Inválido total en Suiza es "rehabilitado" en España
Si has decidido
marcharte, sacúdete el polvo de los zapatos cuando cruces la frontera y
no vuelvas jamás a esta España de la nueva Inquisición, llena de
policías, guardias civiles y ladrones.
Antonio Castro Creo, de
Boiro, pertenece a la generación de gallegos que emigraron a Suiza
cuando casi no les había salido la barba. En su caso, ya tenía allí a su
padre. Así que no se lo pensó dos veces y se marchó al extranjero
«porque España era unha pena».
Como tantos otros,
trabajó a destajo. En teoría, lo suyo era el andamio. Pero en la
práctica hacía de todo: «Estaba desexando que pasaran as oito horas coa
paleta na man para ir facer máis cousas. Un día amañaba xardíns, outro
ía limpar os miles de cristais da Rolex, outro máis facía chapuzas. Todo
se resumía en traballar, e sempre en A, non como ocorre aquí». Cotizó
durante dos décadas en el extranjero. Hasta que en el 2005 la vida le
deparó una desagradable sorpresa. Le tuvieron que extirpar un tumor
cerebral que tenía alojado en una zona de difícil acceso. Y ya nada fue
lo mismo. Ahí comenzó su calvario. Primero, a vueltas con su salud. Y
después, ya de regreso en España, con la burocracia.
A Antonio le tocó
enfrentarse a esa grave operación con 40 años, casado y con dos críos.
La intervención se la practicaron en Suiza -a este boirense le da la
risa cuando los españoles dicen que la sanidad de aquí es la mejor, él
cuenta maravillas de la suiza- y, aunque afortunadamente el tumor no era
maligno, las cosas no salieron el todo bien. La rehabilitación fue
larga y dura. Tuvo que aprender a andar de nuevo. Y lo hizo. Pero le
quedaron secuelas, que todavía siguen con él. La herencia que le dejó el
tumor se traduce, entre otras cosas, en temblores, una parte de la cara
que se le descuelga, lagunas de memoria y parálisis de parte del
cuerpo. En Suiza no tuvieron dudas. Le concedieron el grado máximo de
incapacidad y le otorgaron una pensión suficiente para vivir. También
una ayuda de 800 euros por hijo. Con ese dinero asegurado, regresó a
España.
Dado que, como dice,
«tiña bastante coa saúde», en los primeros años de estancia en Boiro no
se preocupó lo más mínimo de saber si aquí le reconocían la misma
invalidez o no. «Eu cobraba a miña pensión e punto. Non tiña nada que
reclamarlle ao Estado español e pensaba que eles a min tampouco». Se
equivocaba. Relata que, aunque preguntó varias veces en Hacienda si
tenía que tributar por su paga y por las ayudas para los estudios de sus
hijos, le dijeron que no -algo que cuentan más emigrantes retornados-.
Así que no declaró ese dinero que venía de Suiza.
Se los retiraron de la cuenta
En el 2012, se topó de
bruces con una cruda realidad: «Reclamáronme uns 10.000 euros soamente
por un dos anos non cotizados, concretamente, polo 2008». Hacienda le
acabó embargando el dinero de la cuenta. Y ahí, se le encendieron todas
las alarmas. Si le reclamaban ejercicio por ejercicio... ¡Iba a deber
40.000 euros! Buscó ayuda desesperadamente. Abogados, plataforma de
emigrantes retornados, médicos... En todas partes le dijeron que lo
único que necesitaba era que en España le reconociesen su minusvalía y
que, automáticamente, ya no estaría obligado a declararla (las
prestaciones por invalidez, en el caso de incapacidades permanentes
absolutas o grandes invalideces no tributan en el IRPF). Parecía fácil.
Pero ni lo fue ni lo está siendo.
«Solo me recoñecen o 43
%, así que teño que seguir declarando. Queren quitarme tanto parte da
miña paga como das axudas que cobran os meus fillos», dice Antonio.
Reclamó por la vía
administrativa. Pasó reconocimientos médicos. Y, «para gran sorpresa do
meu neurólogo», no solventó nada. Ahora, se encomienda a la Justicia. Va
a interponer un recurso contencioso-administrativo para intentar
enderezar este asunto. A la espera de ver qué ocurre, él sentencia:
«Quero que se saiba como se actúa en Europa e como se fai aquí. Que
triste».
La Voz de Galicia
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