construcción cuyo objeto social era la prestación de Servicios de Vigilancia, Protección, Defensa y Seguridad de las empresas.
- Marcelino Oreja es apoderado de Falcon Contratas y Seguridad S.A. Todos los datos anteriores los extrae la Audiencia Provincial de Vitoria del Registro Mercantil.
A mayor maldad: el presupuesto que el Ministerio del Interior destina este año a sufragar los gastos de escolta y protección de los perseguidos políticos en las provincias vascas y Navarra es de 100 millones de euros. Las empresas que se reparten este sabroso pastel son: Ombuds, Eulen, Seguriber, Coviar, Securitas, Prosegur, P-3, Prosetecnisa y Segur-Ibérica.
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