Como la información se va enterrando es bueno ir recordando...
Pasado
El padre de Mariano Rajoy magistrado con destino en varias ciudades (León, Pontevedra, etc). Se vio envuelto en su condición de Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el denominado Caso Redondela.
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) fue un organismo creado tras la guerra civil como consecuencia de las dificultades que sufría España en materia de aprovisionamientos, la CAT carecía de instalaciones adecuadas, y recurría a depósitos alquilados a distintas empresas privadas para el almacenamiento de muchos de los numerosos productos cuya gestión entraba dentro de sus competencias.
En Redondela existían unos depósitos para aceite siendo REACE (Refinería
del Noroeste de Aceites y Grasas, S.A.) la empresa que entre 1966 y
1972 tuvo contratado con la CAT el almacenamiento de más de 12 millones
de kilos de aceite. REACE había sido constituida por Rodrigo Alonso
Fariña, en el Consejo de Administración estaba Nicolás Franco Bahamonde
(hermano mayor del generalísimo Franco).
. En marzo de 1972, José María Romero González, director general de REACE, se personó en el juzgado de guardia de Vigo para denunciar que en los depósitos de REACE faltaban más de 4 millones de litros, valorados en unos 170 millones de pesetas. La sospecha de complicidad entre la CAT y REACE comenzó enseguida a estar presente en la investigación. El denunciante José María Romero perdió el trabajo, como sigue ocurriendo en la España post franquista.
Romero encontró trabajo en una empresa de aceite Sevillana. A partir de entonces empiezan a producirse muertes en "extrañas circunstancias"
-El taxista de Vigo Arturo Cordobés apareció asesinado
de tres balazos en las afueras de la ciudad. Solía transportar en
largos viajes con su vehículo a los principales encartados en el asunto
del aceite.
-José María Romero, el denunciante apareció muerto junto con su mujer y su hija
en su domicilio de Sevilla, Aparentemente, el denunciante se había
suicidado tras dar muerte a las dos mujeres, también en medio de
extrañas circunstancias, como la falta de motivos, el excesivo número de
disparos o la preparación del escenario.
-Isidro Suárez, el supuesto testaferro, murió desnucado en las duchas de la cárcel de Vigo.
-Antonio Alfajeme del Busto, presidente de la Unión de
Fabricantes de Conservas de Galicia y cónsul de Chile en Vigo, en un
crimen que se declaró pasional, pero sobre el que corrió el rumor de
estar conexionado también con el caso del aceite, a causa de que el
taxista aparecido muerto solía también hacer servicios de larga
distancia a Alfajeme.
-Luis Mañas representante de los acreedores de la Administración Judicial de la empresa fallece de una angina de pecho.
Cerrado el sumario por la desaparición del aceite, el fiscal de la
Audiencia de Pontevedra, Cándido Conde Pumpido, padre del que fue Fiscal
General del Estado, una vez calificados los hechos y elaboradas las conclusiones provisionales, trasladó su residencia a Madrid como consecuencia de su nombramiento de abogado-fiscal del Tribunal Supremo.
Tras las muertes habidas y el indulto que benefició a Moreno Teijeiro,
sólo fueron tres los ocupantes del banquillo la mañana del 21 de octubre
de 1974 en que se inició la vista en la Audiencia de Pontevedra: el
fundador de REACE, Rodrigo Alonso; el contable y secretario de actas,
Alfredo Román; y el funcionario de la CAT, Ángel García Canals.
La sala estaba totalmente abarrotada de público y medios de
comunicación, pues no en balde se sabía implicado Nicolás Franco
Bahamonde, en aquellas fechas oportunamente nombrado embajador de España
en Portugal, para alejarle del centro de la atención mediática. Presidía
el Tribunal el que también lo era de la Audiencia Provincial, don
Mariano Rajoy Sobredo, auxiliado por don Manuel Landeiro Píñeiro (su
suegro Luis Aller Ulloa, había sido magistrado del Tribunal Supremo) y
don Celestino Prego Garcia.
Los defensores coincidieron en solicitar la absolución de sus
patrocinados.
El fiscal, cuya actuación fue calificada como “blanda” por los expertos,
solicitó quince años para Rodrigo Alonso, doce para Alfredo Román, y
tres para García Canals. Pero, tras un sumario de varios miles de
páginas y dos años y medio de investigación, ni siquiera la inexistencia
del aceite pudo ser plenamente probada.
La rápida sentencia, que tardó una semana en ser conocida, condenó a Alonso a 12 años y al abono de 167 millones de pesetas por responsabilidad civil; a Román a 4 años de prisión; y a Canals a un año más la multa de 100 millones de pesetas. ¿Qué pasó, entonces, con los asesinatos o suicidios? Nunca se supo realmente el verdadero origen de las siete muertes, dando por ciertas las versiones oficiales de cada una de ellas.
El presidente del Tribunal, Mariano Rajoy Sobredo llevó férreamente
la vista, evitando que salieran a la luz los aspectos más comprometidos
de este grave asunto, sobre todo la participación de Nicolás Franco, a
quien no se citó a declarar ni en ningún momento se le mencionó,
haciendo del juicio “un paripé político”. Tal fue el comentario de Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, quien acusó al presidente del Tribunal de haberse plegado a las presiones del régimen.
