La
explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al
extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores
forzados.
El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos.
Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra".
Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de
obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e
instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi
cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos
en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35,
herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen
económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las
cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su
traslado a batallones de trabajadores forzados.Banús Hermanos, San
Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones.
Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales,
San Román, Huarte oBanús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de
metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista
Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres,
José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas,
ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones
de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos
susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera.
Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían
cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea
abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos.
Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica
cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller
a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez
Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios
que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía
señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La
Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer
copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las
organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su
beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que
reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo
motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las
empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la
otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio
Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia
argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini".
Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José
Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre,
deInfraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y
Juan Miguel Villar Mir, de Huarte(OHL)". Actuales responsables de
empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el
"abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que
han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún
comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la
mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de
memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores
forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras"
de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este
periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron
"imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la
mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las
líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras,
también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de
concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen
creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de
Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de
prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios
ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los
organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio
Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el
Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de
Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía
dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa
beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que
descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente,
el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90
empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de
obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a
la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a
compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo
de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de
Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de
varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales,
ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y
la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias,
conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o
Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la
metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista
Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería
(Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería
Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad
Constructora Ferroviaria oIbérica de Construcciones y Obras Públicas),
agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles,
cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía,
repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región,
con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron
activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que
intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y
1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
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