Ni la Ley de Incompatibilidades, que establece un plazo de 2 años de cesantía, ni la Oficina de Conflicto de Intereses, que debe controlar la actividad de los políticos, pueden evitar que Soraya Sáenz de Santamaría pase a la empresa privada con su arsenal de información privilegiada



Tras el fichaje de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas resulta inevitable preguntarse si a un altísimo cargo como fue ella −que incluso llegó a controlar el CNI−, se le debe permitir pasar a la empresa privada llevándose consigo información confidencial y peligrosos secretos de Estado. El ciudadano tiene derecho a saber si en nuestra democracia se está consintiendo que las agendas de los gobernantes y sus dosieres sobre múltiples asuntos, todos ellos de interés nacional, están yendo alegremente de acá para allá, desde la Moncloa hasta las empresas privadas, sin ningún tipo de filtro o control.


La Ley de Incompatibilidades establece claramente en su artículo 15 que los altos cargos, “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Es decir, los altos cargos salientes, ministros y secretarios de Estado, deben guardar un período de cesantía de 24 meses sobre los ámbitos en los que han tenido capacidad de decisión directa. De este modo, un ministro de Economía, por ejemplo, no debería poder fichar por un fondo de inversión, un banco o una empresa del Íbex 35 al menos durante ese plazo de tiempo.


Está claro que no es el caso de Sáenz de Santamaría, que nunca fue ministra de Economía y tampoco ha ingresado en una empresa que cotice en Bolsa. Así que por ahí parece que la superministra no ha cometido ninguna ilegalidad. Sin embargo, como vicepresidenta del Gobierno su obligación era coordinar todos los ministerios del gabinete Rajoy y en esa función de dirección estuvo al corriente de todos los asuntos de gran trascendencia nacional, desde casos de corrupción hasta el ‘procés’ independentista en Cataluña, pasando por la quiebra del sistema financiero español durante los años de la crisis (también la venta del Banco Popular por un euro). En ese punto conviene no olvidar que el bufete Cuatrecasas ha sido el encargado de defender a importantes banqueros en el caso del desfalco de Bankia.


Tampoco se puede pasar por alto que SS fue ministra de Presidencia, de Administraciones Públicas, portavoz del Gobierno, y presidenta de la Generalitat de Cataluña en funciones tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, además de ocupar durante un tiempo las carteras vacantes de Justicia e Industria y de dirigir el servicio secreto español: el Centro Nacional de Inteligencia. Parece evidente que nada escapaba a su control. Nada importante que ocurriera en España en aquellos días sucedía sin que ella se enterara.


Hoy Soraya se lleva a la empresa privada todo ese codiciado bagaje, toda esa información reservada y privilegiada, sin que nadie le ponga un solo impedimento. Hay que ser muy ingenuo para no pensar que en algún momento del ejercicio de la abogacía, la ex mano derecha de Mariano Rajoy no terminará deslizando a sus compañeros de despacho, aunque solo sea por descuido o despiste, un consejo, asesoramiento, experiencia o dato importante sobre algún tema trascendente en el que ella, como segunda del Gobierno, tomó parte activa y directa.


 El Estado no debería permitir, por su propia seguridad, ese trasvase tan alegre de información desde la función pública a la empresa privada.


Resulta de sentido común que, en aplicación de la ley de incompatibilidades, SS debería haber dejado transcurrir al menos dos años desde su cese antes de contratar con el despacho de abogados Cuatrecasas. Si se le ha permitido es porque esa ley ha sido objeto de una interpretación cuanto menos relajada por parte del organismo supervisor competente, que ha entendido que no había riesgo ni problema alguno en que la exvicepresidenta se marchara con sus dosieres a otra parte.


Y ese organismo no es otro que la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), un ente supuestamente encargado de investigar si los ministros y secretarios de Estado cumplen con la ley a la hora de dejar la política y pasar a la empresa privada. Entre sus funciones figura “la de elaborar los informes sobre las incompatibilidades y conflictos de intereses de altos cargos previstos en la ley”. También debe encargarse de custodiar las declaraciones de bienes y actividades de los políticos y de requerirles cuando sean nombrados o cesados para ponerles al tanto de sus obligaciones.


La OCI, que en teoría debe haber supervisado el caso Soraya y dado el visto bueno a la “puerta giratoria” de la exvicepresidenta, ya autorizó en el año 2015 el paso de Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado (al igual que Santamaría) desde el cargo de subsecretario de Presidencia al puesto de secretario del Consejo de Administración del Banco de Santander.


El pasado 25 de septiembre el Congreso de los Diputados examinaba por primera vez en la historia de la democracia a la responsable de esta oficina que debe vigilar las incompatibilidades de los altos cargos del Estado. La subdirectora general de la OCI, Flor López Laguna, defendió la “independencia” de su gestión y aseguró que “jamás en la vida” ha recibido órdenes por parte del Gobierno de turno.


La funcionaria contestó a las preguntas de diputados como Vicente Ten, de Ciudadanos, que le preguntó si se producen “intromisiones políticas en su labor”. Fue entonces cuando ella aclaró que “jamás en la vida”. “Y no solamente yo, sino el resto de funcionarios, que estamos solo sometidos al ordenamiento jurídico”.


El mismo diputado preguntó a la subdirectora por qué desde el año 2006 su organismo solo había vetado el 2% de las solicitudes de incompatibilidad presentadas por antiguos altos cargos del Gobierno (453 de unas 16.000). López contestó que eso se debe a que los políticos “saben perfectamente sus obligaciones” y preguntan a la OCI “qué se puede hacer y qué no, de manera que cuando les dicen que no pueden realizar una actividad profesional determinada, no la realizan”,
 



 Supuestamente la OCI actúa para detectar, evitar, corregir y sancionar los conflictos surgidos entre los intereses personales de los altos cargos políticos y el interés general. Días después de la comparecencia de Flor López, el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley que la ascendía de subdirectora a directora general. Por lo visto, su nombramiento no ha servido para que Soraya Sáenz de Santamaría regrese a la abogacía con la carpeta repleta de secretos de Estado.



José Antequera