- Pagan el mantenimiento pese a que los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no obligan a las autoridades educativas a ofrecer, y menos pagar, estos lugares de culto.
- La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, es juzgada este jueves por la protesta en el oratorio de la Complutense, que el rector trasladó a un local más pequeño.
- El Estado también se hace cargo de financiar y mantener las capillas y capellanes en el Ejército, que tiene arzobispo castrense con rango de general de división.
Este jueves, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, va a juicio acusada de participar en la protesta de la capilla católica
de la Universidad Complutense del campus de Somosaguas en 2011, cuando
un grupo de estudiantes irrumpió en la sede. Ahora la van a juzgar por
un delito de odio religioso, por lo que el fiscal pide un año de prisión
e inhabilitación para presentarse a unas elecciones (sufragio pasivo).
Más allá del acto en así –la propia Maestre, como adelantó eldiario.es, pidió disculpas al arzobispo de Madrid
en un reciente encuentro privado–, el caso pone de manifiesto la
inusual presencia de la Iglesia católica en el ámbito público y,
especialmente, la existencia de capellanías –sufragadas con el dinero
público de las instituciones educativas, no por la Iglesia– en la
universidad. Así que con el presupuesto universitario se sufraga luz,
agua, mantenimiento, limpieza, además de la cesión del local. Del
capellán, en los campus que tienen, se encarga la Iglesia.
En España existen al menos
33 capillas católicas en centros universitarios públicos. La gran
mayoría, una veintena, se encuentra en Madrid. Ocho en la Complutense y
la Politécnica, cuatro en la Autónoma y otra en la Rey Juan Carlos. Pero
también hay tres en Sevilla y al menos una en Barcelona. La Laguna,
Zaragoza, Alcalá, Alicante, Córdoba, Salamanca, Santiago, Oviedo, Huelva
o Pamplona completan la lista.
En este caso, y a diferencia
de lo que sucede en hospitales, las cárceles o el ejército, los
acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no obligan a las autoridades educativas a
ofrecer, y menos sufragar, estos lugares de culto. El concordato en
materia de enseñanza únicamente establece que la presencia católica en
las universidades “se hará de mutuo acuerdo con las diócesis”, y
recomienda a obispos y rectores llegar a acuerdos sobre la presencia de
la religión en la Universidad.
Sin embargo, lo cierto es
que ni siquiera después del polémico “asalto” el anterior rector, José
Carrillo, se atrevió a acabar con la capilla de Somosaguas, limitándose a
ofrecer otra aula en lugar del local anterior (mucho más grande),
aduciendo “necesidades educativas”.
Salas multiconfesionales
En los últimos tiempos, como
también sucede en los hospitales, las universidades públicas están
comenzando a habilitar “salas multiconfesionales”. La pionera fue la que
se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, mientras que la
Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá cuentan con
espacios “diáfanos y sin simbología religiosa” para que cualquier
alumno, sea cual sea su confesión, pueda encontrar un lugar en el que
rezar.
En cuanto a los hospitales,
la práctica totalidad de los centros públicos cuenta con capillas
católicas aunque algunos, especialmente los nuevos, están creando “salas
de culto” que pertenecen a la institución hospitalaria y no a un credo
determinado. Ejemplo de ello son el Hospital de San Sebastián de los
Reyes y el Universitario de Fuenlabrada, que cuentan con espacios
diáfanos, suelos y paredes despejadas, sin muebles ni ornamentos, que
pueden ser utilizados indistintamente por cualquier confesión para
funerales u oraciones colectivas, previa petición. Los espacios son muy
similares al que se encuentra en la Terminal 2 del Aeropuerto de Madrid
Barajas desde finales de los noventa.
La presencia de lugares de
culto también es una constante en tanatorios, centros penitenciarios y,
por supuesto, en el ejército, donde existe una capellanía cuyo máximo
responsable, el arzobispo castrense, tiene rango de general de división.
Los servicios religiosos en
el ejército los sufragan los presupuestos generales del Estado. En las
cárceles y los hospitales, depende del acuerdo entre la diócesis y la
administración autonómica, aunque la práctica habitual es que si el
sacerdote trabaja como tal en alguna parroquia, reciba un complemento
por su trabajo. Si no está adscrito a ninguna otra función, el sueldo
forma parte del presupuesto de la prisión o el centro hospitalario
correspondiente.
Según datos de 2014, en
respuesta a una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, en España
existían 415 capellanes dedicados a tiempo parcial o completo en
hospitales. En los centros penitenciarios trabajaban un total de 146
capellanes (la mayoría católicos, aunque también existen evangélicos,
judíos y musulmanes). Su coste superaba los 300.000 euros para el
Estado. En cuanto al ejército, la información aportada por el gobierno
hablaba de 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y un
arzobispo castrense. El coste de este servicio fue el año pasado de más
de 470.000 euros.
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