361 investigaciones en la Fiscalía. Juristas vaticinan un alud de reclamaciones tras la pandemia. «La edad no puede ser razón para restringir servicios», advierten
Si algo ha demostrado la emergencia sanitaria es su sobrada capacidad para dejar al descubierto los fallos de nuestro sistema de atención a los más vulnerables.
Las residencias, escenario de una de las batallas más cruentas de esta
pandemia, son una buena prueba de ello.
El virus ha hecho presa en su
población, que sumaba cientos de bajas cada día que pasaba. Según datos
oficiales de las comunidades autónomas, el Covid-19 se ha cobrado la
vida de más de 19.175 de estos mayores desde marzo.
Imagínense que cada
día se estrellara un Airbus 320 lleno de pasajeros. Y así durante tres
meses. Un goteo incesante cuyo alcance real se reescribe con cada
recuento de víctimas y que ha encendido todas las alarmas.
También ha
sembrado serias dudas sobre el papel que algunos establecimientos han
jugado y sobre la hoja de ruta que se dictaba desde la Administración
pública.
La Fiscalía General del Estado se ha propuesto llegar al fondo de la cuestión y ha abierto en este marco 361 investigaciones
para dirimir en qué casos cabe depurar responsabilidades, 190 por la
vía civil y otras 171 por la penal. De prosperar éstas y las que se
realizan a diario en los juzgados de toda España, las reclamaciones se
podrían contar en unos meses por cientos.
«Tan grande era el miedo al colapso de los servicios sanitarios que
se empezó a dejar fuera a gente que podía haber sobrevivido, pero a los
que iba a costar más sacar adelante». Lo dice Cristóbal Fábrega, el
único fiscal delegado de Civil y protección de personas con discapacidad
en Jaén.
Cree que ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre el
sistema de atención que estamos dando a nuestros mayores. «La edad no puede ser razón para restringir servicios y aquí hay gente a la que se ha dejado morir aplicando una sanidad de guerra. A ti te curo y a ti no».
Fondos buitre
A juicio de Fábrega, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, el Covid ha desvelado en toda su crudeza problemas estructurales importantes que aquejan a las residencias de ancianos,
«sobre todo en las privadas y concertadas, donde con el fin de abaratar
el coste de la plaza se bajan los ratios de personal por debajo de lo
admisible.
No digamos ya si entran en la ecuación fondos buitre, que si
no pueden aumentar sus ingresos, reducen los gastos».
Pero
el fiscal va más allá. Habla también de «personal no cualificado» en un
marco laboral precario.
«La temporalidad que caracteriza a muchos de
estos empleos repercute en su trato con los usuarios, que requieren
cariño, relacionarse y a menudo, fíjese en los enfermos de alzhéimer,
establecer referencias.
Los ancianos son personas, no ladrillos».
Fábrega, que ha de bregar asimismo con causas de familia y extranjería,
sólo está investigando las residencias con más de diez fallecidos.
Hasta el momento ha abierto un control general y dos expedientes de
investigación civil que han sido cerrados al no detectarse
responsabilidad penal alguna.
Tener a compañeros fallecidos en la
habitación de al lado crea miedo, angustia, ansiedad, y esto ha pasado
en muchos centros, en los que se han dado casos de hacinamiento. Una
situación no siempre atribuible a los geriátricos, también a la falta de
apoyo por parte de los servicios públicos.
«Hay una corresponsabilidad clarísima de la Administración. No basta con transmitir instrucciones a las residencias,
hay que dotarlas de medios para que puedan desempeñar su trabajo, desde
personal y espacio hasta mascarillas y respiradores».
Lo dice Santiago
Díez, abogado vallisoletano, que sabe bien de lo que habla. Su bufete
tiene abiertas 25 causas por irregularidades en residencias de Castilla y
León, junto con Madrid y Cataluña la comunidad más auditada por el
Ministerio Público.