Lo cierto fue que a las personalidades implicadas jamás les sucedió
absolutamente nada, y del aceite de Redondela nunca se volvió a tener
noticias. ¿Estuvieron en el banquillo de los acusados todos los que
debían estar?; ¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias?; ¿qué
favores se habrían otorgado a cambio de tal benevolencia por parte del
Tribunal? Sin duda, preguntas sin respuesta, y mucho más tras la
posterior y misteriosa desaparición de los 5.000 folios que componían el
voluminoso sumario, ahora se destruyen discos duros.
Hubo quien relacionó años después la benignidad del Tribunal con la meteórica carrera de los cuatro hijos de su presidente, sin duda, todos ellos de excepcional valía intelectual y académica.
Mariano Rajoy Brey Registrador de la propiedad
Mercedes Rajoy Brey Registradora de la propiedad
Enrique Rajoy Brey Registrador de la propiedad
Luis Rajoy Brey Notario (fallecido)
Presente
Los 'hijos de' copan los últimos nombramientos del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial elige al hijo de un vocal
como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela
Judicial
Un hijastro del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, fue designado en octubre letrado del Tribunal Supremo
La Unión Progresista de Fiscales ha recordado que el Consejo de Europa
exige que los cargos se asignen "con criterios objetivos" y sin
"injerencias de grupos o familiares"
Optaron 24 personas, entre los que había jueces, fiscales, secretarios judiciales, e incluso catedráticos de Derecho.
En el momento de la votación decisiva, uno de los 21 integrantes del Consejo decidió abstenerse: el magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, vinculado al grupo de los vocales conservadores. Se
iba a decidir sobre su hijo, Rafael Fernández de Paiz, un fiscal de 35
años con plaza en Sabadell y sin apenas experiencia en el campo de la
formación.
El puesto fue para él. Doce de los integrantes del CGPJ de todas las corrientes, incluido su presidente, Carlos Lesmes,
lo eligieron frente a los otros 23 candidatos. Por detrás, quedó con
seis votos el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Pascual
Fabia Mir, que ocupa el puesto 763º en el escalafón de la carrera. Agustín Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de A Coruña, obtuvo dos votos.
El nombramiento que parte de la valoración subjetiva de los méritos y de
entrevistas personales con todos los candidatos –a la que según
confirman varias fuentes no acudieron todos los miembros del CGPJ,
aunque sí tuvieron oportunidad de seguirlas en vídeo– ha generado cierta
polémica interna. Uno de los vocales consultados sostiene que "la
arbitrariedad en la elección fue superior al de otras veces, teniendo en
cuenta los currículum" y duda de que se haya llevado a cabo "una
adecuada valoración de los méritos".
Al puesto optó sin éxito la letrada de la Administración de Justicia,
Rosa María Mariscal de Gante, hermana de Margarita Mariscal de Gante,
ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar y diputada en el
Congreso por el PP hasta 2004, quien no obtuvo ningún voto.
A raíz de la designación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha
hecho público un comunicado para pedir que los nombramientos en la
Administración de Justicia se atengan a los principios de mérito y
capacidad. En la nota, la UPF recuerda "el informe sobre prevención de
la corrupción en España del Grupo de Estados contra la Corrupción del
Consejo de Europa (2014) que recomendaba a España que en relación con
los nombramientos discrecionales se reforzara la transparencia, con el
fin de garantizar que estos nombramientos no pusieran en tela de juicio
la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos de
nombramiento".
Solo un par de semanas antes, el Boletín Oficial del Estado
ratificaba la situación de "servicios especiales" para el fiscal de
Ciudad Real Álvaro Mañas De Orduña, tras ser promocionado como
letrado del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo. Se trata
de un fiscal joven destinado en Canarias, hijo de la actual pareja del
anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que obtuvo el número 1 de su promoción en 2012 y recibió por ello la medalla de San Raimundo de Peñafort.
Con
menos de cinco años de carrera, ha sido elegido para incorporarse al
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por el CGPJ. Su nombramiento lo
comunicó el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes.
El concurso de méritos pivotó también sobre el currículum y una
entrevista personal. Las bases de la elección, publicadas en el BOE el 8
de junio, establecen que la propuesta de candidatos/as aprobada por la
Sala de Gobierno será elevada por el presidente del Tribunal Supremo al
pleno del CGPJ para que proceda al nombramiento de quienes vayan a
ocupar las plazas de letrado del Gabinete Técnico al servicio del Alto
Tribunal.
En el punto sexto de los requisitos del concurso se especifica que
para los aspirantes al puesto de letrado del Tribunal Supremo en el
ámbito Penal se premiará la "especial valoración de la experiencia en
técnica casacional, así como en los aspectos propios de la jurisdicción
penal desde una preceptiva práctica; profundo y actualizado conocimiento
de la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea; actividades de investigación o docentes;
conocimientos informáticos de bases de datos de jurisprudencia,
legislación y bibliografía e idiomas".
* En alusión al título del artículo publicado por Mariano Rajoy en 1983 en el que
hizo un alegato en favor de los hijos de la buena estirpe
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