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Los perceptores de ayudas sociales en Euskadi realizarán trabajos comunitarios
El consejero Aburto confirmó ayer que a los beneficiarios de la RGI los podrán obligar a desarrollar tareas de interés social, además de a aceptar empleosEl consejero Aburto confirmó ayer que a los beneficiarios de la RGI los podrán obligar a desarrollar tareas de interés social, además de a aceptar empleos
Los perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI)
comenzarán a realizar tareas no laborales de interés social el año
próximo, en el marco de «una experiencia piloto» que el Servicio Vasco
de Empleo (Lanbide) desarrollará en los tres territorios históricos. El
proyecto, todavía pendiente de perfilar, lo anunció ayer en el
Parlamento vasco el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María
Aburto, al presentar un estudio que los grupos políticos le habían
pedido sobre cómo aplicar trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) a
62.000 vascos que subsisten con la RGI: parados sin recursos,
trabajadores con sueldos bajos y pensionistas que bordean la pobreza.
Las tareas comunitarias, unidas al requisito primordial de
estar disponible para el empleo, no aparecían originalmente como
obligatorias en la ley de garantía de ingresos, que regula la renta de
garantía y aprobada por PNV, PSE, EA y EB en 2008. Fue incluida más
tarde en la reforma que pactaron PSE y PP tres años después. El artículo
19 de esa nueva norma prevé imponer TBC, si bien con carácter
extraordinario, puesto que lo fundamental para quien cobra la RGI es
conseguir un empleo remunerado.
Pero sólo exime de realizar tareas
sociales a tres grupos: los pensionistas que tengan reconocida una
invalidez, los menores de 23 años que estén estudiando (ese grupo sólo
cobra la prestación en casos concretos) y, en general, toda persona que
Lanbide crea que debe ser exonerada.
El informe de Aburto -elaborado por la ONG Sartu y el
Centro de Documentación SIIS- explica que los trabajos comunitarios son
preceptivos en otros países a cambio de las ayudas. Es el caso, por
ejemplo, de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Holanda. Sólo
Irlanda las contempla con carácter «voluntario» e incluso las paga con
una cantidad añadida a la prestación (Francia también abona alguna
cantidad). «Yo no tengo claro si hay que pagar o no», admitió Aburto.
Pero el problema es de definición. Ahora mismo, recordó el
consejero, los TBC son el castigo alternativo que los jueces imponen en
España a conductores ebrios y a maltratadores. En cambio, en el contexto
de las prestaciones sociales tendrían una función integradora, junto a
la formación para el empleo y a otros factores de inclusión. La única
premisa es que nunca sustituyan un trabajo remunerado, aunque las ONG
especializadas en inclusión podrían encauzarlos hacia fines solidarios a
través de convenios con Lanbide (las asociaciones del voluntariado han
participado en el estudio).
Desempleo elevado
El titular de Empleo llevó su documento a la Cámara vasca
con un par de meses de retraso respecto al plazo que le habían dado.
Ayer dejó claro que no desea apresurarse en aplicar los TBC cuando las
tasas de desempleo son elevadas y Lanbide aún no tramita todos los
expedientes en el plazo legal de dos meses. Si a esa meta se le añaden
ahora los TBC, las oficinas podrían sufrir «un colapso», advirtió
Aburto.
Por ese motivo, antes que implantar tareas comunitarias de
forma generalizada, el consejero subrayó que su prioridad es sacar
adelante el papeleo de Lanbide y que la orientación laboral funcione. A
fin de cuentas, la meta de la renta de garantía es el mercado de
trabajo. Además, el desarrollo paralelo de los TBC no le parece una
tarea fácil si se quiere preservar la «dignidad» de la persona que
recibe ayudas. «No sé muy bien cómo hacerlo», confesó Aburto.
A pesar de ello, enumeró unas actividades «de participación
social» que pueden realizar quienes perciben la renta de garantía: ocio
y tiempo libre, atención a personas dependientes, energías renovables,
tratamiento de residuos, cultura y deportes, agricultura ecológica
periurbana (podar maleza); servicio solidario; dinamización turística,
rehabilitación de edificios públicos...
No obstante, puso pegas a enviar a perceptores de ayudas
para tareas de protección civil -el alcalde de Vitoria, Javier Maroto,
propuso reclutarlos en las nevadas, para quitar la nieve en las calles,
una tarea que genera críticas de los votantes al Ayuntamiento-. Aburto
explicó que los servicios de emergencia requieren personal entrenado y
estable, que se movilice con rapidez y que sea «voluntario».
Los grupos de la Cámara discreparon sobre el plan de Aburto
para los TBC. La parlamentaria de PP, Laura Garrido, los defendió como
una forma de que las personas que sobreviven con la RGI devuelvan a la
sociedad el esfuerzo económico que representa.
La representante de EH
Bildu Belén Arrondo los consideró un «castigo» para los desempleados que
no pueden defenderse.
Y Txaro Sarasua, del PSE, enfatizó que no deben
ocupar el lugar del empleo.


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