Cada día resulta más evidente que la Infanta será declarada inocente de los delitos que se le imputan. Cualquier apuesta en sentido contrario haría saltar la banca en el muy improbable caso de que sonara la flauta de una condena o de que llegara a sentarse en el banquillo.
Sin embargo, con cada uno de los episodios judiciales en torno al caso Nóos aumenta la certeza de que Cristina de Borbón y su marido no son un ejemplo para los miles de ciudadanos que dentro de dos meses comenzarán a confesar sus ingresos –y algún que otro pecadillo– ante la Hacienda de Cristóbal Montoro.
Los duques de Palma arrastran un elevado déficit de prestigio, ambos son miembros destacados de la Familia Real y hoy en día una monarquía necesita una reputación sin tacha para perdurar. Es probable que nuestro profesor de Filosofía del bachillerato no diera por bueno el silogismo, pero se entiende.
¿Alguien cree que un juez de provincias –por muy tenaz, trabajador e inteligente que sea– doblegará la acción coordinada de varios ministerios, la Casa Real y la Fiscalía? Los duques de Palma han eludido pagos de impuestos, lo sostienen los inspectores de la Agencia Tributaria. Los mismos funcionarios defienden que el dinero defraudado no ha superado los 120.000 euros, cota a partir de la que se pasa de la falta administrativa al delito, en ninguno de los cuatro ejercicios fiscales que aún no han prescrito.
Un año escatimaron 99.787 euros, otro, 91.101, en 2009 dejaron de pagar 71.073 y en 2010 fueron 19.148.
En el transcurso de la investigación también se ha conocido que Aizoon era una empresa sin actividad. Una sociedad cuyo objetivo era ocultar a las personas físicas que habían generado las rentas. Su único fin social era pagar menos impuestos. Los duques de Palma actuaban así con la certeza de que la "pantalla fiscal" que representaba la hija de los reyes, evitaría que Hacienda metiera las narices en las cuentas.
Con la seguridad que proporcionaba este baluarte defensivo, el matrimonio utilizó Aizoon para gastos estrictamente personales y ajenos a la actividad –es un decir– de la empresa. Abonó un lujoso safari en Sudáfrica, una entrenadora personal, reformas en el domicilio familiar del lujoso barrio barcelonés de Pedralbes por valor de 436.000 euros, botellas de vino de Rioja y hasta ejemplares de la saga de Harry Potter.
Los duques, por separado o juntos, falsearon facturas, planearon la contratación de trabajadores en negro y cargaron a una empresa de su propiedad gastos que eran estrictamente personales. De esta forma lograron una doble desgravación a la hora de pagar el impuesto de sociedades de Aizoon –la empresa instrumental y sin actividad que compartían al 50%– y en la declaración de la Renta.
"Pagar menos a Hacienda", sería el lema escrito en la sede de la compañía, si la hubiera tenido. Los hechos no serán constitutivos de delito por parte de doña Cristina, damos por supuesto que esta será la resolución del caso, pero resultan poco edificantes por parte de cualquier ciudadano, y más si se trata de un miembro de la Familia Real.
Concepción Arenal escribió en sus Cartas a los delincuentes que "debería formar parte de la educación el conocimiento del Código Penal, principalmente para aquellas clases que están más expuestas a infringirlo". Y también las normas de Hacienda, hubiera podido concretar. Es evidente que Iñaki y Cristina estaban entre los grupos de riesgo. Primero, porque tenían sensación de impunidad.
Segundo, por su acceso directo a políticos como Matas y Camps, que se dejaban deslumbrar por el oropel que emanaba de su ducado.
La santa inocencia penal de la Infanta será proclamada más pronto que tarde por el propio juez Castro, por un tribunal de apelación o por uno juzgador. Sin embargo, la Infanta ha martilleado un clavo más en el ataúd del prestigio de la Monarquía. Antes lo hicieron la caza del elefante en Botsuana o la princesa Corinna.
En unos meses se sumará Iñaki Urdangarin, cuando se siente en el banquillo de los acusados. ¿Serán capaces el Rey y el heredero de cargar con tanto lastre?
Joan Riera
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