Hablamos y denunciamos en múltiples ocasiones el expolio público que se
comete cuando los diferentes gobiernos neoliberales PSOE-PP deciden
"rescatar" a los Bancos, o cuando las grandes empresas eléctricas
reciben dinero público en forma de "déficit tarifario", o incluso cuando
empresas y servicios públicos básicos son privatizados para incrementar
los beneficios de las clases dominantes; por no hablar de los casos de
corrupción que inundan casi todas las instituciones del régimen español.
Sin embargo se presta muy poca atención a otro gran expolio público que
se viene cometiendo en España desde hace años y que tiene que ver con
el reparto de las ayudas públicas procedentes de Europa en el marco de
la Política Agraria Común
y que supuestamente van dirigidas a los agricultores y ganaderos
europeos y españoles. Recordemos que la PAC se gestiona y se financia
con todos los recursos del presupuesto anual de la UE.
Este mismo martes, coincidiendo con las negociaciones entre el ministro
Miguel Arias Cañete y las comunidades autónomas para la distribución
territorial de las nuevas ayudas, cientos de pequeños agricultores y
ganaderos llegados desde diferentes puntos de España convocados por la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se han manifestado
de nuevo frente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en Madrid. Las protestas se centraron principalmente en el
injusto y desproporcionado reparto que se hace de estas millonarias
ayudas europeas. Y no es para menos. El pasado año 2013 se aprobó en
Bruselas una nueva reforma de la PAC que establece las nuevas
condiciones para el reparto de estas ayudas públicas en los próximos
años. Para los pequeños agricultores y ganaderos esta reforma no cambia
nada y ellos siguen siendo los principales perjudicados. El expolio
público y la injusticia que se sigue cometiendo con el reparto de estas
ayudas en beneficio de las grandes empresas y terratenientes es
impresionante.
Veamos algunos datos para entenderlo. Según relata la organización Veterinarios sin Fronteras en un informe de mayo de 2012 titulado Una Política Agraria Común para el 1%, el
16% de los beneficiarios de la PAC se quedan con el 75% de todas las
ayudas; es decir, que la inmensa mayoría (el 84%) se reparte tan solo
el 25% del dinero. Existe por tanto una pequeña oligarquía fuertemente
subvencionada frente a una gran masa de agricultores y agricultoras que
no recibe apenas nada. El pago medio por beneficiario es de 3.000 €, en
concreto la mitad del total de personas que han recibido ayudas ha
recibido cantidades por debajo de los 1.250 €.
Una pequeña explotación
familiar puede recibir de media una cantidad cercana a los 500 €
anuales. Por el contrario, grandes empresas como Zumavesa (10 millones),
Pastas Gallo (7,4 millones), Grupo Siro (7,1 millones), Nutrexpa (5,5
millones), Bonnysa (6,2 millones).... o grandes empresas de la industria
alimentaria como Unilever (3,2 millones), Nestlé (2,7 millones),
Campofrío (2,5), Ebro Foods (3,2 millones)... también Supermercados como
Mercadona (2,6 millones), Lidl (700.000 euros), o Carrefour, Alcampo...
y por supuesto grandes terratenientes y familias de la aristocracia
parasitaria como la familia sevillana Mora-Figueroa Domeq, uno de los
tres mayores latifundistas de Andalucía (4 millones), Nicolás Osuna
(dueño de la inmobiliaria del mismo nombre), la Dehesa Los Llanos,
perteneciente al Marquesado de Larios (1 millón de euros), o la famosa
casa de Alba (2 millones), se llevan todos los años cantidades
millonarias de dinero público sin que ninguno de los beneficiarios sean
agricultores ni ganaderos, y a pesar de que estas empresas y familias
presentan beneficios y patrimonios millonarios cada año. Es una
auténtica vergüenza. (Las cifras anteriores corresponden sólo al año
2011)
Mención aparte merece el dinero público de la PAC que recibe la esposa
del actual ministro de Agricultura, Micaela Domecq: 400.000 euros entre
2010 y 2011. ¿Acaso la esposa del ministro es una campesina que vive
de trabajar la tierra con sus manos? Otro dato muy elocuente de la
corrupción legal que existe en este asunto: en España sólo 350.000
personas están dadas de alta como trabajadores en el campo, sin embargo
reciben ayudas 910.000 personas. Este dato escandaloso se explica porque
los grandes propietarios o empresarios dueños de la tierra tienen
derecho a cobrar estas ayudas aunque no vivan de su trabajo en el campo
ni sus tierras produzcan o creen empleo. Con la anterior reforma sólo
era necesario justificar que el 10% de los ingresos totales de una
persona procedían de su actividad agraria para poder cobrar las ayudas
europeas; ahora, con la nueva reforma de la PAC, ese porcentaje aumenta a
un 20%.
