Sí, tiene razón Isabel Celaá, la ministra portavoz del Gobierno,
González Pacheco, Billy el Niño, famoso por las torturas practicadas al
menos durante el franquismo, de las que sus víctimas le hacen
protagonista, es libre de ir a donde le inviten, pero ese es
precisamente el problema o parte de este, no ya su libertad, que
también, sino que le inviten a actos sociales de las instituciones del
Estado.
En cualquier otra sociedad, alguien que hubiese cometido los
desmanes y atrocidades que sus víctimas le imputan, estaría fuera de la
sociedad hace tiempo, pero el caso es que con Transición o sin ella, no
pocas instituciones del estado franquista pasaron sin despeinarse a la
jolgoriosa democracia que se permitió el lujo de condecorar a quien
cometió torturas y asesinatos en la residencia de un gobernador civil,
el de Gipuzkoa.
Pero el caso es que un gobierno detrás de otro ha
impedido que se investigue siquiera las atrocidades de las que se acusa a
González Pacheco. Los juzgados desestiman las querellas que se
interponen contra él sin siquiera escuchar a las víctimas, impidiendo de
ese modo el relato oficial de lo padecido.
IMAGEN ACTUAL
Para sus víctimas ha tenido que ser un duro trago ver a su torturador
compartiendo un vinito español en dependencias policiales, de la mano de
un Mariscal de Gante, hermano de una exministra pepera y actual alto
cargo del Estado, gracias al sistema de las puertas giratorias del que
se benefician los políticos profesionales del sistema.
Lo que hace ver
que el torturador del franquismo cuenta con apoyos expresos en las
actuales instituciones del Estado, lo que sí es de preocupar, con vinito
español y muy español de por medio o sin él.
Dicen, una vez más y para variar, que le han abierto un expediente
disciplinario a quien invitó a Billy el Niño a la fiesta policial, como
quien echa carnaza a una pileta de murenas voraces, cuando la realidad
es que la mayoría de esos expedientes no son más que un capotazo que
termina en agua de cerrajas.
Tiempo al tiempo por mucho que no se trate
de armar barullo, sino de legítima protesta y de simple indignación por
un estado de cosas sobre el que planea la impunidad, el encubrimiento y
la complicidad ideológica.
Por el momento, el gobierno no parece contemplar -y mucho me gustaría
equivocarme- la retirada inmediata de condecoraciones a Billy el Niño,
como no contempla la derogación de la ley Mordaza, que sí contemplaba,
como otra muchas cosas, no ya cuando estaba en la oposición, sino cuando
hizo campaña electoral, tal vez para no apartarse de la tradición
política de prometer mucho y no dar menos, sino gato por liebre.
Estaría
bien que el gobierno socialista rompiera por esta vez con la tradición y
zanjara este turbio asunto, y pusiera una primera piedra de actitud
civil y militante contra la impunidad de los abusos del pasado y del
presente.
No pueden remitirse al eterno “hablarán los tribunales” porque
estos tienen por costumbre y tradición callar de manera lastimosa
cuando de las rebababas de las instituciones del Estado se trata o
hablar lo menos posible para cubrir el expediente si la alarma social es
generalizada y los hechos no cuentan con suficientes apoyos
corporativos.
No es ninguna novedad que torturadores condenados por ello han ocupado,
una vez indultados, cargos de responsabilidad gubernamental o de
servicio uniformado activo sin que eso haya levantado otras protestas
que las partidistas, esto es, de quienes están frente a los abusos
policiales, no a su favor.
El sistema no se critica por mucha mugre que
rebose. Además, todo depende de en qué bando nos encontremos. Lo justo y
lo injusto depende de si nos beneficia, a nosotros o a nuestros socios
sociales, económicos o políticos.
Las cosas en sí poco valen si no
tienen el aplauso adecuado;si lo tienen, el decoro está de sobra. Solo
de ese modo puede entenderse la presencia de alguien execrable, por muy
ciudadano libre que sea, según afirma la ministra portavoz, en una
fiesta policial de la alegre democracia.
Miguel Sánchez-Ostiz, en Diario de Noticias
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