Ciudadanos deja la huella de su programa en las propuestas laborales, logrando insertar su contrato único y evitando que se mencione una posible derogación de la reforma laboral
El partido de Rivera cuela su complemento salarial garantizado que subvencionará los salarios más bajos mediante la declaración de la renta
Se acepta la propuesta de Ciudadanos para permisos de paternidad y maternidad, por la que hasta diez semanas son transferibles con el riesgo de que vuelvan a recaer sobre la figura de la mujer
“Un contrato estable y progresivo” es el contrato antes conocido como único que
el PSOE ha pactado con Ciudadanos dentro del acuerdo de investidura que
han negociado ambas formaciones. El partido socialista ha claudicado
al introducir una suerte de puente entre el contrato indefinido y el
contrato único que permite al partido de Albert Rivera reivindicar que
se ha aceptado una de sus propuestas más carismáticas. Este nuevo
contrato no será único porque convivirá con el indefinido actual y con
el de formación y el de relevo, pero tendrá básicamente las mismas
características que defendía Luis Garicano, el gurú económico de
Ciudadanos y artífice junto con otro grupo de economistas de este
contrato.
Junto con este nuevo modelo
de contrato, el texto recoge una serie de medidas y acuerdos para
“cambiar el marco de las relaciones laborales”, pero en ningún momento
se explicita que conduzca a una derogación de la reforma laboral del
Partido Popular, uno de los principales caballos de batalla socialistas.
Así las cosas, tampoco se habla de restablecer las indemnizaciones por
despido previas a la reforma (45 días). Sin embargo, en la rueda de
prensa de la presentación del pacto, Pedro Sánchez aseguró que en el
acuerdo se contemplaba la derogación de la actual reforma laboral.
De esta forma, la parte
nuclear del paquete de medidas laborales pivota en el nuevo modelo de
contrato y también en recuperar la capacidad de negociación de los
sindicatos en los convenios colectivos.
En ese sentido, el “contrato
estable y progresivo”, tendrá una “indemnización creciente por despido
por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de
finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año,
que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20
existentes para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la
cuantía. En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 el
primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por
año”.
Además, el pacto asegura que
se incentivará la conversión de este contrato con el indefinido, de
forma que paulatinamente vayan ganando peso en el conjunto de los
contratos. Actualmente, apenas un 9% de los contratos que se firman cada
mes son de carácter indefinido. La filosofía del contrato único es que
al subir la indemnización por despido e igualarla con la del indefinido,
los empresarios se vean con menos incentivos para realizar contratos
temporales. España es uno de los países con mayor proporción de
contratos temporales, que llegó a ser superior al 30% en la época de la
bonanza y que ahora está viviendo de un nuevo auge.
En su programa el PSOE había
recogido algunas medidas destinadas a la contención del uso del
contrato temporal, como la limitación de la duración a dos años o topes
en los convenios colectivos, pero no contemplaba la creación de un nuevo
modelo. Sí se introducen mejoras en la negociación colectiva que le
devuelven en cierta forma la fuerza negociadora a los sindicatos y se
comprometen a crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Además, se
recupera la creación de un fondo austriaco, esto es, un fondo por el que
los trabajadores acumulan ocho días de antigüedad por año trabajado que
se pueden llevar de un trabajo a otro en caso de despido y que sino
llegan a cobrar nunca complementarán la jubilación.
Bajar el IRPF y otras propuestas fiscales
Además del apartado laboral,
en el de la reforma fiscal también aparecen sorpresas. Como adelantó
hoy eldiario.es, Ciudadanos y PSOE han firmado crear un impuesto para
las grandes fortunas. Pero, además, el documento que se presenta en
sociedad propone “reformar el IRPF con el objetivo de reducir la
tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria
lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos”. Ciudadanos
llevaba en su programa la bajada del IRPF pero el PSOE no había entrado
en cómo lo modificaría jugando así una baza para el pacto con Podemos,
que propone subir este impuesto.
En lo que respecta a la
amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, la
propuesta recoge la pretensión del programa de Ciudadanos de “exigir los
2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a
los defraudadores”, al cobrarles “el 3% en lugar del 10%”, pero se
olvida de publicar los nombres de los amnistiados, como prometió el
PSOE, cuyo programa apostaba por “introducir cambios del artículo 95 de
la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que
permitan conocer el nombre de los defraudadores”.