Patologías previas
Díez reparte culpas, desde el Ministerio de Sanidad «y su
protocolo del 5 de marzo, una semana antes del estado de alarma,
instando a que se confinara a quienes sufrían insuficiencia respiratoria
aguda en sus habitaciones», hasta las consejerías de Sanidad y Familia
de Castilla y León, y su decisión «de no movilizar ni derivar a los
hospitales» a los abuelos que mostraran síntomas.
«Una vez que impartes esta orden, si no medicalizas el centro no sirve de nada.
El problema es que las residencias no están preparadas para curar a
ancianos con graves problemas de salud, están para atender sus
necesidades diarias. Y tú te propones convertirlas en hospitales de
facto».
La
situación, sostiene Díez, ha evidenciado una total falta de previsión.
Las residencias no contaban con planes de contingencia, tampoco para
sustituir a su propio personal enfermo.
«Hay establecimientos de
Valladolid, León o Salamanca donde se pedía a trabajadores con sintomatología leve que siguieran atendiendo,
convirtiéndoles así en vectores de propagación».
Por no hablar de
aquellos residentes sin Covid que han muerto porque no les han
controlado sus respectivas patologías, algunos con escaras tremendas por
estar inmovilizados».
A su juicio, este panorama augura «una cascada de reclamaciones en el contencioso-administrativo». El problema de la vía penal, advierte, «es quién le pone el cascabel al gato.
Hay tanto protocolo, tanta directriz, tanta administración que, salvo
en casos de imprudencia grave, la responsabilidad individual se diluye».
Omisión de socorro
Quien espera que no sea así es Carmen Flores, presidenta del
Defensor del Paciente, por cuyas manos han pasado más de 300 casos y
remitido a la Fiscalía aquellos en los que, confía, se pueda demostrar
que hubo omisión de socorro.
Flores arremete contra la presidenta de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o contra la consejera de Salud de
Castilla-León, Verónica Casado, a quienes no duda en responsabilizar de
las dimensiones de la tragedia por impedir traslados de mayores a los
hospitales.
También del varapalo que ha sufrido la sanidad pública, «ese modelo del yo te construyo un hospital y tú lo gestionas»,
desliza Fábregas. «El Gobierno -retoma Flores- no puede permitir esto.
Las transferencias no son una patente de corso. Los abuelos no pueden
quedar reducidos a un negocio».
«Han dejado a estas personas en
sus habitaciones como si fueran trastos -acusa Flores-, hasta que el
deterioro llegaba a extremos en los que no podías hacer nada por ellos.
Desnutridos, deshidratados, psicológicamente tocados... si no morían de Covid, lo hacían de tristeza».
También denuncia el recurso a la sedación «sin estar en situación
terminal y sin conocimiento de las familias. Esto no puede quedar así,
tiene que haber un castigo».
En su contexto
- 19.175 personas
- han muerto en las residencias españolas víctimas del coronavirus o con síntomas compatibles desde que estalló la pandemia, según datos de las comunidades autónomas.
- Las cuentas del Gobierno.
- Sólo computa quien se hizo antes la prueba. En las estadísticas figuran como víctimas del Covid-19 sólo aquellas personas que dieron positivo tras someterse a PCR o a pruebas de detección rápida.
- Población más vulnerable.
- Siete de cada diez decesos, en residencias. El 71% de los fallecidos a causa del virus lo fueron en una residencia. Comunidad de Madrid (con 6.000 muertos) y Cataluña (4.000) lideran las tablas.
- 5.457 residencias.
- Es el total, ya sean públicas, privadas o concertadas. En estas últimas los internos pagan hasta el 80% de su pensión, y el resto corre a cargo de gobiernos autónomos o diputaciones.
- Una tragedia que dura meses.
- Más víctimas diarias que en los atentados del 11-M. 240 residentes han muerto de media a diario en las 80 jornadas que llevan transcurridas del estado de alarma. Los atentados del 11-M se cobraron 190 vidas.
- 361 investigaciones
- ha abierto la Fiscalía para determinar si existieron irregularidades en el trato a los mayores o directamente delito. 190 discurren por la vía civil y otras 171 por la penal.
- 150 fiscales especiales de un total de 3.000.
