MANIFIESTO EN APOYO AL ACTOR GOTZON SÁNCHEZ
Gotzon Sánchez es un actor vasco que lleva años dedicado a su profesión, de la que vive, y que ha trabajado en diversas películas y series y ha aparecido en diversos anuncios en televisión. El último ha sido el de la campaña de Coca-Cola. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, enterada de que Gotzon presentó un acto de HERRIRA y, acusándole de ser de ideología abertzale, como si eso fuera un delito, ha mandado una carta al Presidente de Coca-Cola para que retire la campaña. Y lo ha hecho utilizando también para ello a los medios de comunicación como el periódico El Mundo, a pesar del daño a la imagen que podía hacer al actor y las repercusiones negativas que ello pudiera tener para su carrera profesional.
Herrira es una organización independiente dedicada a defender los derechos humanos de los presos y presas vascos, que entre otras cosas pedía, antes de que la ilegalizase la Audiencia Nacional en septiembre pasado, el fin de la dispersión de los presos y presas vascos y de la doctrina Parot, revocada por el nada sospechoso de ser o de apoyar a ETA Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Gotzon Sánchez se ha significado siempre por defender la paz y la reconciliación en Euskal Herria, como lo demuestra su presencia activa en el encuentro de víctimas de ETA y de los GAL celebrado en Madrid en abril pasado. Por ello presentó el acto de Herrira antes de que la ilegalizasen y ha participado en manifestaciones autorizadas denunciando la criminalización que se está haciendo de quienes defienden los derechos humanos en Euskal Herria. Contra Gotzon Sánchez no hay ninguna acusación, ni está inmerso en ningún proceso judicial. Es la primera vez que algo así le pasa en su vida.
Coca-Cola, en una decisión inaceptable, ha decidido retirar la campaña haciendo caso a Dignidad y Justicia, una asociación de víctimas que, lejos de buscar la reconciliación o la paz, tiene por objetivo personarse en todas las causas que se abran contra ETA o la izquierda abertzale con un espíritu que, desde luego, no es el de la reconciliación. Las víctimas de la violencia, todas las víctimas de la violencia, merecen respeto, que se las trate con dignidad y que se haga justicia con ellas. Pero eso no les da derecho a interferir o marcar la política de un país o hacer, como en este caso, que profesionales no puedan trabajar por tener una ideología diferente a la suya.
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En este caso estamos ante una situación extremadamente grave ya que:
1) Supone una vulneración clara de los derechos contemplados en nuestra Constitución, que explícitamente señala en su artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y en su artículo 16.1 que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”, y en el 16.2 que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”
2) Va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo 8 dice que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, y en el 10.1 dice que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras…”
3) Supone un atentado contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, en su artículo 2 dice que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y en el artículo 12 señala que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”
4) Crea un peligroso precedente para que, a partir de ahora, existan listas negras de profesionales de cualquier sector que, por defender una ideología u otra, sean vetados en el mundo laboral.
5) Da pie a que, a partir de ahora, antes de contratar a un profesional (actor en este caso), se investiguen sus creencias políticas o su ideología, en una clara vulneración de sus derechos fundamentales.
Por todo ello l@s firmantes de este manifiesto exigimos a Coca-Cola que, igual que ha pedido públicamente perdón a quien haya podido ofender con la campaña que ha retirado, pida públicamente perdón a Gotzon Sánchez y a todos los que nos hayamos podido sentir ofendidos y vistos vulnerados nuestros derechos por su decisión de retirar la campaña, y a la fiscalía del Estado a que estudie las medidas que debe tomar contra la Asociación Dignidad y Justicia por haber vulnerado públicamente los derechos fundamentales de Gotzon Sánchez.


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