Hace poco tiempo tuvimos ocasión de decir públicamente que al Partido
Popular, cuando todo se le tuerce, siempre le queda el Código Penal. Hay
determinadas maneras de hacer política donde se busca la confrontación
con un enemigo minoritario, en parte real o en parte simulado.
Alguien
que supuestamente es capaz de poner en jaque el orden, el sistema, de
amenazar los cimientos más profundos de la democracia y la paz. Alguien
al que se debe combatir con todas las fuerzas en el nombre de lo más
sagrado. Y alguien a quien, por supuesto, se puede y se debe ganar.
Ese enemigo se encuentra en todas partes, pervive misteriosamente como
una hidra cuyas cabezas se reproducen automáticamente, aparece de forma
ubicua, está entre nosotras. No podemos bajar la guardia en ningún
momento.
En el proceso de identificación concreta del mismo, aparecen
los organismos oficiales del Estado como aquellas personas a las que
solamente cabe agradecer que hayan descubierto a los culpables, a los
que hay que exponer rápidamente al escrutinio público.
Quiénes son ellos
y ellas, de qué familias proceden, dónde viven, dónde militaron antes,
qué uso hacían de las redes sociales...
Esto opera como una suerte de justificación posterior que viene a
reforzar la justeza de la actuación estatal.
Una vez señalados, son
construidos como enemigos. Algunas formalidades como el derecho a un
juicio justo con todas las garantías, formalidades por las que tantas
personas han luchado a lo largo de la historia, se convierten en
ilusorias, arrasadas por un juicio paralelo de intensidad y parcialidad
imposibles de contrarrestar.
En esta deriva de populismo punitivo, a la
que especialmente desde la reforma aznarista del año 2003 hemos sido
sometidos, la prisión como elemento simbólico goza de la máxima
importancia. Nada estigmatiza tanto como una entrada en prisión.
Prácticamente te convierte en culpable, a pesar de que el juicio no se
haya celebrado.
Esta entrada en prisión es posible porque además se ha
legislado de forma indiscriminada para extender conceptos tan graves
como el terrorismo o el odio hasta convertirlos en una banalidad en la
que cabe casi cualquier conducta mediante una interpretación más o menos
extensiva, según el contexto y el lugar.
El denominado caso Altsasu es un ejemplo claro. Ha sido posible por la
vigencia del concepto del terrorismo de ETA más allá de su cese de la
actividad armada y de su desarme.
Ha sido posible por la extensión del
concepto de colaboración con banda armada más allá de la propia
existencia de la banda armada. Ha sido posible por una modificación de
los tipos penales en el año 2015 que desdibuja el concepto de
terrorismo.
Ha sido posible por la competición feroz entre la derecha
populista española por la hegemonía compitiendo por ver quién hace un
uso más eficaz de la demagogia por encima de los hechos. Ha sido posible
por la existencia de unos medios de comunicación que sólo consideran el
contenido desde la emoción que les haga vender publicidad y por encima
de cualquier planteamiento pedagógico y racional.
Ha sido posible porque
sistemáticamente se ignora a la doctrina penal, es decir, a la ciencia
del Derecho Penal, ha sido posible por la pervivencia de las inercias en
los órganos judiciales, especialmente en la Audiencia Nacional, y
porque el coste de la desmesura y de la prisión provisional es nulo en
términos de crítica social, aunque sea dolorosísimo para los afectados y
sus familiares.
Esta es una manera de abordar los conflictos que genera la violencia
dentro de la sociedad que sólo crea enemigos irreconciliables, mensajes
simplistas, división y dolor. En ese sentido, lo que ocurre no tiene que
ver nada con la justicia sino con un determinado concepto que es el
control social a través del miedo a la represión penal.
Esto nos hace
una sociedad bastante menos libre, y sometida en cuanto a lo que está
bien y lo que está mal al éxito de determinadas estrategias políticas o
mediáticas de quienes tienen más opciones de hacer presión social para
poner todo el peso del reproche sobre algunas personas y no sobre otras y
descuida, cuando no manipula descaradamente, a las víctimas de los
delitos, al poner el foco exclusivamente en los agresores y en qué hacer
con ellos, en lugar de tener una visión restauradora de los conflictos a
través de la llamada justicia restaurativa.
Eduardo Santos, secretario general de Podemos-Ahal Dugu de Navarra y portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso
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