También se suavizan las
medidas de control de las sociedades de inversión colectiva de capital
variable (sicav) que proponía la formación de Pedro Sánchez. En el
documento ya no se habla de establecer un porcentaje de participación
máximo de cada inversor ni un periodo de permanencia máximo de las
plusvalías acumuladas. Se mantiene la idea de ambos partidos de que sean
supervisadas por la Agencia Tributaria (en lugar de la CNMV, como
ahora).
En materia de gobierno
corporativo, el PSOE ha renunciado a “desincentivar los blindajes
empresariales de los altos ejecutivos” prohibiendo que se contabilicen
como gastos deducibles y “gravando dichas indemnizaciones excepcionales
con un tipo adicional extraordinario del IRPF”, como prometía su
programa. El documento sí se compromete a “revisar y hacer transparentes
las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos
directivos y consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como
punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con
participación de los accionistas minoritarios”.
Medidas para igualdad económica y social
Dentro de la batería de
medidas que el PSOE ha cedido, o concedido, a Ciudadanos destaca también
la adopción del sistema de paternidad y maternidad que proponía la
formación naranja, menos igualitario. Así, el texto recoge que “se
pondrá e n marcha un incremento del permiso
de maternidad y paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26. El
permiso de maternidad intransferible se ampliará de 6 a 8 semanas. El
permiso de paternidad será de 8 semanas intransferibles”. La
distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y
el padre.
El programa del PSOE no
recogía que se repartieran estas semanas, sino que se distribuyeran
siempre de forma igualitaria entre padre y madre para evitar que termine
siendo la madre la que coja más semanas de permiso y esté más tiempo
alejada del puesto de trabajo frente a los hombres.
Otro elemento que se
incorpora con la marca del partido de Rivera es el conocido como
complemento salarial garantizado. Este complemento fue muy criticado
durante la campaña electoral por los partidos de izquierdas, al
considerar que era una forma encubierta de subvencionar salarios de
miseria a los empresarios. Además, este complemento solo se puede
disfrutar si se trabaja, ya que se canaliza por la declaración de la
renta.
Ahora el documento recoge
que habrá “un nuevo complemento que tendrá naturaleza de crédito fiscal
(CSG), que se prestará como prestación complementaria a los hogares con
rentas más bajas, y cuya cuantía variaría en función del valor de los
ingresos salariales de la persona principal y la situación familiar de
ésta, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo
de un determinado umbral”. El documento matiza que “en su versión
inicial, el CSG se destinaría solamente a hogares de rentas más bajas
con cargas familiares y se iría extendiendo progresivamente a lo largo
de la legislatura a medida que la restricción presupuestaria lo
permita”.
Con todo, también se incluye
en el documento que exista un “ingreso mínimo vital” que era la
propuesta original del PSOE para luchar contra la pobreza infantil pero
parece deslucido frente a la propuesta inicial.
En materia de energía, el
documento aboga por “un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a
la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la
transición energética”. El acuerdo promete impulsar una Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, una “reforma del mercado eléctrico,
incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la
tarifa eléctrica”; “una Ley de protección de los consumidores
vulnerables contra la pobreza energética” para abordar este problema
“insoslayable”; y un “marco regulatorio estable para el autoconsumo
eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance
neto”.
PSOE ha logrado mantener su
promesa de cerrar las centrales nucleares al cumplir los 40 años, un
aspecto sobre el que Ciudadanos no se ha pronunciado. El documento no
hace ninguna mención a la promesa de los socialistas de revisar la
decisión sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de
residuos nucleares. Tampoco a la propuesta del PSOE de “mantener” el
consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas. Y, si antes los
socialistas abogaban por una “prohibición” del fracking, el documento
dice que se establecerá una “moratoria” para esta técnica.
El documento también propone una reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el superregulador
creado por el Gobierno del PP, dotándola de mayor independencia
funcional y recursos e incorporando al organismo las competencias en
materia de consumo, “al menos en lo que respecta al ámbito de la
competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas” en esta materia.
El documento recoge algunas
de las medidas “contra el capitalismo de amiguetes” que había propuesto
la formación de Albert Rivera, aunque de manera muy genérica: “Revisar
la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial
–sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las
infraestructuras– para favorecer la entrada de nuevos competidores,
dotando de transparencia a las regulaciones” y una reforma de la CNMC.
Belén Carreño / Antonio M. Vélez | el diario | 24/02/2016
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