La nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha
sido aprobada bajo sorpresa de ecologistas e integrantes de medios
rurales y medioambientales que no han tenido ni oportunidad de hablar
con la Consejería de Agricultura para tratar los puntos que consta.
El
pasado martes se reunía el Consejo Asesor de Medio Ambiente junto a la
Consejera y al Director General de Montes y Espacios Naturales, Javier
Gómez Elvira, que les aseguró que el texto pasaría por una segunda
vuelta por el Consejo de Caza para evaluar los puntos a modificar tras
el periodo de alegaciones que se abrió. Sin embargo, no ha sido así, y
el Consejo de Gobierno ha aprobado ya el anteproyecto.
De lo que se deduce que desde la Consejería de Medio Ambiente les
mintieron, como destacan Ecologistas en Acción. Escondieron el estado
real del texto que en realidad ya estaba preparado para ser presentado
desde que se reunieron. De hecho ni se han contestado a la mayoría de
sugerencias realizadas por los entes medioambientales.
La nueva ley "premia" la actividad de la caza y de hecho
la intensifica y subvenciona, implementando prácticas además que se
consideran salvajes. Uno de los ejemplos es que se permite matar perros y
gatos. El uso público de los montes castellano-manchegos pasaría a ser
la caza y de hecho se castiga al que moleste en su práctica.
Desde Ecologistas en Acción se considera que la Junta ha actuado de
nuevo con clandestinidad al esconder el estado real del anteproyecto y
aprobarlo sin consultar a los órganos mencionados, caso similar a cuando
descatalogó refugios de fauna y posteriormente el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha eliminó dicho decreto, en una actuación
que desde la asociación ecologista tildan de "deshonesta". "Ya se acaban
los adjetivos para definir la lamentable forma de actuar del Gobierno y
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente".
La Plataforma contra la Ley de Caza ha anunciado que presentarán
alegaciones para tratar de frenar o al menos modificar determinados
puntos de una ley que consideran que tendrá consecuencias muy negativas
para el entorno rural. Han presentado su total rechazo a la aprobación
de dicha ley y a los puntos que toca y a los que se refiere, así como a
subvencionar la caza intensiva.
Dicha ley también
permite cerrar caminos, la caza con trampas, el cambio de modelo de la
caza con más intensidad y comercial en cotos más cerrados y vallados,
multas a cualquier distorsión de la actividad de la caza por parte de
cualquier persona o prácticas masivas que atentan contra la seguridad no
sólo de especies protegidas como el lince ibérico sino contra la de las
propias personas.
Se han sumado ya 35.000 firmas dentro de la campaña iniciada por Ecologistas en Acción para derogar el anteproyecto.
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