Uruguay estrena hoy la primera ley en el mundo que regula el comercio de la marihuana
Uruguay ha hecho historia al aprobar una novedosa ley para regular la producción, distribución y venta de marihuana, una medida única en el mundo, no exenta de polémica. La aprobación del texto en el Senado convierte a este país de 3,3 millones de habitantes en el primero en legislar en este sentido. Este año, el Gobierno de José Mujica ha aprobado la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual.
El proyecto de ley, que fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Representantes pasó su último trámite en el Senado este martes y podría ser promulgada por el presidente José Mujica hoy viernes, último trámite para su entrada en vigor, aunque la venta no se iniciará hasta mediados del próximo año.
La ley permitirá a los mayores de 18 años el cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis, con un máximo de 480 gramos de producción anual. Además, se permite el cultivo en clubes de membresía con entre 15 y 45 socios y la venta en farmacias autorizadas de un máximo de 40 gramos al mes para cada comprador, que tendrá que anotarse previamente en un registro obligatorio.
El objetivo de la ley es minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis. Tras resaltar la "ineficiencia" de las medidas represivas, el Gobierno ha señalado que "los problemas que genera el narcotráfico en Uruguay no pueden esperar a los consensos de los organismos multilaterales".
En Uruguay está permitido el consumo de marihuana pero no su producción y comercialización, algo que, según los defensores de la norma, llevaba al usuario a recurrir al mercado ilegal. "No se trata de crear un mercado de marihuana, se trata de regular el mercado que ahora está en manos del narcotráfico".
Los coffeeshops de consumo de marihuana no son legales en España, pero existen muchos clubes privados, sobre todo en las grandes ciudades, que gestionan plantaciones colectivas de cannabis para producir la marihuana y el hachís que consumen los socios en sus locales.
El vacío legal se evidenció a principios de 2012, durante la polémica que generó la intención del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de ceder unos terrenos a uno de estos clubes para que plantara marihuana. Una sentencia judicial anuló la cesión, aunque el alcalde la ha recurrido. El Parlamento vasco ha abierto un debate para decidir si debe regularse la actividad de estas asociaciones.
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