Las protestas contra la edición del Toro de la Vega del pasado año se saldaron con multas que suman más de 100.000 euros correspondientes a 143 expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Tordesillas y la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en una práctica sancionadora como nunca antes se había conocido en estos actos antitaurinos.
Alrededor de doscientas personas protagonizaron una sentada en la rotonda situada al final del puente de la localidad para impedir la suelta del toro 'Elegido', lo que obligó a retrasar su inicio durante unos 20 minutos, hasta que la Guardia Civil desalojó a los activistas. Agentes de la Policía Local también identificaron a otras personas como presuntos autores de pintadas en fachadas, que también han sido sancionados.
El alcalde de Tordesillas, el socialista José Antonio González Poncela, está de acuerdo con estas multas porque "es algo lógico. Si alguien intenta boicotear una actividad pública legal y autorizada debe ser castigado. Los actos de vandalismo no pueden quedar impunes", dice.
Al amparo de la Ordenanza municipal, el Ayuntamiento abrió el año pasado 73 expedientes sancionadores, de los que se ha completado la tramitación de 53, con multas que oscilan entre los 1.200 y los 2.400 euros. En la Delegación del Gobierno fueron 96 las denuncias presentadas por la Guardia Civil, de las que 90 terminaron en multas de 600 a 1.000 euros. Muchas sanciones han sido recurridas y siguen su curso administrativo.
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