España se endeuda en 5.592 millones para afrontar su gasto militar

LUCÍA VILLA. Madrid.

 Además de lo contemplado en los PGE, el Gobierno aprobó créditos extraordinarios por valor de 1.441 millones para programas de armamento y operaciones en el exterior que generaron unos intereses estimados de 205 millones.

Para soportar los gastos de 2013 en materia de defensa, el Gobierno deberá añadir, a la ya de por sí abultada deuda pública, un total de 5.592 millones de euros. Esta es la cantidad de deuda militar acumulada durante este año, según los cálculos que el colectivo Utopía Contagiosa ha elaborado en un informe que se basa en datos oficiales.

Sólo para poder pagar el gasto militar contemplado en los Presupuestos Generales de Estado de 2013 (unos 14.927 millones de euros) el Estado necesita generar una deuda aproximada de 3.945,56 millones. Sin embargo, en la práctica esta cantidad se ve incrementada considerablemente, ya que una parte importante del gasto militar no aparece reflejado en los PGE, sino que se aprueba posteriormente a través de créditos extrapresupuestarios con cargo a la emisión de deuda pública.

España se endeuda en casi 5.6oo millones de euros para poder hacer frente al pago de un gasto militar impropio en tiempos de paz y crisis.

Por ejemplo, en lo que llevamos de año, el Consejo de Ministros aprobó un crédito de 877,33 millones destinado al pago de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), otro de 514,13 millones para operaciones militares en el exterior y un tercero de 50 millones en devoluciones del Estado a las industrias militares. En total, 1.441,46 millones adicionales a lo presupuestado.

“Algo muy grave es el oscurantismo que la deuda militar lleva consigo. Los PGE deberían reflejar todos los conceptos, pero en el área militar no ocurre así. En ocasiones, hay desviaciones de hasta un 30% en generar esa deuda extraordinaria. Se han comprometido pagos a la industria armamentística hace 3 o 4 años y sin embargo no aparecen reflejados”, señala Carlos Sánchez Mato, de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

Los propios organismos públicos dan fe de esta situación. La Intervención General de la Administración del Estado, un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, señaló en su último informe de 2011 que el Ministerio de Defensa había excedido en 1.144 millones de euros su propio presupuesto.

“Defensa minimiza arteramente sus presupuestos para aparentar austeridad, pero acaba gastando anualmente, al menos desde hace una década, en torno a un 16% más de los presupuestado, generando un constante sobreendeudamiento “ordinario”, señala el informe.

Parte importante del gasto militar no aparece en los presupuestos Utopía Contagiosa, además, suma una última partida al total de la deuda militar: la que suponen los intereses de ese dinero que España ha comprado para financiar sus gastos. Tomando como precio medio un 4%, el colectivo calcula que los intereses de la deuda militar en 2013 suponen 205,46 millones de euros.

“El problema de la deuda militar es que llegará un momento en que habrá que hacer quitas de esa deuda porque es impagable, debido a una política fiscal absolutamente errónea”, dice Sánchez Mato. En 2011 Defensa excedió su presupuesto en 1.144 millones El colectivo concluye en su informe que se trata de un sistema diseñado para el “único beneficio de industria armamentística” al que ningún grupo parlamentario se opone abiertamente. Entre los nombres más destacados de la lista de beneficiarios se encuentran Navantia, EADS, el consorcio establecido por Eurofighter, Ausgusta y Stork Fokker Aerospace; Airbus y Santa Barbara Systems.

Aunque teniendo en cuenta el volumen total de la deuda pública española (954.863 millones) el porcentaje de deuda militar podría parecer pequeño, en términos absolutos supone más de lo presupuestado en 2014 para Promoción de Empleo (4.073 millones), Educación (2.150 millones) o Sanidad (3.839 millones). “Además de insostenible por su magnitud, resulta altamente insolidaria en el actual contexto de crisis, pero además desmiente que no hay dinero para políticas sociales. Eso, junto al modo en que se ha adquirido la deuda y los impactos que de ella se derivan, la convierten en una deuda ilegítima”, señala el colectivo, que junto a organizaciones como Ecologistas en Acción y la Plataforma por la Auditoría de la Deuda, reclaman la necesidad de “auditarla” y de “declarar el no pago”.

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