- La crisis ha evidenciado la falta de recursos, también en el Ministerio Público. Cada provincia tiene como mínimo un fiscal delegado para este colectivo, pero muchos atienden también familia, extranjería, trata de personas...
Las historias
que Carmen lleva recogidas en los últimos tres meses superan con mucho
lo vivido en los 23 años de la asociación. Como la de Almudena Ariza, que ha perdido a sus padres con un intervalo de apenas 60 horas
después de que les pusieran en la misma habitación estando ya uno de
los dos contagiado. Situaciones esperpénticas, como la de esa otra mujer
que se coló vestida de enfermera en la residencia donde tenían a su
madre para llevarla a su casa.
Todo esto mientras soldados de la UME equipados como extraterrestres descubrían a ancianos que yacían en sus habitaciones
en el más absoluto abandono (el Ejército ha desinfectado unas 4.000
residencias en todo el país), como ya denunció en marzo la ministra de
Defensa, Margarita Robles, ante la Fiscalía General del Estado.
Pero
los enfermos de Covid no han sido las únicas víctimas de la pandemia en
los geriátricos.
En Bilbao, Begoña, nombre ficticio de una enfermera
que no quiere dar su nombre, rompe una lanza por los internos que hasta
esta semana no han podido recibir visitas. «Siguen sin tener permiso para salir a la calle, no importa que hayan dado o no positivo al virus
-ninguno en su residencia lo ha hecho-.
Hablamos de gente que tiene la
cabeza bien, que ve las noticias y ve a otros mayores paseando por la
calle. '¿Qué hace ese carcamal ahí y yo sin poder salir?', te repiten,
frustrados».
Begoña sostiene que el confinamiento en sus
habitaciones ha causado un deterioro serio a los jubilados a su cargo.
«Es más fácil tenerlos encerrados que gastar en mascarillas y gel
hidroalcohólico. Igual que con el catering, el caso es ahorrar». Han
sido dos meses y medio entre cuatro paredes, sin ver a sus seres
queridos, a veces sin bajar siquiera al comedor. «Eso son muchas horas
en blanco.
Les salen escaras, pierden musculatura por no salir a pasear, también memoria al no hablar con nadie...».
Las familias protestan, pero sus quejas no prosperan al no saber tampoco a dónde dirigirlas.
«Esto
es peor que una cárcel», «yo para vivir así prefiero morirme», escucha a
diario. Begoña vuelve a casa destrozada. «Hay abuelitos que , cuando
voy a hacerles las curas, se me agarran a la bata y dicen 'por favor, llévame contigo'. Se te cae el alma a los pies».
«Mis padres murieron en un intervalo de 60 horas. Llamabas y era como que molestabas»
La
vida de Almudena Ariza y de sus hermanas se estremeció hasta los
cimientos a finales de abril. Sus padres, Alfonso y Cesárea, de 87 y 85
años, murieron con un intervalo de dos días y medio en una residencia de
La Moraleja, una secuencia fulgurante de hechos que aún hoy les ha
dejado más interrogantes que certezas. «Empezó mi padre con
insuficiencia respiratoria. La residencia contactó con el Reina Sofía,
pero allí les dijeron que no podían hacerse cargo de él.
Lo siguiente
fue poner a mi madre, enferma de alzhéimer, en la misma habitación.
Acabaron sedándoles, uno detrás de otro».
La comunicación era muy
complicada, «llamábamos para saber de su evolución y nos contestaban
que mientras nos atendían no podían ayudar a otros enfermos. Era como si
molestaras». Sí contactó con ellos una funeraria para darles un
presupuesto «exorbitante».
Finalmente, incineraron ambos cuerpos en
Valencia, «sin haberlos visto, sin ni siquiera un abrazo. Les dejamos a
nuestros padres, depositamos en ellos nuestra confianza. Y así
respondieron».
361 investigaciones en la Fiscalía. Juristas vaticinan un alud de reclamaciones tras la pandemia. «La edad no puede ser razón para restringir servicios», advierten
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