La Marea’ entrevista al padre de uno de los jóvenes acusados de delitos de terrorismo tras la pelea con dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra). “Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio”, dice.
El
proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son
supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016
dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de
servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en
un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra.
Uno de los agentes
terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha
solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para
seis de los acusados; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de
amenaza terrorista, y 12 para otro de ellos, al que solo imputa este
último delito. Las familias de los acusados y quienes les conocen no dan
crédito a lo que está pasando.
La Marea conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen en prisión preventiva horas después de la multitudinaria concentración de apoyoque
tuvo lugar este viernes en Pamplona. Pide que no revelemos su nombre
para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados.
¿En qué momento del proceso se encuentran?
El
día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son
estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años
para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos
desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el
tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera
que sea en otoño.
¿Por qué están tardando tanto?
Nos
están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio
lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que
fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11
personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el
tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas
horas de la madrugada.
¿Cómo están los detenidos?
Bueno,
uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros
Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las
condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las
comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio,
están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un
chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta
situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los
tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los
trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.
¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?
Lo
criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido
gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es
un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a
la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto
contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de
solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.
¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?
Esto
lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto
puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de
la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por
tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en
esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio
rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no
va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han
querido.
Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima
normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de
las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló
de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del
pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de
Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las
mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una
carretera que divide el pueblo por la mitad.
Muchos medios dijeron que
uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y
la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte
del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.
¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?
El
temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y
en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o
fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de
este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está
totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.
¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?
Sí.
Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando
pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que
no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la
Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que
es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.
El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por
parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de
cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?
Nosotros
no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia,
que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a
los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los
hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente
en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos
justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de
lo que fue.
No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las
cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que
fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los
habrían matado.
Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?
Imagínate.
El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por
casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años
encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes.
Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes.
Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No
estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales
normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida
normal.
No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de
familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que
les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían
huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos
facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue
tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por
desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios
locales.
Muchos medios han
difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías,
ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?
A
mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el
grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando
en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo
estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene
su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de
forma violenta.
No hay nadie del grupo que sea una persona violenta,
nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que
otra parte del relato que están generando sobre este tema.
¿Han recibido alguna amenaza?
No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.
¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?
Las
más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos
todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo
acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en
silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están
dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una
vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la
más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y
cercano de un abrazo es el que te llega más.
¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?
A
la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están
desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente
desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y
no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace
que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos
justicia.
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