España ayudará a Portugal a sobrellevar la crisis
Llevará a cabo importantes inversiones en el sector sanitario del país vecino.
Clínicas de aborto lusas preparan el desembarco de las españolas
El 82,4 % de las
interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) que se realizaron en
Galicia entre el 2010 y el 2012 fueron «a pedimento da muller», según
los datos del Sergas. Pero el anteproyecto de la nueva ley del aborto
prohíbe ese supuesto, lo que significa que ocho de cada diez
interrupciones practicadas en la comunidad serán inviables con la nueva
norma. En el conjunto de España, el dato fue del 91,26 % el año pasado.
La prohibición será un
problema evidente para muchas clínicas privadas especializadas en IVE,
que perderán a buena parte de su clientela, agravado por el hecho de que
ahora se les va a impedir publicitarse. Entre las afectadas está la
viguesa Castrelos, con más de veinte años de dedicación. «Tal y como
está redactado el anteproyecto, la nueva ley nos obliga a desaparecer
?resume el ginecólogo Elías García?. Somos seis personas en la clínica
?prosigue?, vivimos de nuestro trabajo y una de las alternativas que voy
a plantearles es la posibilidad de instalarnos en Portugal, porque aquí
no podremos ni anunciarnos, como si fuésemos ilegales».
El país vecino puede ser
el principal beneficiario de las restricciones en España. En el 2007,
los portugueses aprobaron en referendo una ley que permite el aborto
libre hasta la décima semana de gestación (hasta la 16.ª por violación y
hasta la 24.ª por malformación del feto). Pues bien, clínicas privadas
portuguesas ?algunas, filiales de sociedades españolas? tienen ya sus
páginas web traducidas al castellano, ofrecen todo tipo de facilidades y
se preparan para recibir un aluvión de pacientes del otro lado de la
frontera.
En Multimédica Lusa, a
un paso de Salamanca, confirman que «las españolas están llamando para
informarse». Su servicio en Internet detalla con precisión cómo es el
proceso legal en ese país y especifica: «Todas las mujeres que lo
soliciten tienen los mismos derechos para abortar, independientemente de
su país de origen».
Estos centros no
excluyen a nadie y a las ciudadanas de la UE solo se les pide el
documento de identidad. La intervención se hace por aspiración, dura
unos treinta minutos y la estancia hospitalaria es de unas cuatro horas
en condiciones normales.
Para la responsable de
Comunicación de la madrileña Dator, «Portugal se va a convertir en la
nueva Londres», solo que varias décadas después. «Las españolas que
puedan permitírselo pagarán el aborto allí o en Francia y las demás lo
harán de forma clandestina, lo que aumentará la tasa de morbilidad, como
sucede en todos los países con leyes restrictivas».
El ginecólogo Enrique
Segrelles, director médico de la coruñesa ARCE, va más allá en esta
apreciación: «La mujer que no quiera ser madre, no lo será, así que el
número de interrupciones seguirá siendo el mismo, pero las clínicas bien
dotadas se van a quedar en stand by, con los casos más claros, y el
resto de las embarazadas se irán a la clandestinidad, lo que las sitúa a
la altura de las iraníes gracias a esta nueva ley».
Segrelles advierte
incluso sobre un «probable» aumento del número de abortos por «el
retroceso» en la educación preventiva de los jóvenes, «con la supresión
sobre todo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía». Y recuerda
que, en Galicia, el número de IVE bajó un 12 % el año pasado «gracias a
la labor informativa de los centros de orientación familiar y de las
propias clínicas».
Carmen Veira, gerente de
ARCE, lamenta que la mujer «quede tutelada, como los menores de edad», y
advierte sobre la alternativa portuguesa: «Nos tememos que no todos los
centros están acreditados legalmente, y Portugal no es Londres».
La Voz de Galicia
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