Con un ejercicio de filibusterismo leguleyo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
ha esquivado todas las preguntas y peticiones de datos que le
formularon antes del verano los diputados de los grupos de la oposición
sobre las reclamaciones y sanciones que la Agencia Tributaria viene
cursando desde 2012 a los emigrantes retornados por sus pensiones del
extranjero.
A los parlamentarios socialistas andaluces, encabezados por Miguel Ángel Heredia Díaz,
Montoro les niega cuántos jubilados se han visto afectados en Andalucía
por los requerimientos y sanciones de Hacienda. A la diputada del BNG Rosana Pérez, tampoco puede decirle cuántos gallegos hay en esa situación. Y al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca,
tampoco le ha contestado sobre las exigencias fiscales a esos ancianos
después de una vida de trabajo en el extranjero, en contraste con la
amnistía fiscal de 2013 a los grandes defraudadores.
Según los datos de la Agencia
Tributaria, más de 33.000 jubilados vivos, y algunos ya fallecidos, han
recibido y siguen recibiendo en sus domicilios los requerimientos para
que declaren las pensiones que cobran por sus años de trabajo fuera de
nuestras fronteras. Los que no han atendido los requerimientos o no han
podido pagar las cantidades que les reclaman, que en muchos casos
superan los 20.000 euros, han visto embargadas sus cuentas corrientes.
Sólo en Galicia les han cobrado más de cinco millones de euros por esa
vía en el ejercicio de 2013, según fuentes de Hacienda. La cantidad se
duplica en el caso de Andalucía.
Ambas Comunidades Autónomas encabezan
históricamente el ranking de la emigración española que ahora, con la
crisis del sector financiero y su impacto en los sectores productivos y
de servicios, vuelve a expulsar del país a decenas de miles de
trabajadores. Según los datos oficiales, en 2012 abandonaron el Reino de
España 57.267 trabajadores en busca de empleo en el extranjero y en
2013 se fueron otros 79.306, aunque esta cifra todavía es provisional y
puede ser más alta. En proporción a su población, Galicia sigue
encabezando la expatriación con 9.378 emigrantes controlados, seguida de
Cataluña con 25.517 y de Andalucía con 15.043 en los dos últimos años.
A los más de 33.000 que regresaron y
están fichados por Hacienda como perceptores de pensiones causadas en el
extranjero, el Gobierno de Mariano Rajoy les ha dado
de plazo hasta el 31 de enero para que declaren las cantidades que han
cobrado en 2012 y 2013, paguen a Hacienda el porcentaje del IRPF que les
corresponda, satisfagan las multas por no haber declarado y, luego, si
se aprueba la reforma fiscal que tramita el Congreso de los Diputados,
les devolverán el dinero. Quiere decirse que la devolución se realizará
en fechas preelectorales con el fin de que pueda beneficiar al partido
gubernamental.
La perversidad de la medida es más
lacerante si se tiene en cuenta que a estos jubilados les comunicaron
formalmente hace cuatro años que no tenían que declarar las pensiones
del extranjero. Ahora, en cientos de casos, les han embargado las
cuentas corrientes. Las multas y quitas de dinero afectan al segmento
más humilde y golpeado por la crisis de 2008 y la falta de empleo. En
muchísimos casos son el sustento familiar en un país con 20,4 de cada
cien habitantes por debajo de umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) realizada por el INE en 2013. Canarias supera ese porcentaje en
ocho puntos, seguida de Andalucía, con el 29,1% y de Extremadura con el
30,4% de su población por debajo del umbral de la pobreza.
Con todo, la negativa del Ejecutivo a
precisar cuantos jubilados se han visto afectados por los avisos,
requerimientos y embargos de Hacienda, se ampara en el argumento legal
de que muchos no han declarado todavía y aún están en plazo de hacerlo. Y
se comparece –la negativa– con la ya tradicional política de
transparencia gubernamental.
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