Aznar se construye un chalet
de 1,4 millones de euros en Marbella.
Algunas
fuentes aseguran que la operación se habría cerrado en una
cantidad cercana a
los dos millones de euros
La pasada semana llamó mi atención la noticia de que José María Aznar y
su esposa hubieran adquirido una mansión de lujo (dos millones de
euros) en una de las zonas más exclusivas de Marbella y también que
fuera la tercera vivienda de alto standing que el expresidente adquiría desde que dejó la Moncloa.
Tras
una breve reflexión concluí que no era la compra de una millonaria
residencia lo que disparaba mis alarmas sino la improcedencia de que el
comprador fuera un hombre público que en su día fue elegido presidente
de gobierno y que hoy vive (al igual que sucede con Felipe González) rodeado de lujos sin que nadie pueda asegurar si habría podido acceder a ellos de no haberse dedicado a la política.
No pretendo plantear un malicioso silogismo dirigido a concluir que Aznar se enriqueció ilícitamente gracias a
la política, Dios me libre, sino sólo sugerir que, por ética, no se
debería permitir a nadie que detente cargos políticos y que gestione
dinero público, hacer alarde de unas riquezas a las que no tenía acceso
antes de dedicarse a la res publica.
Del
mismo modo, me planteo la improcedencia de que quienes posean una gran
fortuna puedan acceder a la política, más aun si su riqueza procede de
una actividad sobre la que el político puede ejercer poder. Sumemos
a esto lo difícil que debe ser para quien no sufre privaciones
gestionar solidariamente una crisis como la que afecta a millones de
españoles y empatizar adecuadamente con su pobreza y necesidades.
No
se trata de negarle a nadie el derecho a ser rico ni tampoco oponerse a
que cualquier ciudadano pueda ejercer un cargo público si es
democráticamente elegido, pero sí que cuestiono éticamente el
contrasentido de que quienes siendo ricos y teniendo las necesidades más
básicas cubiertas, puedan ponerse en la piel de aquellos que carecen de
recursos y adoptar medidas en beneficio de la mayoría aunque les
perjudique impositiva y fiscalmente en sus ingresos y patrimonio.
Así,
es fácil entender por qué la mayoría de la ciudadanía contempla con
recelo a quienes dicen actuar en beneficio de la colectividad mientras
viven en la opulencia. Mas cuando suele tratarse de individuos de
talante arrogante y prepotente que actúan como si estuvieran por encima
del bien y del mal y hasta del resto de los mortales a quienes parecen
despreciar aunque sus riquezas se nutran del esfuerzo de los más
desfavorecidos.
Como
dato curioso, constataré la ausencia de "gestos de generosidad" ante la
crisis económica por parte de los millonarios españoles en contraste
con los de otros países, como Francia o EEUU, que no hace mucho pidieron
una mayor presión fiscal sobre sus fortunas como contribución para
paliar la crisis. Es pues comprensible que la ciudadanía se escandalice
al ver como hay políticos millonarios (o que actúan al dictado de las
grandes fortunas) que les imponen políticas de ajuste y recortes de
salarios y de prestaciones sociales en base a unas disposiciones que a
ellos no les afectan sino que, incluso, les benefician.
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