Un propietario que justifique que en sus tierras se ha
realizado al menos una labor al año, ya sea cultivo o barbecho, también
tendrá derecho a percibir ayudas de la PAC. Es decir, que a pesar de los
mínimos cambios que incorpora esta nueva reforma agraria, seguirán
cobrando cuantiosas ayudas públicas personas y grandes grupos o empresas
que no viven exclusivamente del campo, muchos de ellos ni siquiera lo
han pisado en su vida. Como se puede comprobar cada día, en la Europa
neoliberal y en la plutocracia española las élites políticas expolian y
empobrecen al pueblo trabajador para enriquecer sin límite a la
burguesía y la aristocracia parasitaria a la que, en no pocas
ocasiones, ellos mismos pertenecen. La política está dominada por el
poder económico y financiero, a nivel nacional e internacional.
Cualquier atisbo de democracia en este contexto es imposible.
La PAC no es más que otro instrumento político neoliberal utilizado para
beneficiar en este caso a las grandes corporaciones de la agroindustria
y a los grandes propietarios. Por un lado trasvasando directamente el
dinero público a los bolsillos de los terratenientes y grandes
capitalistas a través del reparto de las subvenciones públicas Europeas.
Y por otro lado, hundiendo a las pequeñas explotaciones agrícolas y
ganaderas imponiéndoles un modelo económico y comercial en el que no
pueden competir contra las grandes corporaciones que dominan el mercado y
contra los productos llegados de otros país mucho más baratos. En
1994, por poner un ejemplo que se cita en el informe señalado antes,
existían en España 140.000 explotaciones lácteas; hoy sólo quedan
23.000.
Desde ese año han desaparecido una media de 24 explotaciones
cada día, la mayor parte de ellas eran explotaciones familiares. En el
año 2012, cuando ya existían muy pocas ganaderías pequeñas en activo, se
seguían perdiendo 3 explotaciones diarias. ¿Acaso los españoles hemos
dejado de beber leche o comer carne, frutas, legumbres, hortalizas,
etc.? ¿por qué importar estos y otros muchos productos cuando
tenemos nuestros pueblos abandonados y nuestras tierras sin cultivar?
¿cuántos cientos de miles de puestos de trabajo directos se crearían
potenciando nuestro sector primario? ¿quién ha decidido que este sea
nuestro modelo económico y comercial? ¿lo hemos decidido las clases
populares o nos lo han impuesto las élites económicas con la complicidad
de las élites políticas?
Siempre me ha llamado la atención la poca atención que se le presta al
sector primario en España, cuando es un sector fundamental en la
economía y el empleo de un país y que influye tan directamente en la
vida cotidiana y la salud de todos los ciudadanos. Las políticas
neoliberales impuestas por la Unión Europa y aplicadas en España en las
últimas décadas basadas en un modelo de "libre"-mercado globalizado han
ido acabando poco a poco con los pequeños agricultores y ganaderos del
país. Lo mismo ocurre a nivel mundial. El aras del "libre comercio" y la
globalización se ha consolidado un modelo de producción, distribución y
consumo de alimentos que deja en manos de unas pocas multinacionales de
la agroindustria y la distribución el control de toda la cadena
agroalimentaria. Son estas grandes corporaciones las que deciden qué se
produce, dónde se produce, quién lo transforma, quién lo distribuye, a
quién se distribuye, y a qué precio se compran y se venden los productos
a nivel mundial. Los países y mucho menos los ciudadanos carecen de Soberanía Alimentaria. Nuestra
alimentación y por tanto también nuestra salud quedan en manos de las
"fluctuaciones del mercado", al igual que otras tantas cosas.
Para defender a nuestros agricultores y ganaderos, para llevar
población y recuperar la vida en las zonas rurales, deberíamos cambiar
nuestro actual modelo económico y comercial actual, y convertirnos en un
país productor, entre otras cosas. Y eso significa que debemos
abandonar el Euro y los actuales tratados y acuerdos económicos y
comerciales de corte neoliberal en los que estamos enredados. Abandonar
el modelo de globalización capitalista que tanto daño ha hecho a los
pequeños productores y las pequeñas explotaciones - a toda la
clase trabajadora en general - y aplicar políticas proteccionistas
que fortalezcan nuestros mercados internos frente a la invasión, el
abuso y el monopolio de las multinacionales españolas y extranjeras; así
como la expropiación de los terratenientes, la gestión y reparto
colectivo de las tierras, la creación de cooperativas agrícolas
populares, potenciar el comercio local... y, por supuesto, rechazar los Tratados de Libre Comercio
como el que están negociando EE.UU y la UE, que supondrá una nueva
puñalada para la pequeña industria y los pequeños productores y
comerciantes españoles. Obviamente todo esto de lo que hablo, en el
actual contexto político, económico y social es ciencia ficción.


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